Una carta del gobernador de Corrientes Gustavo Valdez y al menos dos nuevas iniciativas legislativas a nivel nacional dieron nuevo impulso al reclamo correntino para que la Nación defina con Paraguay la cuestión limítrofe que mantiene encerrados a los habitantes de Apipé en una porción de tierra nacional, rodeada por aguas paraguayas.
Los habitantes de San Antonio de Apipé ni siquiera pueden pescar en la costa de su isla porque las fuerzas militares del vecino país que patrullan el río Paraná se lo impiden. En octubre de 2018 hubo un serio incidente que motivó fuertes reclamos diplomáticos.
Derecho internacional” o “Tratado de límites” son dos conceptos diplomáticos que se suponen alejados de la vida cotidiana de los ciudadanos de un país. Para los más de 2.000 habitantes argentinos de las Islas Apipé, Grande y Chico, los errores en la suscripción de esos acuerdos influyen en el desenvolvimiento de la vida diaria.
Las definiciones políticas al calor de las urgencias de inversiones multimillonarias y políticas de estrategia energética de Paraguay y Argentina para la represa de Yacyretá, diseñadas y ejecutadas en despachos de las capitales no previeron que la fría letra del texto diplomático podría crear problemas a esos habitantes que, en 1981, perdieron su comunicación física con Argentina y la provincia de Corrientes, a la cual pertenecen, desde 1876, uno de los tantos tratados de límites con los que Argentina intentó saldar esas cuestiones con los países vecinos, y no siempre resultó favorecida.
Los pobladores de las Islas Apipé, Grande y Chico, para ir a Ituzaingó, capital del departamento correntino del que forman parte, se ven obligados a navegar por aguas que, por ahora, se consideran jurisdiccionales de Paraguay.
Recientemente el gobernador Gustavo Valdés actualizó la cuestión diplomática con sendas notas al Presidente de la Nación, a los fines de que se revean acuerdos con la República de Paraguay y se establezcan convenios que faciliten el desenvolvimiento cotidiano de los habitantes de las islas que tienen en el Municipio de San Antonio Apipé su conglomerado urbano.
Aspectos históricos
En la presentación que hizo el Gobernador al Presidente de la Nación se narra la historia del conflicto, ya que si bien el dominio de las Islas Apipé quedo taxativamente determinado como argentino en el tratado firmado entre ambos países el 3 de febrero de 1876, la definición de los límites tardó más un siglo y la isla “Yaciretá” bajo poder paraguayo
Valdés aclara en su nota elevada a Alberto Fernández que ese tratado define que “por la ubicación espacial de las islas mencionadas, queda claro el brazo del río Paraná que define los límites entre ambos países, quedando las Islas “Apipé” en aguas Argentinas y la de “Yaciretá” en aguas paraguayas”.
“El límite territorial tendría que haberse trazado de tal manera de dejar cada una de ellas de un lado y otro de la línea limítrofe con las aguas que median entre ellas divididas por el canal principal, o también llamado thalweg o vaguada”, afirma Valdés.
La definición formal de esos límites no despertó el interés de las autoridades nacionales hasta la década de 1970, cuando se acordó construir la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá.
Para el Gobierno correntino hubo “errores cometidos” por la Comisión Demarcadora a la hora de “diferenciar los conceptos de canal principal y canal de navegación”, de habitual uso en el derecho internacional para definir cuestiones limítrofes.
De acuerdo al planteo del Gobierno de Corrientes, la demarcación “así efectuada, si bien tuvo carácter preparatorio para un acto normativo formal que no ha sido dictado hasta la fecha, fue tenida por válida tanto por nuestro país como por la República del Paraguay, y se encuentra aplicada desde el año 1981”.
En ese detallado análisis de las gestiones diplomáticas en torno a la demarcación de limites, Valdés señaló: “El 26 de mayo de 1981 la comisión aprobó la traza del límite en ese tramo del río, pero aclarando que no tenía mandato de adjudicar las islas. De todas formas, el resultado arrojado por esta última operación demarcatoria fue aplicada por ambos países, y es la que luce en la cartografía oficial actualmente, dando cuenta de la formación de un enclave nunca concertado”.
Agregó que “el 21 de diciembre de 1987 fueron cruzadas notas reversales mediante las cuales se asignó a la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, la demarcación de todo el límite fluvial entre ambos países en el río Paraná, incluyendo la adjudicación de las islas”.
“El 17 de diciembre de 1989 la comisión dividió el río en tres sectores, correspondiendo las islas Apipé a la 2ª Zona entre Itá Ibaté y Corpus. La aprobación de las islas de este sector se hizo el 28 de diciembre de 1989, con excepción de la isla Talavera y adyacentes en el canal de los Jesuitas”, expresó.
“El 18 de junio de 1997, ambos países intercambiaron notas reversales reiterando el derecho de cada parte a acceder por agua y aire a cualquier punto de las islas enclavadas que cada país posee en aguas del otro”.
La cuestión jurídica
En la nota que recibió el presidente Fernández se plantea la cuestión jurídica en el tratado de límites de 1876 en el que se deja en claro que el archipiélago Apipé es territorio argentino.
