Análisis semanal: El New Deal de Alberto Fernández y en Misiones se consolida la reactivación

Por Rafael Cortés – Periodista de Misiones Online

“Cuando todo se cae, lo único que queda es el Estado que puede poner en marcha la rueda de la economía”. Combinando keynesianismo explicito y épica de la reconstrucción, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, resumió en una frase el espíritu del plan que Alberto Fernández y su equipo preparan para favorecer la reactivación en la nueva normalidad.

 

Algunos hablan de Plan Marshall, otros de New Deal a la criolla y aunque desde el Gobierno prefieren evitar comparaciones históricas, la figura de Lord Keynes puede adivinarse fácilmente –para indignación de los “libertarios”- detrás de cada una de las medidas que analizan el presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, alumno ejemplar de Joseph Stiglitz, abanderado de la escuela neo keynesiana.

 

Obra pública, financiamiento a la inversión y al consumo, moratoria ampliada y la continuidad de medidas de contención social como el IFE, serán componentes esenciales del programa Post Pandemia que se propondrá reactivar la producción y el consumo, mejorar la infraestructura e incrementar las exportaciones. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas reconoció que un nuevo blanqueo no está fuera del radar del Gobierno.

 

La primera viga central del plan –el impulso a la obra pública- ya comenzó a tomar forma a través de programas como el Argentina Hace, con una inversión prevista de más de 12.000 millones de pesos, y un programa especialmente diseñado para mejorar la infraestructura turística en todo el país: el Plan 50 destinos que repartirá 1.200 millones de pesos.

 

A Misiones le tocarán 60 millones, dinero que desde el ministerio de Turismo adelantaron que se utilizarán aplicando un amplio criterio federal. La idea es financiar proyectos que requieran inversiones de entre 5 y 6 millones de pesos y estén orientados a mejorar la calidad de la oferta, especialmente en campings.

 

Otra de las medidas concretas que ya salieron a la luz es la ampliación de la moratoria impositiva que ya fue enviada al Congreso. El proyecto atiende dos reclamos que se venían planteando desde las cámaras empresariales: amplía el universo de las grandes compañías y también de las personas físicas sin certificado Pyme y permite incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio del año en curso.

 

A través de Kulfas, el Gobierno reconoció que también considera “factible” abrir una nueva ventana para el blanqueo de capitales, propuesta atractiva si se toman en cuenta las acuciantes necesidades económicas del Gobierno, pero que genera ruido en buena parte del oficialismo porque terminaría beneficiando a evasores y fugadores.

 

Enfoque regional

 

La buena noticia para Misiones es que el programa que se anunciará ni bien el Gobierno pueda flexibilizar la cuarentena en el AMBA, estaría basado en un enfoque que contempla las particularidades de cada provincia, eso al menos es lo que asegura el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a gobernadores y representantes del sector privado cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo.

 

Atendiendo las asimetrías internas que marcan realidades muy diferentes dentro de los límites del país, Alberto Fernández sueña con otorgar créditos productivos, reinstaurar algún mecanismo de reducción de cargas patronales y facilitarle la vida a los exportadores de las economías regionales con algún tipo de beneficio fiscal.

 

Para reducir esas asimetrías, desde Nación prometen reducir los elevados costos de logística que penalizan a los exportadores más alejados del puerto de Buenos Aires.

 

El regreso concretado esta semana del tren de cargas a Misiones es un claro indicio en ese sentido. Pero más allá del entusiasmo con el que fue recibida la primera formación en llegar a la estación de Garupá, mientras no se invierta para mejorar las vías, el servicio sólo será útil para unas pocas empresas que están en condiciones de utilizar un sistema de transporte barato pero que no brinda ninguna certeza respecto a la fecha de llegada a destino.

 

Aunque el presidente y su equipo se propongan darle al país un perfil más exportador, la realidad indica que la producción nacional está orientada principalmente al mercado interno. De allí que ningún programa de créditos para la producción tendrá resultados inmediatos si no tiene correlato en medidas orientadas en la recuperación del consumo, que a escala nacional hasta ahora no acompañó a la reactivación parcial del comercio.

 

De mínima, el Gobierno espera poder resucitar el programa Ahora 18 que estaría orientado principalmente a la compra de electrodomésticos y de máxima, apunta a lograr algo parecido al Ahora Misiones, es decir un programa que otorgue beneficios adicionales a la financiación sin intereses, que en este caso podrían llegar a través de un descuento del IVA.

 

¿La cuarta será la vencida?

 

El margen de acción que tendrá Alberto Fernández para aplicar el keynesianismo en su plan de reactivación está directamente ligado a la posibilidad de cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda. El lunes el Gobierno presentó su cuarta oferta a los tenedores de bonos bajo jurisdicción extranjera, una propuesta bastante más atractiva para los acreedores que sin embargo fue rechazada por los dos grupos inversores que aglutinan la mayor cantidad de bonistas.

 

 

Según un análisis que hizo la consultora Ecolatina, las diferencias más relevantes que introdujo la última oferta Argentina son “la reducción del período de gracia, el aumento de los cupones, la relajación de la quita de capital, el adelanto de la amortización y madurez de los bonos y el reconocimiento de los intereses corridos”.

 

Básicamente la nueva propuesta aprobada por Alberto Fernández permitirá a los acreedores cobrar antes y más.

 

Desde Ecolatina también destacan que también se incorporaron algunos cambios legales que solicitaban los bonistas. El principal es que le mantienen las condiciones contractuales de los bonos originales.

 

La entidad destacó también otras dos características que pueden incentivar un mayor grado de participación: el reconocimiento de intereses corridos hasta septiembre en vez de hasta abril si se ingresa al canje voluntario.

