Analisis semanal: Alberto activa el Plan B para controlar sin expropiar y en Misiones el cierre de fronteras hermana a sanitaristas y comerciantes

Con el intento de expropiar a Vicentin el Gobierno nacional se las está ingeniando para pagar la mayor parte del costo político de una crisis cuya responsabilidad es exclusiva de la gestión que lo antecedió. Por más que Alberto Fernández repita que la expropiación es una figura que está prevista en la Constitución y que además estaría justificada para el caso de la cerealera, la sola mención de esa palabra suena a chavismo explícito a oídos predispuestos a interpretar como “venezualización” a cualquier medida que implique una mayor participación del Estado.

 

Pero el verdadero problema para el Gobierno es que a la oposición previsible de los sectores que no comulgan con el ideario peronista y mucho menos con el kirchnerismo, se sumó el rechazo de fuerzas independientes más bien cercanas al oficialismo, como Consenso Federal, y la reticencia de legisladores del Frente de Todos y partidos aliados de provincias cerealeras que preferirían no tener que respaldar una decisión que genera rechazo en sus territorios.

 

Las entidades “del campo” de la zona central del país cerraron filas contra la iniciativa del Ejecutivo nacional y se lo hicieron saber a los gobernadores. En Buenos Aires, el poder de lobby de estas organizaciones frente a la gestión de Axel Kicillof es nulo, pero no ocurre lo mismo en otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Rios.

 

En el plano judicial la expropiación también sufrió un revés. El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo restituyó al directorio de la empresa y redujo a la categoría de veedores a los interventores que colocó la Nación.

 

Con la cancha inclinándose en su contra y en vísperas de una manifestación convocada “en defensa de la propiedad privada”, el presidente terminó aceptando el plan b que acercó el gobernador santafesino, Omar Perotti: una intervención que tendría como objetivo final conformar una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado. Curiosamente, quien salió a anunciar el aval presidencial a esa propuesta no fue Alberto ni alguno de sus funcionarios sino el propio Perotti.

 

La solución presentada por el santafesino tiene la virtud de cumplir con los objetivos que enunció el Gobierno nacional para justificar el intento de expropiación sin caer en esa figura que generó rechazo en buena parte de la sociedad y además se puede concretar en el marco del proceso judicial que ya está en curso, con lo cual no sería necesario sancionar una ley.

 

Cuando Perotti le propuso a Alberto avanzar en una “alternativa superadora” a la expropiación, el presidente planteó dos requisitos básicos: que se garantice que la empresa no será extranjerizada y que su conducción no siga en manos de las personas que la llevaron al borde de la quiebra y que están sospechadas de fraude.

 

La propuesta que el gobernador santafesino ya presentó al juez Lorenzini plantea designar a tres interventores –dos de la Nación y uno de la Provincia- en el marco del proceso concursal de Vicentin. Aunque no está explicitado taxativamente en la propuesta, el objetivo de la intervención sería desembocar en una sociedad mixta cuya conformación esté dada en función del aporte que cada sector haga para rescatar a la empresa del concurso que atraviesa.

 

Si el juez aceptara avanzar en el camino intermedio que trazó Perotti, el Gobierno podría terminar manejando la empresa sin necesidad de recurrir a la figura controversial de la expropiación y sin exponerse a planteamiento legales ni trajines legislativos de dudoso resultado, pero deberá poner mucha plata porque el desfalco de Vicentin dejó una deuda que supera los 1.400 millones de dólares.

 

Como en las buenas películas de suspenso en las que un giro inesperado de la trama hace que un algún personaje secundario cobre repentino protagonismo, ahora está todo en manos del juez federal de Reconquista Fabián Lorenzini. El mismo magistrado que hace pocos días emitió un fallo que devolvió la conducción de la empresa al directorio original y desautorizó a la intervención nacional, ahora deberá dar curso a la nueva intervención propuesta el gobernador santafesino para que la “solución superadora” pueda llevarse a la práctica.

 

El presidente Fernández ya se encargó de meter presión: “Si el juez dice que no a la propuesta de Perotti, sólo queda expropiar”, declaró a una radio porteña. Planteado de ese modo, la definición respecto a cómo se manejará un conflicto que ocupa un lugar preponderante en la agenda política argentina está en manos de un juez federal de primera instancia.

