Finalmente Argentina logró un acuerdo para reestructurar su deuda, evitó un nuevo default y mejoró sus perspectivas de recuperación económica

El Gobierno nacional, a través de un comunicado, anunció en la madrugada de este martes que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores clave, para canjear u$s66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero. Extiendió hasta el 24 de este mes el plazo de adhesión de los acreedores para realizar el canje. El nuevo planteamiento alcanzado por las partes coloca la recuperación para los acreedores por encima de los 54 dólares por cada 100, mejorando los plazos de pago. 

 

El Gobierno argentino cerró esta noche la renegociación de la deuda en moneda extranjera bajo legislación internacional que se encuentra en manos de bonistas de distinto calibre, entre los cuales se encuentran fondos de inversión de renombre que durante las últimas semanas se habían mostrado reacios a un acuerdo. Sin embargo, el acercamiento entre las partes, con una nueva oferta argentina, evitó que el país caiga en su undécimo default.

 

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández le dio el visto bueno al ministro de Economía, Martín Guzmán, para avanzar en lo que finalmente es el cierre definitivo de la deuda, que ha quedado definido en el marco de la negociación iniciadas meses atrás. El proceso, que inició con un golpe a la mesa por parte del ministro Guzmán a partir de una oferta cuyo Valor Presente Neto se ubicaba en torno a los u$s40, finalmente culminó con un VPN de 54,9 por cada 100.

 

Pese a que entre la primera oferta y el cierre hubo un cambio sustancial, lo cierto es que de todos modos el país logró obtener un ahorro importante respecto al calendario original acordado entre el macrismo y los acreedores al momento del endeudamiento. Además de haber logrado espaciar la temporalidad de los pagos.

 

Si bien la sostenibilidad del cronograma fue el pilar principal en las negociaciones, en paralelo el país logró eludir un nuevo default que hubiera colocado al país ante su undécima cesación de pagos. No es un tema menor si se tiene en cuenta que de ello depende también que miles de empresas puedan acceder a mejores condiciones a la hora de tomar deuda para inversiones productivas.

 

El primer registro de default de Argentina se remonta al siglo XIX. Fue en el año 1827 con la banca londinense Baring Brothers. El empréstito, por un millón de libras esterlinas, fue gestionado en 1824 por el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Bernardino Rivadavia, y dio inicio al ciclo de endeudamiento externo.

 

La tasa inicial de intereses ascendía al 6% y el crédito debía ser cancelado en su totalidad en 1860. Sin embargo, apenas se recibieron 560.000 y la mayor parte fue destinado a gastos bélicos, pero también del mismo surgieron tres pueblos: Laguna del Potroso, Fortín Federación y Junín.

 

El problema llegó apenas tres años después de obtenido. En 1827-1828, el Gobierno dejó de pagar debido al aumento del gasto por la guerra con Brasil y ante el fuerte golpe que recibió el país por la recesión de Inglaterra. Recién 80 años después, en los primeros años del siglo XX, el país logró cancelar la deuda con la banca inglesa. El desembolso total superó hasta nueve veces el empréstito original.

 

El segundo default del país llegó en 1890, durante el gobierno de Carlos Pellegrini. Ocurrió debido a la quiebra de la Baring Brothers. El empréstito había sido pedido durante la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880 para desarrollos ferroviarios, viales y portuarios.

 

Años después, el período especulador que comenzó en 1886 en el gobierno de Miguel Juárez Celman culminó con la quiebra del Banco Constructor de La Plata, dando paso a una fuerte crisis económica que terminó con la renuncia del presidente y la cesación de pagos durante cuatro años.

 

En el año 1951, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, llegó el tercer default argentino. El proceso de incumplimiento se dio a partir de una fuerte caída en los ingresos de divisas producto de la sequía que azotó al país.

 

El cuarto suele vinculárselo a un hecho que tuvo lugar apenas 5 años después – en 1956 – cuando argentina pidió asistencia a un grupo de acreedores (quienes luego conformarían el Club de París). Sin embargo, fue justamente esta asistencia crediticia lo que evitó la caída del país en cesación de pagos, por lo cual no debe ser contado como default.

 

Lo mismo ocurre con los procesos provinciales de 1915 y 1930, y el plan Bonex de 1989, que no son considerados cesaciones de pago por algunos economistas, mientras que otros consideran que deben ser tomados como default.

 

El siguiente impago de obligaciones financieras tuvo lugar en la década del 1980 cuando no se pudo hacer frente a la cuantiosa deuda obtenida años antes por la dictadura cívico-militar: en el gobierno de facto la deuda externa pasó de u$s7.000 millones a u$s45.000 millones. En 1982, en línea con gran parte de los países latinoamericanos, se declaró en cesación de pagos.

 

Años más tarde llegó un nuevo default, cuando en 2001 – plena crisis socioeconómica – el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declaró ante el Congreso que no pagaría ninguna de sus obligaciones financieras deudas. Hasta ese momento fue el default más grande de la historia: u$s 99.000 millones. Fue solo superado por los 110.000 millones de euros de Grecia durante 2010.

 

Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, llego una nueva cesación de pagos cuando se optó por no pagar vencimientos de deuda emitidos bajo legislación de Nueva York ante el riesgo de que el desembolso fuera embargado por los fondos buitre, quienes tenían un fallo favorable por parte del juez Thomas Griesa.

 

Dicha etapa se cerró recién en 2016, cuando el recientemente electo presidente Mauricio Macri, cerró en tiempo express un acuerdo de pago con los “holdouts”

 

Un nuevo episodio de default ocurrió en agosto de 2019, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió modificar unilateralmente la fecha de pago de las Letras del Tesoro (Letes) en dólares, a corto plazo, y de las Letras de Capitalización (Lecap), como así también el de las Lecer (Letras atadas al CER) y las Letras atadas al dólar (Lelink). La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien meses atrás había reemplazado a Nicolás Dujovne.

 

Durante el Gobierno actual, continuó la cesación de pagos anunciada por Juntos por el Cambio en 2019, por lo cual la administración de Alberto Fernández lo considera como un proceso continuo. Sin embargo, no todos coinciden con esta mirada y algunos opinan que la ratificación de la cesación de pagos de otros vencimientos – como los ocurridos en mayo – deben ser considerados como otro default.

 

Si bien en el imaginario popular se considera a Argentina como el país que más cesación de pagos tuvo a lo largo de la historia contemporánea, esto no es así. Si se considera al default y a la reestructuración como fenómenos similares debido al incumplimiento en los cronogramas de pagos, un relevamiento realizado por la Universidad de Harvard en 2015 ubicó a España en la cima del ranking con 14 fenómenos de este estilo en su amplia historia. Por debajo aparece Venezuela y Ecuador (11), Brasil (10), Francia, Paraguay, Costa Rica, México, Perú, Chile (9), grupo al que se suma Argentina luego del “reperfilamiento” de 2019.

 

Hay quienes sostienen que Argentina solo atravesó 5 situaciones de default: 1827, 1890, 1982, 2002 y 2019. Otros, en cambio, cuentan como cesación de pagos el proceso de 1956, el plan Bonex de 1989, el impago de vencimientos de 2014 y la cesación de pagos de 2020, llevando la cifra a 10. De esta manera, el acuerdo actual entre Guzmán y los bonistas evitó el onceavo – o el sexto – default argentino. Sin importar la cifra, la noticia es más que buena.

 

(Fuente: Ámbito)

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