Un grupo de empresas cigarrilleras consiguió pagar menos impuestos gracias a amparos judiciales. La AFIP reclamó ante la justicia con el respaldo de las provincias tabacaleras, de las asociaciones de productores y de las demás fabricantes de cigarrillos. El casó escaló hasta la Corte Suprema que se disponía a fallar. Pero las empresas beneficiadas por los amparos jugaron una carta que podría demorar el trámite: recusaron al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Los amparos ya le costaron al Estado y a los productores misioneros más de 4.200 millones de pesos en los últimos cuatro años.
La prolongada disputa judicial que enfrenta por un lado a un grupo de fabricantes de cigarrillos, el más importante de ellos Tabacalera Sarandí, y por otro lado a la AFIP con el respaldo de prácticamente todo el sector tabacalero y de las provincias en las que se practica ese cultivo, estaba cerca de una resolución que se presumía favorable para los intereses de Misiones, pero la recusación presentada hoy por la empresa contra el presidente de Corte podría acarrear nuevas demoras.
El conflicto comenzó cuando Tabacalera Sarandí consiguió, mediante un amparo judicial, pagar mucho menos impuestos que las demás cigarrilleras con el argumento de que se trataba de una Pyme. Gracias a eso logró una ventaja comparativa respecto a sus competidores y creció hasta manejar en la actualidad alrededor de 20% del total del mercado nacional, principalmente con su marca Red Point.
Desde el sector advierten que ese meteórico crecimiento llevó a Sarandí a dejar de ser una Pyme ya que facturaría más de 20.000 millones de pesos al año y tiene un convenio con la cuarta tabacalera más grande del mundo, la empresa multinacional británica Imperial Tobacco.
Pero como en toda batalla, en esta también hubo perdedores: el fisco nacional y de las provincias tabacaleras, los productores que vieron reducida la recaudación del Fondo Especial del Tabaco y las demás fabricantes de cigarrillos que deben competir en condiciones desiguales.
En una solicitada firmada por prácticamente todas las asociaciones de productores de tabaco del país, el sector tabacalero pidió a la Corte Suprema que se expida sobre el particular y se estima que el amparo que benefició a Tabacalera Sarandí, el país dejó de recaudar unos 100.000 millones de pesos en los últimos cuatro años y solamente en 2020 implicaría una merma de 40.000 millones.
Del total de los recursos perdidos en los últimos cuatro años, 56.000 millones se estima que dejaron de percibir las provincias en concepto de Impuestos Internos, IVA, Ingresos Brutos y Fondo Especial del Tabaco; principalmente Buenos Aires ($ 9.500 millones), Misiones ($ 4.200 millones), Salta ($ 4.000 millones), Jujuy ($ 3.600 millones), Tucumán ($ 2.500 millones), Chaco ($ 2.300 millones) Corrientes ($ 1.900 millones) y Catamarca (1.200 millones). Unos 32.000 millones de pesos habrían dejado de ingresar a las arcas del Tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno Nacional y 12.000 millones de pesos sería la pérdida para el sistema de previsión social (Anses).
En cuanto al Fondo Especial del Tabaco (FET), que financia infraestructura, desarrollo productivo, generación de empleo y asistencia de comunidades de las economías de las provincias mencionadas en el país, el recorte se calcula en más de 10.000 millones de pesos.
Esta situación afecta además injustamente a alrededor de 25.000 productores de tabaco y cerca de un millón de trabajadores de la cadena del cultivo.
Cancha embarrada
Justo cuando los medios que cubren la actividad diaria de la Corte anticipaban la cercanía de un fallo que favorecería la postura de la AFIP, las provincias y los productores, los representantes legales de Tabacalera Sarandí recusaron al presidente del Supremo Tribunal por un supuesto conflicto de intereses.
Los letrados argumentan que existe un “vínculo cercano” entre Rosenkrantz y los dos principales jugadores del mercado de cigarrillos del país: Philip Morris y British American Tobacco, empresas que podrían resultar beneficiadas con el fallo de la Corte.
En las notas citadas, no sólo se hace referencia a una presunta cercanía de Rosenkrantz con las grandes tabacaleras internacionales, sino que además se señala que su hija, Julia Rosenkrantz, forma parte de Marval O’Farrell Mairal, estudio jurídico que defiende los intereses de Philip Morris en el país a través de su socia, Massalin Particulares.
“Una simple búsqueda en el sistema informático del Poder Judicial revela que los integrantes de ese prestigioso bufete intervienen en todas las causas tributarias que tienen entre sus partes a Massalin”, argumentaron los abogados en el escrito que presentaron.
Un negocio millonario
A pesar de las campañas antitabaco, se calcula que en la Argentina hay 8 millones de fumadores. Según el Ministerio de Agroindustria, en 2019 se despacharon 1.658 millones de atados de 20 unidades, por un valor de $135.101 millones. Esa es la envergadura de la pelea que tiene como centro el precio final del atado. Para tener una idea, un atado de Marlboro común de 20 unidades tiene un precio sugerido de $145. El de Lucky Strike cuesta $130 y uno equivalente de Red Point (la estrella del catálogo de Tabacalera Sarandí) ronda los $100.
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