En su articulado, ese acuerdo bilateral establece que la Isla del Cerrito y otras “islas firmes y anegadizas que se encuentran en uno u otro, río Paraná y Paraguay, pertenecen a la República Argentina o a la del Paraguay, según sea su situación más adyacente al territorio de una u otra república, con arreglo a los principios del Derecho Internacional que rigen esta materia. Los canales que existen entre dichas Islas, incluso la del Cerrito, son comunes para la navegación de ambos estados”.
Ese es el fundamento del planteo central de la solicitud del Gobernador al Presidente, en razón que los acuerdos de demarcación de 1981 violan principios internacionales que consagran el derecho a los territorios costeros a proyectar su jurisdicción sobre las aguas costeras”, asimilable al reclamo correntino por analogía.
Además citan las numerosas presentaciones de legisladores nacionales ante el Congreso de la Nación, los pronunciamientos de la Legislatura Correntina y hasta declaraciones en el seno del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), en las que se solicitan medidas y acuerdos diplomáticos para solucionar los problemas que padecen los ciudadanos que habitan, producen y hacen soberanía en el archipiélago de Apipé.
Un Municipio al que se le niega el uso de las aguas circundantes, pese a que el Derecho Internacional reconoce que todo país ribereño tiene la potestad de ejercerlos. En octubre de 2018 ocurrió uno de los incontables incidentes por intervención de las fuerzas armadas paraguayas.
Dificultades para cruzar aguas fronterizas
Los más de 2.000 habitantes de las Islas Apipé tienen dificultades cotidianas propias de la vida fronteriza. En octubre de 2018, una incursión de efectivos de la Armada Paraguaya sobre los muelles de amarre de las embarcaciones reveló la tensión que se vive.
En esa oportunidad, el Municipio de San Antonio de Apipé tuvo que suspender un concurso de pesca porque las autoridades paraguayas interpretaron que ese tipo de actividad no está permitida para los ciudadanos argentinos.
Los efectivos no se limitaron a ejercer control sobre las aguas, amarraron en la costa e intimidaron a los participantes y a las autoridades municipales que coordinaban la actividad.
Pero en Apipé no sólo hay problemas para pescar, también hay limitaciones de comunicación, ya que docentes de la extensión áulica del Instituto Superior de Formación Docente de Ituzaingó deben pernoctar en la isla por sus clases nocturnas, y estos educadores deben cruzar por aguas jurisdiccionales paraguayas para ejercer sus funciones.
No fue el único incidente que generó reclamos institucionales y solicitudes de intervención de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y es parte de los antecedentes que se expresaron en múltiples informes enviados a esa cartera en cada uno de los incidentes padecidos por los ciudadanos de San Antonio de Apipé.
Respaldo legislativo
El diputado Diego Pellegrini manifestó su respaldo a la decisión oficial del titular del Poder Ejecutivo correntino de plantear una solución a los problemas que padecen los pobladores de las Islas Apipé.
“Entendemos que se hace necesario dar un corte a los padecimientos de los comprovincianos que viven, trabajan y defienden la soberanía argentina en ese territorio fronterizo”, manifestó Pellegrini.
“Acompañamos al Gobernador en su solicitud al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y entendemos que desde el Gobierno nacional tienen la sensibilidad necesaria para poner en agenda esta situación que afecta a ciudadanos argentinos que se ven afectados en sus actividades productivas, culturales, educativas y hasta al turismo que se desarrolla en esa parte de la provincia”, indicó.
“Desde la Cámara de Diputados nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones respecto a la necesidad de contar con acciones y reglas claras respecto a la potestad de nuestros ciudadanos a contar con un uso ajustado a derecho de las aguas circundantes a las islas”, indicó.
“Es irrazonable, como señala el Gobernador en su carta al Presidente, que un territorio argentino no pueda hacer uso libre de las aguas circundantes a sus costas. No puede ser que ni siquiera tengan derecho a la pesca”, expresó.
Empresarios a favor
“Entendemos que la carta del Gobernador al Presidente por la situación de los pobladores de Apipé es un reclamo justo”, declaró Daniel Filigoy, presidente de la Federación Económica de Corrientes.
Filigoy destacó que hay un planteo formal por la necesidad de contar con libertad para utilizar las aguas circundantes a las Islas Apipé Grande y Apipé Chico y esa solicitud, que manifestó Gustavo Valdés, cuenta con el respaldo de todos los sectores de la vida social, productiva y cultural de Corrientes.
“Vamos a acompañar esa posición en general teniendo en cuenta que las cuestiones formales hacen a también a la seguridad de los pobladores en esas islas argentinas y sus aguas, la libre navegación”, expresó Filigoy.
“Capítulo aparte se da también con la incursión de malloneros que, ante la falta de controles, favorece la depredación de la fauna ictícola y las dificultades inherentes al traslado cotidiano de sus más de 2.000 pobladores al territorio continental argentino”, indicó el dirigente empresarial.
En sintonía con otros sectores sociales, el titular de la FEC adelantó que acompañarán al Gobierno en todas las misiones y esfuerzos para hacer valer los derechos correntinos y argentinos en la defensa de los derechos de quienes viven y producen en las islas limítrofes.
Fuente: Época
ZF
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