Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y miembro del SERPAJ Argentina (Fundación Servicios Paz y Justicia), solicitó al gobierno de Misiones su intervención para que se investigue la invasión de tierras indígenas en Aristóbulo del Valle, y en la misiva se refirió a las denuncias realizadas ante la policía local y ante agentes del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables por el cacique Eliseo Chamorro, de la Comunidad Caagüí Poty, de que “un desconocido invadió nuestro territorio el fin de semana, volteó arboles nativos y realizó trabajo de suelo para otros cultivos avanzando sobre nuestras tierras», y dijo que ante la policía declaró que «fue autorizado por el intendente”.
En solidaridad con la situación denunciada, este martes envió al mandatario una misiva en la que expresó “mi profunda preocupación a raíz de la intrusión de personas extrañas al territorio de la Comunidad Caagüí Poty de la ruta provincial 7, en Aristóbulo del Valle. Durante mucho tiempo, por 12 años hemos acompañado a esta comunidad y otras cuatro comunidades más, en su reclamo territorial ante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Hemos participado de varias reuniones, mesa de diálogo y hasta gestionado una reunión con el ex presidente de Bolivia Evo Morales en una oportunidad que estuvo recibiendo allí una distinción”, señaló en la misiva Pérez Esquivel.
Agregó que ante este acuerdo histórico de restitución de tierras indígenas “nos hemos sentido muy felices cuando el año pasado, después de tanto tiempo, al fin los hermanos pudieron contar con la propiedad de ese territorio, pero ahora nos encontramos con esta situación, en la que un grupo de personas ha ingresado al territorio comunitario, supuestamente por indicaciones del Intendente de Aristóbulo del Valle, y comenzaron a talar de manera indiscriminada el bosque nativo del mencionado territorio”, expuso el Premio Nobel de la Paz.
En ese contexto, consideró que “esta acción representa una clara violación de las leyes de protección de bosques nativos, tanto del ámbito nacional, como del provincial. Pero también vulnera los derechos consagrados en el Convenio 169 OIT, incorporado a nuestro sistema jurídico a través de la ley 24071”.
Por este motivo, solicitó al gobierno de la provincia que “se investigue y arbitre los medios necesarios, para saber y por orden de quien estas personas entraron con tanta impunidad, haciendo caso omiso del derecho territorial que les asiste a ésta y las demás comunidades, garantizadas por la legislación vigente en nuestro país”, remarcó Pérez Esquivel.
Concluyó en su nota, enviada el 27 de julio del corriente año, que “los hermanos mbyá guaraní constituyen, y me imagino que usted así lo considerará también, una gran parte de la riqueza cultural que la provincia tiene y la hace más hermosa y tan codiciada por el turismo nacional e internacional”.
La Fundación Servicio Paz y Justicia, a la que Adolfo Pérez Esquivel representa, tiene status consultivo ante ECOSOC y UNESCO, fue reconocida con el Premio Mensajera de la Paz por Las Naciones Unidas y Educación para la Paz por la UNESCO.
Imágenes realizadas durante la inspección de Ecología este miércoles 29 de julio de 2020. Gentileza EMIPA.
Fiscalización de Ecología
Este miércoles, personal de fiscalización ambiental del Ministerio de Ecología, se presentaron en el lugar y recorrieron el territorio indígena para realizaron un operativo de control y verificar los hechos. «Esperamos que nos informen el resultado de las actas y fiscalización realizada», explicaron desde la comunidad.
El ministro del área Mario Vialey adelantó el martes a este medio que «en principio no habría ningún permiso autorizado para llevar adelante un plan de aprovechamiento forestal, una comisión ambiental trabajará en el lugar», dijo el funcionario.
Por lo pronto, se deberá esperar el informe oficial del personal ambiental que recorrió la zona con el cacique Eliseo Chamorro y miembros del equipo de EMIPA (Equipo Misiones Pastoral Aborigen) y ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), que en las imágenes compartidas reflejaron la recorrida de los agentes ambientales y esperan los avances en la investigación.
En una entrevista con Radio Libertad, María «Kiki» Ramírez, relató la situación de irregularidad ante el avance en territorio indígena con apeo de árboles nativos y confirmó que el problema de fondo presenta un conflicto de tierras con ocupantes vecinos en el predio. «Ellos dicen que tienen autorización del municipio para hacer esos trabajos, con maquinaria prestada estaban talando árboles, no sabemos si de la cooperativa o de la municipalidad. Pero desde que está vigente el acuerdo legal de transferencia de la propiedad por parte de la UNLP, esto no puede suceder. Fue una lucha difícil por sus derechos territoriales», recalcó.
«No solo es una situación de intrusión, es un avance sobre su lugar donde sobreviven varias comunidades, de donde se abastecen de sus alimentos, medicinas, y todo para el desarrollo de su vida en ese territorio. Pero además, la buena conservación del territorio es la razón de su existencia, de su cultura presente y futura. Quienes no conocen esta cultura indígena y su modo de vida, a veces cuestionan la extensión de tierra y para qué. Hay que entender que es un espacio donde desarrollan su cultura, su educación, su fortalecimiento espiritualidad. La defensa de la naturaleza, un lugar donde están sus ancestros, hacen muy importantes para conservar en un estado apto, sano estas tierras, más allá de sus derechos sobre las mismas», explicó Ramirez.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
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