 

Los bonos reestructurados tendrían un valor presente neto (VPN) estimado en 53 centavos por dólar, bastante más que los 49 de la oferta inicial y muy cerca de los 55 que plantearon varios grupos acreedores.

 

Ni bien se conoció la nueva oferta, los economistas más escuchados del mundo financiero comenzaron a hablar de un acuerdo muy cercano, casi inminente, lo que hizo volar a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

 

Pero después, los principales grupos de acreedores (AdHoc y Exchange) anunciaron que no aceptarían la propuesta Argentina, aunque aclararon que la consideraban una buena base para seguir negociando y las acciones argentinas respondieron con una baja.

 

Guzmán aseguró que esta vez sí Argentina llegó al límite de lo que está en condiciones de ofrecer a sus acreedores, pero como ya lo había dicho tantas veces y siempre terminó cediendo un poco más, los bonistas optaron por continuar con la estrategia que hasta ahora les rindió buenos frutos: rechazar y esperar.

 

El objetivo para el Gobierno es lograr la adhesión de una mayoría significativa de los tenedores de los distintos bonos que se pretenden reestructurar, eso activaría las clausulas de acción colectiva (CACs) lo que haría que la decisión de la mayoría fuera vinculante para el universo de los bonistas.  El porcentaje de adhesión que se debe alcanzar para activar estas clausulas varía según los distintos bonos que se pretenden reestructurar.

 

Alberto Fernández y Martín Guzmán ahora se enfrentan ante de la disyuntiva de sentarse a negociar con AdHoc y Exchange –que concentran un tercio de los bonos- sabiendo que eso implicaría correrse todavía más de los “límites de sustentabilidad de la deuda” o buscar acuerdos parciales con los dos tercios restantes o –lo más probable-  ambas cosas al mismo tiempo.

 

La oferta argentina incluye un incentivo especial para quienes acuerden voluntariamente y dentro del plazo que vence el 4 de agosto: podrán elegir sus bonos reestructurados entre una variedad que incluye distintas condiciones. Los que acuerden fuera de término o sean arrastrados por las CACs recibirán el bono más largo.

 

Pese a esta cláusula, es muy probable que haya fondos que decidan no adherir al canje con la intención de seguir presionando y en el peor de los casos, adherir fuera de término si esa presión no surtiera efecto. Para ello, Argentina incluyó un porcentaje mínimo de adhesión de 60% de los bonos emitidos, si no se alcanzara se caería toda la operación y no habría posibilidad de entrar fuera de término.

 

Hacia la nueva normalidad en Misiones

 

Misiones atraviesa la pandemia sin sobresaltos. Las medidas de distanciamiento social y la acción rápida del sistema salud ante la detección de cada uno de los 41 casos declarados hasta la fecha ubican a la provincia entre las de menor circulación del virus en el país. Dato que no resulta menor si se toma en cuenta que debe lidiar con el riesgo que implica la extensa frontera que la une con Brasil, que solo en el estado de Paraná registra más de 40.000 contagios.

 

 El caso de Misiones incluso fue destacado en un artículo publicado por el diario español La Vanguardia que se refiere al gobernador Oscar Herrera Ahuad como “el médico argentino que frenó el Covid-19”.

 

Con la reapertura del comercio y la gastronomía, bajo protocolos estrictos, y con el aditamento en Posadas del puente cerrado, algunos rubros encontraron en la pandemia niveles de actividad superiores a los que tenían el año pasado. La construcción atraviesa un período de auge impulsada por la demanda de obras pequeñas del sector privado.

 

Más allá de algunos problemas de logística que generó la cuarentena en su versión más estricta de fines de marzo y abril, actividades del agro como la yerba mate y el tabaco no sintieron los efectos del coronavirus. La forestoindustria sintió la caída de la demanda del mercado interno, pero se prepara para aprovechar las oportunidades que se abrirán de la mano de la reactivación post pandemia y los planes de obra pública.

 

Incluso el turismo, el sector más afectado en todo el mundo por el coronavirus y el que ve más lejana la posibilidad de reactivación, recibió esta semana dos buenas noticias en Misiones. Se firmó un acuerdo mediante el cual la Provincia recibirá 60 millones de pesos para invertir en el desarrollo de la infraestructura en distintos atractivos, pero el plato fuerte llegó el sábado con la reapertura parcial y a modo de prueba de las Cataratas.

 

Pese a la caída en el ingreso de recursos que vino aparejada al coronavirus, el Estado provincial logró sostener la inversión en obra pública y es una de las pocas del país que sigue construyendo viviendas, entregó 50 esta semana y otras 50 la próxima semana. Además anunció obras para mejorar el acceso al agua potable en cien escuelas.

 

En Posadas el intendente Leonardo Stelatto desplegó un operativo de trabajo de dimensiones para combatir al mismo tiempo al coronavirus y al dengue.

 

Se reactivaron las gestiones por parte de Misiones para obtener créditos que permitan obras de electrificación rural. Desde la Provincia indicaron que el trámite estaba frenado porque la nueva gestión de la Secretaría de Energía de la Nación habría demorado el trámite administrativo sin más motivos que evitar que se agilicen las transferencias y por añadidura se le negó Misiones el ingreso a los nuevos planes de financiación.

 

El Gobernador, Oscar Herrera Ahuad,  y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, hicieron llegar este reclamo directamente al presidente Alberto Fernández considerando que se estaba cometiendo un doble perjuicio contra los misioneros, impidiendo la posibilidad de acceder a los créditos que ya estaban encaminados y negando las gestiones para los créditos que están por salir en las próximas semanas.

 

La Nación se comprometió a corregir el error, que no habría sido casual, sino premeditado por intereses y mezquindades políticas de algún funcionario nacional que está al borde de ser desplazado de su cargo.