Acompañando con imágenes de apeo de especies nativas en territorio indígena y movimiento de suelo con maquinaria, desde las comunidades asentadas en el Alto Valle del Cuña Pirú denunciaron en la policía local el lunes que desconocidos ingresaron a un sector de la propiedad comunitaria de territorio indígena –reconocidas y cedidas en 2019 por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) a las comunidades Mbya Guaraní que allí viven-, sobre la ruta provincial 7, a pocos metros del mirador del Cerro del Valle del Cuña Pirú, en Aristóbulo del Valle.
Ayer informaron de la situación al Ministerio de Ecología y desde ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) emitieron un documento de prensa para reflejar el daño ambiental generado con la usurpación, y exponiendo que los desconocidos aducen “tener permiso de las autoridades locales” de Aristóbulo del Valle para avanzar extenderse en el territorio para sus cultivos.
Las tierra fueron legítimamente entregadas a las comunidades por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), tras un juicio que cerró con un acuerdo legal de partes el año pasado con la restitución a las comunidades Mbyá Guaraní del Valle del Arroyo Cuña Pirú de las 6.035 hectáreas que tramitan la titularidad comunitaria para Yvy Pyta, Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Yvytu Pora y Ka’aguy Miri Rupa.
El acuerdo llegó en 2019, después de 12 años de la judicialización del conflicto. “Es un avance histórico”, señalaron desde el rectorado de la UNLP ante el paso judicial realizado oportunamente. Sería este el segundo caso de reconocimientos de derechos de tierras de Pueblos Originarios en Misiones, después del acuerdo logrado por el Gobierno de Misiones, Ecología, la ONG británica y la empresa Laharrague con la entrega de títulos a comunidades indígenas del Lote 8, dentro del área de la Reserva de Biosfera Yabotí.
Esto lleva a la defensa por su territorio, y por su lucha en no lograr que dentro de sus tierras no se realicen permisos de aprovechamiento de extracción de madera nativa, confirmó el Cacique Eliseo Chamorro en contacto con ArgentinaForestal.com
La acción denunciada será constatada por el organismo de aplicación de las normativas ambientales vigentes: «No tenemos registro de ningún plan autorizado en esa zona», adelantó el ministro de Ecología, Mario Vialey.
Agregó que funcionarios del organismo se presentarán en el lugar para realizar la inspección ambiental y verificarán la denuncia. “En principio, no tenemos ningún permiso o autorización de Plan de Aprovechamiento en el área que indican las comunidades indígenas, por lo que se podría tratar de una infracción a las normativas vigentes. Agentes de control del ministerio recorrerán el territorio y se acercarán a las comunidades para verificar la denuncia en el territorio”, explicó Vialey.
Invasión y desmonte
Es martes, desde la Pastoral Aborigen dieron a conocer la denuncia de las comunidades: “Un grupo de personas han invadido nuestro territorio arrasando con los árboles que allí había. Entre aquellos que avanzaron en forma alevosa, aprovechando la cuarentena, y dañando el territorio del que somos titulares registrales reales», remarcaron en el comunicado.
En tanto, el cacique Chamorro explicó que realizó la denuncia, ya que «una persona de apellido Maciel quien, en presencia del Oficial de Policía Jonathan Mercado, dijo haber sido autorizado para realizar este avasallamiento por autoridades locales para ocupar espacios en una tierra cuya titularidad es de las Comunidades que después de doce años de discusiones con la UNLP logramos recuperar”, expresó.
“Parece ser que nuevamente pretenden avanzar en nuestro territorio, y por ello solicitamos a las autoridades provinciales que impidan que este avasallamiento siga sobre nuestros derechos”, concluyó uno de los líderes guaraníes de las comunidades de Kuña Pirú.
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“En el 2019, en el mismo predio, recorriendo lo que nos pertenece fuimos atacados a machetazos, utilizando una violencia que nosotros jamás usamos ni siquiera para defender lo que por ley es nuestro. Ahora, con una topadora nos agreden amparados por las autoridades locales. Un año después de aquel hecho violento no hay respuesta del Juzgado actuante”, recordaron desde ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen).
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
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