Reforma judicial: «El objetivo es dar un mejor servicio de Justicia para la comunidad”, dijo María del Carmen Battaini

María del Carmen Battaini, es una de los once juristas y abogados de todo el país que se encargarán de aconsejar al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema judicial con vistas a la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández la semana pasada. «A partir del 18 de agosto y con todo el material en las manos comenzaríamos a elaborar el instrumento, que no es vinculante, pero que hará aportes cada uno desde su propia experiencia”, contó la abogada.

María del Carmen Battaini, integrante del Consejo Asesor para la Reforma Judicial. Radio Libertad.

 

Battaini es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (acompañada en la vicepresidencia por el misionero Jorge “Kiko” Rojas), fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y especialista en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Desde Buenos Aires, Battaini dijo a Radio Libertad y a Misiones On Line, que el objetivo de la reforma es “dar un mejor servicio de justicia para la comunidad”. “La idea es hacer aportes desde nuestra experiencia», insistió.

 

El proyecto de Reforma de la Justicia es una propuesta presentada por el presidente la semana pasada. Primeramente, el tema comenzará a ser analizado por un consejo asesor compuesto por once juristas. «La dinámica aun no está establecida. Probablemente eso se determine esta semana. El decreto lo dice muy bien: hay 30 días para que se nos acerquen todos los informes estadísticos del sistema legal, lo que hay que evaluar en función de la realidad nacional. Eso estimó que será en la semana que se inicia y a partir del 18 de agosto y con todo el material en las manos, comenzaríamos a elaborar el instrumento que no es vinculante, pero que hará aportes la experiencia de cada uno”, detalló Battaini.

 

“Como provincianos que somos sabemos cómo se esfuerzan los Poderes provinciales Judiciales con todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos, políticas institucionales de acceso a justicia, métodos de resolución de conflictos, espacios para pueblos originarios, para las víctimas de violencia. Todas las provincias han formulado espacios de contención para acercar la Justicia la gente. Es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, por eso durante las pandemia pudimos dar respuestas», indicó.

 

Battaini aclaró además que la reforma se divide en dos partes. «Sobre las propuestas que mandó (el presidente) Fernández no forma parte de los aportes que debe hacer la Comisión porque eso ya está definido. Lo otro es la elaboración de un estudio académico sobre posibles modificaciones para un mejor funcionamiento de la Justicia”, aclaró.

 

Miembros de la Corte Suprema

«El decreto no habla de la cantidad. La Comisión asesorará sobre la Corte Suprema y su funcionamiento o procesos para que no demoren tanto tiempo las causas. Como uno sabe que hay causas que demoran mucho lo veo más encaminado a los recursos y ese es el asesoramiento que se nos pide», indicó. Y en ese sentido sentenció que «hay que aprovechar la tecnología en estos aspectos». «La semana pasada en una reunión virtual (zoom) con juristas de Colombia se puso en práctica una aplicación creada por nuestro laboratorio de la Uba (Universidad de Buenos Aires) para hacer el tamiz de las causas que ingresan a la corte de ese país, que son 65 mil por año», ejemplificó.

 

«Es imposible que las atiendan a todas» y «para eso es ese tamiz que podría incorporarse a nuestra Justicia y que no va al número de los integrantes del Corte, sino a su funcionamiento. Se puede potenciar en positivo el funcionamiento de la Corte, de los Consejos de la Magistratura y de los juicios con jurado», explicó.

 

«Todas las críticas constructivas son valiosas para poder avanzar y ese es el objetivo», dijo.

 

Descreimiento en la Justicia

“La gente ve en la Justicia algo lejano y es una deuda que nosotros tenemos porque recién hace unos años que estamos empezando a trabajar con lenguaje claro. En la burbuja que estamos no lo vemos hasta que tomamos contacto con la sociedad. Hay que explicar cuál es nuestra función. En las provincias hemos generado espacios anteriores a la judicialización para tratar ciertos temas como por ejemplo los de violencia para tratar de solucionar el problema, lo mismo sucede con temas de familia. Hay herramientas que están pero hay que ponerlos en práctica», reflexionó la designada integrante del Consejo consultivo.

«Hay que cambiar los paradigmas. Al principio cuesta. En nuestro caso las fortalezas en las provincias hace que se pueda trasladar a hechos», finalizó la letrada.