Como el viejo general que sabe que no se deben dar todas las batallas al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernández reacomodó las fichas en su tablero. Retiró sus tropas del frente Vicentín, donde el combate se había tornado más duro de lo esperado, para concentrarse en objetivos más ambiciosos como la reforma judicial y el plan post pandemia.
Junto a sus ministros y en contacto con los gobernadores, le da vueltas y más vueltas al ansiado plan de reactivación de la economía que marcaría el relanzamiento de su gestión, pero la incertidumbre que impone el maldito coronavirus al mundo entero lo obliga a la tediosa tarea del recálculo constante, lo limita, lo frena.
Los acreedores heredados de gestiones anteriores no ayudan demasiado. Afirmados en la certeza del documento firmado, ajenos al contexto de emergencia que atraviesa el planeta, se muestran dispuestos a llevar al extremo la lógica del regateo frente a un Gobierno que mostró inconsistencias en su estrategia.
El 4 de agosto será el enésimo deadline que pasará sin acuerdo y sin ninguna otra consecuencia que la continuidad de unas negociaciones que lograron acercar a las partes, pero que ahora están trabadas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, asegura que tras su última oferta, Argentina ahora sí llegó a su límite y no aflojará más, pero los acreedores ya lo escucharon contradecirse varias veces en ese punto y esperan que eso vuelva a ocurrir.
El nuevo plazo para llegar a un acuerdo se extenderá hasta el 28 de agosto, pero ya no es cuestión de días, sino de quien dará el brazo a torcer.
Sin expropiación y sin intervención
Fernández demostró esta semana que tiene una capacidad que no abunda entre sus compañeros del kirchnerismo duro: cuando las cosas no salen como las esperaba, puede revertir una decisión aunque la haya anunciado, confirmado y reconfirmado.
Lo hizo con la discutida expropiación de la aceitera Vicentin. El presidente la había anunciado a principios de junio y la defendió contra críticas de sectores liberales, que denunciaron un atropello contra la propiedad privada, y también de sectores de izquierda que advirtieron que una expropiación implicaría un nuevo caso de estatización de deuda privada.
Al ver que su propuesta concitaba más rechazos que apoyos, Alberto no solo desestimó la posibilidad de expropiar la empresa sino que además dejó sin efecto el decreto que determinó la intervención estatal de la compañía.
Pero el caso Vicentin está lejos de cerrarse. Ahora la justicia y la comisión legislativa constituida a tal efecto, deberán continuar con las investigaciones para comprobar si la crisis de la aceitera que creció llamativamente durante la administración de Mauricio Macri y se desplomó sospechosamente con el cambio de gobierno, fue consecuencia de maniobras fraudulentas.
En términos políticos, el presidente se sacó un problema de encima. Salió de una situación en la que tenía mucho por perder y nada por ganar. Sin embargo su decisión no está exenta de costo político.
Por un lado generó disconformidad dentro del kirchnerismo duro que se había enamorado del Alberto expropiador e interpreta los últimos acontecimientos como un gesto de tibieza frente a la oposición y a “los sectores concentrados de poder económico”. Para tranquilizar a estos sectores, desde el albertismo volvieron a poner en agenda el proyecto de un impuesto a las grandes riquezas, pero no hay certezas del rumbo que podría tomar el trámite legislativo de esa iniciativa.
Los sectores opositores también olfatearon debilidad en la marcha atrás respecto a Vicentin y ese es otro costo que deberá asumir el presidente. Envalentonados y convencidos de que consiguieron torcerle la mano a Alberto a fuerza de cacerolazos y presión mediática, no dudarán en repetir la receta con cada medida que perjudique sus intereses.
Tiempo de reforma
Algo de eso pudo verse hoy sábado como respuesta a la reforma judicial anunciada recientemente por el presidente. En distintos puntos del país se convocó a manifestar contra una iniciativa respecto de la cual nadie tiene todavía demasiada información. “Lo que quieren hacer es un atropello, quieren rifar y vender el país”, argumentaba una mujer frente a los micrófonos de TN mientras hacía sonar una cacerola frente al Obelisco.
Lo del sábado es un anticipo de la resistencia que deberá enfrentar el Gobierno para sacar adelante la reforma que busca diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py mediante la creación de una justicia federal porteña con 23 nuevos juzgados y otros 94 juzgados y 85 fiscalías en distintos puntos del país.
Además se propone aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, desbordada por la lógica de un sistema que la tiene como última instancia en una cantidad de causas muy superior a la capacidad de respuesta de los jueces que la componen.
Aunque el proyecto retoma parte de uno anterior que había impulsado Cambiemos, generó un inmediato rechazo por parte de esa fuerza que es la más numerosa en las filas opositoras.
Como toda reforma que involucre la designación de nuevos jueces en Argentina y teniendo en cuenta los antecedentes que dejaron gobiernos anteriores de distintos partidos, se plantearon dudas respecto de una posible injerencia del Ejecutivo en la designación de los futuros magistrados y fiscales.
