El Gobierno nacional estableció una compensación de emergencia por 1.000 millones de pesos que serán distribuidos entre 112 empresas de transporte de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional en el marco de las medidas adoptadas para amortiguar el impacto del coronavirus en los sectores de la economía que fueron más golpeados.
Se publicó hoy en el Boletín Oficial nacional la Resolución 165/2020 del Ministerio de Transporte, que el marco del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de larga distancia establece un subsidio de 1.000 millones de pesos que se abonará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas de 500 millones de pesos que se distribuyen a razón de 138.389 pesos por mes por cada unidad registrada.
Para la determinación de los montos a asignar y transferir se tomará en cuenta el “Parque Móvil” inscripto en cada operadora en el Registro creado por el artículo 4° del Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, en conformidad con los datos obrantes en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Transporte, siempre que las transportistas hubiesen dado cumplimiento a la presentación de los listados de pasajeros aprobados por la Resolución N° 76 de fecha 3 de noviembre de 2016.
Los valores a transferir a las empresas alcanzadas por la resolución se asignarán de acuerdo al índice de participación de cada empresa sobre el total del parque móvil del sistema, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que que acompaña a la resolución.
La transferencia de las compensaciones será efectuada a la cuenta bancaria abierta en el Banco Nación, bajo titularidad de la empresa prestataria o, en su caso, a las cuentas bancarias de los cesionarios o fiduciarios, a las cuales se hubieren transferido las acreencias.
Los argumentos del transporte de larga distancia
En sus considerandos, la resolución rescata planteos formulados por cámaras que nuclean a transportistas que sostienen que la pandemia de COVID-19 “(…) ha generado un cese absoluto de los viajes y personas a transportar, pero con el mantenimiento de las obligaciones a cargo de las empresas, afectando obviamente la ya insostenible ecuación económica-financiera de las prestaciones y empresas, muchas de las cuales tienen comprometida su propia existencia futura (…). Sería imprescindible contar con más y mejores herramientas combinadas, que podrían ser por ejemplo pautas especiales de gestión de los recursos humanos y la activación del Programa del REPRO u otras que puedan coadyuvar a preservar el ingreso de los trabajadores que podrían ver mermados sus salarios como consecuencia de la crisis, ello antes de decir que el empleo mismo está en juego”.
A partir de esa situación, el ministerio de Transporte entendió que la situación descripta amerita la inmediata intervención del Estado nacional con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral en las empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional y para preservar las condiciones de conectividad en el país, que de no tomarse urgentes medidas se encontrarían seriamente amenazadas, así como también para garantizar la movilidad futura de los ciudadanos nacionales, la conectividad nacional y coadyuvar a la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano de pasajeros, resultando en consecuencia necesario brindar una asistencia económica a las operadoras de servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, en forma transitoria hasta que puedan recuperar los ingresos que han caído súbitamente por la suspensión de los servicios dispuesta por el Estado.
El Gobierno envió al Congreso de la Nación la ampliación del Presupuesto 2020 que incorpora la asistencia en la pandemia
Colectivos de “Don Casimiro” continúan sin dispensadores de alcohol en gel
Turismo en Misiones: «El transporte será la siguiente pata para reactivar la actividad», dijo el ministro José María Arrúa
