El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, flexibilizó por decreto el régimen de residencia de extranjeros para tratar de captar inversiones y empresarios, en una medida que apunta fundamentalmente a los argentinos. El mandatario conservador busca así darle un impulso «proinversión» a su gestión, en medio de la crisis mundial desatada por la pandemia de coronavirus.
A través del decreto 163/020, el Ejecutivo uruguayo bajó el nivel de la exigencia patrimonial requerida para otorgar la residencia fiscal en Uruguay.
El documento dice que «se considerará que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tenga en territorio nacional una inversión» que equivale a 380.000 dólares, mientras que antes ese tope estaba en casi 2 millones de dólares.
Además, flexibilizaron también las condiciones para las empresas cuyo valor sea superior a 15 millones de “unidades indexadas”, que equivale al 1º de julio a 1.625.200 dólares, cuando antes era de cerca de 4,8 millones de dólares, siempre y cuando se generen 15 nuevos puestos de trabajo.
«Uruguay es un país de puertas abiertas con política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse», dice el decreto oficial que lleva la firma de Lacalle Pou y su ministra ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
En otro pasaje añade que se «impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, que que puedan instalase en Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir el país como destinos de proyectos personales y económicos».
Además, Lacalle Pou tiene previsto enviar al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones tributarias para quienes tengan la residencia fiscal, ampliando la exoneración del impuesto a la renta que generen en el exterior esos contribuyentes.
Fuente: TN
EB
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