Esa fue la advertencia lanzada este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, indicó que «el problema no es que no haya alimentos, sino que la crisis económica generada por la pandemia ha hecho que millones de personas no tengan acceso a ellos».
Los organismos internacionales presentaron a la prensa internacional un nuevo informe conjunto en el que propone un decálogo de medidas para impedir que la actual crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
«Producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos», indicaron las autoridades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la FAO.
Ambos organismos presentaron un informe conjunto titulado «Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe«, en el que proponen acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región.
Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total. El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor IPC. Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.
«Toda esa población en riesgo se movería hacia dietas más baratas y menos nutritivas», explicó Julio Berdegué, representante regional de la FAO. Con ello, se incrementarían problemas que ya son serios en la región, como la malnutrición y el sobrepeso, factores que además multiplican los riesgos en caso de enfermar de COVID-19.
Berdegué dijo que el Caribe, Haití y Venezuela serán las zonas más impactadas por esta crisis alimentaria porque son importadores netos de alimentos, pero también el corredor seco del norte de Centroamérica y la población rural, donde se estima que una de cada cuatro personas de la región queden en extrema pobreza.
“No hay escasez de alimentos ni alzas exageradas de precios, pero hay síntomas no de gran colapso, sino de miles de pequeñas heridas” indicó. Puso como ejemplos las cosechas que se pudren en los campos, empresas que quiebran y rompen la cadena alimentaria o mercados en ciudades como Lima o Ciudad de México, donde se registran altas tasas de contagios.
Bono contra el hambre para la población vulnerable y crédito para los productores
“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, indicó Alicia Bárcena, de la CEPAL.
“En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, explicó el representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
Según el informe, el Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010). Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.
Para los productores del sistema alimentario se plantea un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5.500 millones de dólares, para créditos en condiciones favorables que sean financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.
Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, un kit básico de inversión (250 dólares) con un costo de 1.700 millones de dólares en la escala regional. Se hace un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.
Evitar la crisis alimentaria con 16 recomendaciones
Las agencias proponen el bono como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.
Las otras medidas del decálogo son:
-Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
-Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
-Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
-Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
-Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
-Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
-Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
-Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
-Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
CP / PE
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