El legislador misionero volvió a oficiar de miembro informante de la oposición en el debate de proyectos medulares relacionados a la economía como el de moratoria impositiva y la ampliación del Presupuesto 2020. A diferencia de muchos de sus compañeros de bancada que se hicieron un nombre trajinando estudios de televisión, Luis Pastori se ganó un lugar gracias a un sólido perfil técnico. El mandato del radical concluye en 2021, pero desde la coalición opositora lo consideran un elemento clave, especialmente en la función de control de los proyectos que envía el Ejecutivo.
La crisis económica que provocó el coronavirus en todo el mundo obligó al Gobierno nacional a avanzar en una cantidad inusitada de medidas, algunas orientadas a amortiguar los efectos de esa crisis y otras –más recientes- con el objetivo de apuntalar una recuperación. La discusión de la mayoría de esas medidas pasó y seguirá pasando por el Congreso, lo que puso en un lugar mucho más central a los legisladores con algún tipo de formación en economía.
En ese contexto la figura del diputado nacional misionero Luis Pastori viene ganando terreno dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Aunque el veterano radical no sea una de las voces más consultadas por los influyentes medios porteños, sí es un referente para sus pares de todas las bancadas a la hora de analizar las cuestiones más complejas, como el presupuesto o los proyectos que involucran algún tipo de reasignación de recursos.
Dentro de Juntos por el Cambio confían en Pastori para cumplir con uno de las tareas fundamentales en el rol que se corresponde a esa fuerza como principal opositora al Gobierno nacional: el control.
Sobre el misionero, entre otros especialistas, recae la tarea para nada sencilla de revisar la letra chica de todos los proyectos que envía el Ejecutivo a efectos de advertir situaciones que podrían habilitar al Gobierno a hacer un manejo discrecional de los fondos que administra.
Durante el debate del proyecto de ampliación del Presupuesto 2020, Luis Pastori se encargó de realizar algunos de cambios solicitados al oficialismo, como el detalle del aumento otorgado a cada universidad, y la inclusión al control de la Auditoría General de la Nación, de los subsidios entregados a las aerolíneas con participación estatal. “Desde Juntos por el Cambio apoyamos en general el proyecto de Ampliación de Presupuesto 2020, pero hemos solicitado en particular algunos cambios que nos parecían importantes realizarlos y que por suerte el oficialismo acepto, además de dar marcha atrás con el IVA al consumo de las leches” dijo Pastori quién la semana pasada se encargó de pedir por la quita de dicho impuesto.
Sobre los aumentos de los recursos universitarios Pastori dijo “solicitamos que se precise la distribución del monto a las universidades, que no estaba aclarado, es decir pedimos que las transferencias a cada una de las universidades nacionales, de los créditos presupuestarios de la ley de presupuesto, se realicen conforme a la proporción que le corresponde a cada una, de acuerdo a la planilla anexa del artículo 12 de la ley 27.467. De esta manera evitamos la discrecionalidad en manos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y damos tranquilidad a las universidades de que recibirán cada una, los aumentos de manera proporcional a lo que siempre perciben según la ley.
Sobre los gastos a ser controlados por la Auditoría General de la Nación, Pastori señaló “tampoco vamos acompañar el artículo 17, que pretende sacar a Aerolíneas Argentinas y Austral, del control de la Auditoría General de la Nación. Esta barbaridad lo había hecho el gobierno de Cristina Fernández en el 2015, y el gobierno de Cambiemos había logrado a poner a estas empresas que operan con fondos públicos, bajo el control del principal ente de control del gasto público. “Ahora se pretendía nuevamente sacarle la lupa del control del Estado a estas empresas. Es mucho el dinero que los argentinos a través de nuestros impuestos, aportamos a estas empresas en forma de subsidios, como para que se deje de controlar en qué y cómo gastan las empresas de aeronavegación dichos recursos” finalizó.
Moratoria
Además actuó como miembro informante de Juntos por el Cambio en el debate de la moratoria impositiva, proyecto con el que se manifestó de acuerdo en líneas generales pero respecto del cual formuló cuestionamientos que llevaron a su bloque a abstenerse en la votación.
El legislador comentó que siempre consideraron que las moratorias constituyen “un premio a los vivos incumplidores, en desmedro de los tontos pagadores de impuestos”, pero en esta oportunidad consideró que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios, pago de sueldos, y por eso hemos aprobado hoy esta necesaria modificación que requería la Ley de Concursos y Quiebras”.
Al referirse puntualmente a la ley de moratoria, recordó el contexto que establece que entre febrero y abril de este año, alrededor de 15 mil empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas ante la AFIP, y 193 mil empleadores recibirán este mes el auxilio de la ATP para cumplir con 2.040.000 salarios.
El legislador por Misiones señaló que en esta ley se agregan, a instancias de la oposición, aportes que benefician a los contribuyentes cumplidores, “siguiendo la línea que durante el Gobierno de Cambiemos introdujimos en la moratoria de 2016, que premió a los cumplidores”. En este caso, aclaró que “los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premios a los contribuyentes cumplidores”.
Con todo, Juntos por el Cambio terminó presentando un dictamen de minoría. ¿Por qué? Pastori explicó que la norma “adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, que tienen un sesgo antiempresa, cargado de ideologismo, y lo más grave: el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero a Oil Combustibles SA”.
“¿Por qué decimos insuficiente? Si bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, eso no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas para el impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes al año 2019”, señaló. Por el contrario, dijo, las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, generando así lo que consideró “una gran inequidad en desmedro de las personas humanas”.
Al detallar las “insuficiencias” de la ley, agregó que no incorpora las deudas por aportes y contribuciones al sistema nacional de obras sociales, porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista al 31 de octubre, siendo su propuesta la de llevarla al 30 de noviembre. Entre otras cosas, tampoco amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota. “Nuestra propuesta es llevarla al 1° de febrero de 2021; también porque no establece topes a la AFIP para la imposición de pagos a cuenta.
Con relación al sesgo antiempresa, Pastori mencionó dos artículos. Por el 8°, “se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la caducidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios, cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados en el exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, poniéndole trabas así al funcionamiento a operatorias que son normales”.
Mencionó también el artículo que Carlos Heller acababa de señalar que habían modificado. El 2°, que excluía del beneficio a entidades financieras, compañías de seguros, y empresas de telefonía. “Pero dejan la limitación a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito: excepto lo repatrien en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días”, apuntó Pastori, que recordó luego que con la ley de emergencia aprobada en diciembre se buscó premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, y resultó un fracaso. Ahora se les pide un 30%. Esto, y decir que no pueden entrar a la moratoria es lo mismo”, apuntó.
Una vez concluido su discurso, Heller aclaró que en el apuro no había alcanzado a leer una modificación en ese punto, que quedó estableciendo “personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MyPEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%”.
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