 

La renegociación de la deuda en la lógica del tire y afloje

 

Como en el cuento de Pedro y el Lobo, hace semanas que las crónicas de los medios especializados en economía vienen pronosticando ora un acuerdo, ora un rompimiento, pero ninguna de las dos cosas termina de suceder y todo desemboca siempre en una nueva extensión de los plazos. Y eso fue lo que ocurrió este viernes en el que vencía la última prórroga establecida por el Gobierno en la renegociación con los tenedores de deuda Argentina tomada bajo jurisdicción extranjera. La única diferencia es que esta vez la extensión fue por más de un mes.

 

Argentina trabajaba en una nueva propuesta que pretendía presentar antes del último viernes, algo que finalmente no sucedió porque representantes de los acreedores le hicieron saber al Gobierno que la misma no conseguiría el grado de aceptación mínimo.

 

Después de los acercamientos logrados la semana pasada, ambas partes se plantaron en sus posturas entendiendo que ya habían cedido lo suficiente para propiciar un acuerdo, aumentó la tensión y se interrumpió el diálogo.

 

Los representantes de los acreedores cuestionan la capacidad del ministro de Economía Martín Guzmán para encabezar las negociaciones por la parte argentina bajo el argumento de que, por tratarse de un hombre de formación “heterodoxa”, no maneja “el idioma de Wall Street”, acusación que suelen reservar para todos los negociadores poco dispuestos a ceder. El presidente ratificó a su ministro como cabeza de la negociación, pero al mismo tiempo fue ganando presencia la figura de Sergio Massa como interlocutor directo entre los bonistas y el presidente.

 

Desde ambas partes coinciden en que están cerca de un acuerdo, pero también coinciden en que ya llegaron al límite de lo que están dispuestos a ceder, lo que dificulta cerrar la brecha entre lo que Argentina considera una propuesta sustentable y lo que los bonistas están dispuestos a resignar respecto al valor nominal de sus títulos, valor que a esta altura de la crisis de la Argentina y del mundo tiene poco de real.

 

También conspira contra la posibilidad de llegar a un acuerdo la reiterada falta de conducta del Gobierno para respetar los “deadlines” que el propio país establece. Hasta ahora la única consecuencia que implicó la llegada de una fecha límite fue que ese límite se corrió y Argentina mejoró su oferta, lo que opera como un incentivo para que los acreedores adopten la estrategia de rechazar todo y esperar una mejora.

 

En medio de la puja con los tenedores de deuda emitida bajo jurisdicción foránea, el Gobierno logró refinanciar 135.000 millones de deuda en pesos que estaban casi todos en manos del fondo de inversión Pimco que renovó la totalidad de los bonos que vencían el miércoles. El canje le evitó al Gobierno tener que volcar al mercado una considerable emisión de pesos que hubiera necesitado para afrontar la deuda.

 

Las fronteras seguirán cerradas

 

Autoridades municipales de Encarnación, Paraguay, solicitaron al gobierno nacional vecino que arbitre las medidas necesarias para rehabilitar el puente que conecta a la capital de Itapúa con Posadas. El pedido responde a la presión de los comerciantes de la ciudad paraguaya que dependen en gran medida del consumo de los posadeños.

 

Más allá de los vaivenes cambiarios, las asimetrías impositivas le aportan a los comerciantes encarnacenos una ventaja comparativa concreta frente a sus pares posadeños, especialmente en la reventa de productos importados. Al calor de esa ventaja, la ciudad paraguaya erigió un aparato comercial que desde que cerró del puente no encuentra un nivel de demanda suficiente.

 

De este lado del puente el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad no tardó en responder y tampoco dejó resquicios en los que pudiera colarse alguna duda: “No voy a aceptar que se abra ni con protocolos, la salud es más importante que las actividades comerciales”, enfatizó.

 

Más allá de que la respuesta de Herrera Ahuad al planteo encarnaceno está respaldada en cuestiones sanitarias, los que celebraron con tan contundente señal del Gobierno provincial fueron los  comerciantes posadeños, que después de soportar una severa caída de facturación durante las etapas más duras de la cuarentena, la mayoría de ellos hoy registra niveles de ventas superiores a los anteriores a la pandemia.

 

Con el puente cerrado, todo el dinero que volcó la Provincia al pago de sueldos, aguinaldos y bonos especiales –esta semana fueron más de 2.000 millones de pesos-, así como la inversión de la Nación orientada a sostener los salarios de los privados y a asistencia de los sectores más humildes, todo se queda en Misiones.

 

Pero el repunte del consumo no se restringe a Posadas, donde vive la mayor parte de los empleados del Estado, sino que se replica en varios puntos de la provincia gracias al momento de alta rentabilidad de la producción yerbatera y al desarrollo del acopio tabacalero. En menor medida, el sector maderero también experimenta una mejora de la mano de la reactivación de la construcción privada.