En un intento por despejar esas dudas, el proyecto que elevó Alberto Fernández al Congreso propone la creación de un Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas que deberán elevar propuestas de nombramientos “para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público”. Desde la oposición argumentan que nada garantiza que ese Consejo responda a intereses políticos.
60 medidas para la recuperación
Los ministros del área de Economía de la Nación se reunieron para avanzar en el plan de reactivación que espera instrumentar el Gobierno cuanto antes. Al mando de la reunión estuvo la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca que anticipó que habrá 60 medidas concretas, aunque no detalló mucho más.
Deslizó que la obra pública tendría un rol protagónico en el programa y que además se otorgarían beneficios para las inversiones privadas orientadas a la construcción.
Anticipó que el plan actuará en dos ejes de manera simultánea: uno buscará aportar respuestas inmediatas a necesidades de corto plazo y otro contendrá medidas estructurales pensadas para el largo plazo.
La sustitución de importaciones sería central en la estrategia que diseña el equipo económico de Alberto, al menos eso se desprende de las declaraciones de Todesca que indicó que uno de los objetivos del proyecto será incrementar el componente de producción nacional en la oferta de productos para bajar la incidencia de las importaciones y aumentar el empleo.
La funcionaria prometió también una reforma impositiva “para poner los incentivos donde tienen que estar que es en la producción y no en la especulación”.
Para el sector privado llegaron dos buenas noticias desde Diputados que otorgó media sanción a los proyectos de extensión de la moratoria impositiva y de suspensión de quiebras.
Un instrumento para vigorizar la economía de Misiones
El gobernador Oscar Herrera Ahuad elevó el proyecto de Presupuesto 2021 que incluye un aumento de 21% respecto al que está en ejecución. El proyecto estima un volumen total de 150 mil millones de pesos y tiene la particularidad de destinar el 70% de esa cifra a las áreas sociales.
“Nos toca enviar el Presupuesto al Poder Legislativo en un escenario por todos conocido y que nos obliga a afrontar esta situación con los dos puños: la salud y la economía para cuidar a las familias misioneras, a las pymes y también a las fuentes de trabajo”, definió el Gobernador.
La Salud, la educación y la atención a los sectores más necesitados seguirán siendo prioridades para la administración provincial, pero también lo será la reactivación de la economía, que aunque en menor medida que el resto del país, también sufrió el impacto negativo del coronavirus.
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo misionero ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de la renovación para transitar el camino hacia la nueva normalidad.
Además se incrementará el apoyo financiero a los proyectos que incluyan componentes importantes de innovación en distintos ámbitos.
El objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que siguió a la progresiva liberación de actividades económicas que habían quedado paralizadas por la pandemia y que se fue consolidando gracias al éxito del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
Sectores como la yerba mate y la madera atraviesan un período de crecimiento, no solo en la demanda del mercado interno sino también de la exportación. El tabaco cierra por estos días un acopio que superó todas las expectativas en materia de cantidad de de kilos entregados y la demanda de las cigarrilleras también creció gracias al cierre de las fronteras que dificulta la entrada de atados de contrabando.
Como suele ocurrir en Misiones, cuando el agro anda bien tracciona al resto de la economía, lo que se está notando en un incremento en las ventas de los comercios y en un boom de obras privadas de ampliación y reforma de viviendas.
Empresarios aseguran que la recuperación podría ser más acelerada, pero la pandemia impone limitaciones. Lo saben los dueños de restaurantes que ven como la demanda los desborda cada vez que abren, pero solo pueden trabajar en días y horarios determinados, o los comerciantes que reciben pedidos que no pueden satisfacer por problemas de abastecimiento generados también por la pandemia.
Incluso el sector más golpeado por el coronavirus, el turismo, está volviendo lentamente a tener ingresos a partir de la progresiva flexibilización de esa actividad que está gestionando el Gobierno provincial y espera con expectativas positivas la temporada de verano, cuando todo indica que las playas de Brasil no serán opción para ningún argentino.
Contra la ansiedad de muchos empresarios que preferirían una salida más acelerada de las medidas de aislamiento social, desde el gobierno provincial con Herrera Ahuad a la cabeza, tienen la certeza de que la continuidad de la recuperación de la economía depende directamente de la capacidad de mantener a raya al virus, al menos hasta que se desarrolle y distribuya una vacuna efectiva.
Prudencia es la palabra clave. A esta altura de la pandemia sería estúpido ignorar los ejemplos que dejaron experiencias en distintos lugares del mundo que se apuraron en salir de la cuarentena y después tuvieron que volver al confinamiento pagando un alto costo en vidas pero también con la paralización de sus economías.
Vicentin: el Presidente aseguró que “no va a estatizar deudas privadas”
El gobernador Herrera Ahuad envió el proyecto de Presupuesto 2021 a la Legislatura misionera “que prioriza las cuestiones sociales alcanzando un valor histórico cercano al 70%”
El Presidente presentó el proyecto de reforma judicial