 

Para el turismo en cambio todavía no hay buenas noticias y todo indica que eso no cambiará en el corto plazo. El escollo principal para ese sector no pasa por lograr la autorización para que los hoteles puedan volver a recibir turistas, sino por la rehabilitación del transporte de larga distancia y de la posibilidad de viajar en vehículos particulares atravesando distintas provincias, posibilidad que parece bastante lejana.

 

Gestión con respaldo

 

La comparación con países vecinos como Brasil y Chile no dejan demasiado lugar para discutir la cuarentena que adoptó Argentina desde fines de marzo, sin embargo los tres meses de confinamiento están haciendo mella en el ánimo social. Especialmente en los distritos en los que la circulación del virus no permite mayores niveles de flexibilización, como el AMBA donde no se descarta volver a la fase uno de la cuarentena.

 

Puesto a lidiar con los efectos de la pandemia tanto en el humor social como en la economía que ya venía en crisis desde mucho antes del coronavirus, la imagen del presidente sufre un lógico desgaste.

 

En Misiones en cambio, la irrupción de la pandemia no hizo más de consolidar la figura de Oscar Herrera Ahuad. El coronavirus puso a la cuestión sanitaria en el centro de la escena, lo que elevó el valor de tener a un gobernador con una destacada carrera en la medicina.

 

Pero de nada serviría tener a un médico al frente del Ejecutivo si las políticas sanitarias no demostraran la efectividad que lograron en Misiones desde que irrumpió el virus. Por más que la cuarentena no sea del todo llevadera, hoy el misionero valora por sobre todas las cosas que la enfermedad no haya salido de control en una provincia que tiene como enorme factor de riesgo su extensa frontera con Brasil, una de las capitales mundiales del coronavirus.

 

Frente a opciones políticas que se enrolan de uno u otro lado de la grieta, el Gobierno de Misiones logró construir un territorio de independencia a partir de la estrategia de la boleta corta instrumentada en las últimas elecciones. Eso resultó fundamental para que Misiones planteara sus disidencias y sus reclamos ante el Gobierno nacional sin perder la buena relación con un presidente con el que comparte objetivos comunes y una visión compartida del rol del Estado. Eso resultó fundamental a la hora de exigir a Nación que cerrara las fronteras, una medida necesaria para evitar el ingreso del virus.

 

Legislatura activa

 

Las restricciones que impuso la pandemia a la presencialidad en los debates no hicieron mella en la productividad de la Cámara de Diputados provincial.  Casi 30 leyes fueron sancionadas en lo que va del año. En la última sesión se modificó la Ley Orgánica de Municipalidades para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y se creó un programa integral para la protección, recuperación y rehabilitación cardiovascular.

 

La modificación agrega a la Ley Orgánica de Municipalidades competencias para instituir planes, programas y medidas para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia; y el resguardo de sus derechos relativos a la vida, integridad física, salud, seguridad social, cuidado y protección especial, educación, cultura, vida en familia, juego, recreación, y a opinar y ser oídos.

 

En la misma sanción se creó el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, que se conformará por un equipo interdisciplinario dedicado a la atención, tratamiento, seguimiento y prevención de enfermedades cardiovasculares; y tendrá sede en Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú.

 

Posadas robótica

En la gestión del Ejecutivo Municipal, con el objetivo de articular institucionalmente la implementación de programas y proyectos innovadores con fuerte impacto social, la Municipalidad de Posadas firmó un convenio marco con la Escuela de Robótica. Participaron el intendente de Posadas Leonardo Stelatto, la directora de la Escuela de Robótica Solange Schelske y el diputado provincial Lucas Romero Spinelli.

 

Se constituirá un equipo de trabajo que estará integrado por la representantes de la Escuela de Robótica y de la Municipalidad a través de las áreas de Desarrollo Económico, Agencia Universitaria, Cultura y Salud para establecer las bases de los programas y proyectos en conjunto que serán determinados según los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen de las necesidades existentes en los diferentes ámbitos.

 

El intendente Stelatto resaltó el trabajo en conjunto para conseguir buenos resultados y agregó que la formalización del convenio se viene trabajando hace bastante tiempo. “Tal como nos indican el ingeniero Carlos Rovira y el gobernador Oscar Herrera Ahuad nos ponemos a trabajar en equipo con todos los estamentos del Estado, en este caso la Provincia, el Municipio y la Cámara de Representantes y tener esa visión permanente de equipo para dar lo mejor de cada uno de nosotros en pos de las necesidades de la gente” sostuvo el jefe comunal.

 

RC

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