Se conoció el proyecto de ley de expropiación de la agroexportadora Vicentin que presentará el Gobierno

La iniciativa de la senadora Anabel Fernández Sagasti ingresará por la Cámara Alta donde el oficialismo cuenta con quórum propio y la mayoría simple que se requiere para su aprobación

 

Luego de que Alberto Fernández anuncie este lunes la intervención de la agroexportadora Vicentin, se conoció el proyecto que será tratado en el Congreso de la Nación para efectuar la expropiación de la empresa.

 

Con el DNU que enviará el Presidente estableciendo la intervención por 60 días, y designado Gabriel Delgado como interventor, para que el tema sea tratado por la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos llevará al Senado el proyecto de ley de expropiación de la empresa.

 

“Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo”, expresó Alberto Fernández, quien agregó que “es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía”.

 

Infobae tuvo acceso a la iniciativa de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti que declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa Vincentin S.A.I.C”. El primer artículo expresa que “actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional».

• Anabel Fernández Sagasti

 

El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará “conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la Ley N°21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos”.

 

La suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada -hasta el monto correspondiente-, con la deuda que la agroexportadora registre ante el Banco Nación y la AFIP.

 

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a contraer en el mercado local o internacional, “empréstitos y/o emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio, si los hubiere”.

 

Por otra parte, a través del artículo 4 se crea el Fondo Fiduciario Agro Argentina, “cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante de la empresa YPF, a través de YPF AGRO S.A.”

 

Con respecto al personal de Vicentin, de aprobarse la ley, será transferido a YPF, “conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo”, se aclaró.

 

“Para garantizar la continuidad de las actividades que realiza la empresa, el mantenimiento de las fuentes laborales, el resguardo de sus activos y su patrimonio”, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que designe, “ejercerá desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley todos los derechos que la titularidad de dichos bienes confiere”.

 

El artículo 8 del proyecto de ley, expresa que “la Comisión Nacional de Valores convocará a una Asamblea Extraordinaria de accionistas a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes de la empresa Vincentin y de la designación de sus reemplazantes, por el término que corresponda”.

 

 “Me parece una decisión histórica y estratégica», calificó Fernández Sagasti al anuncio del Jefe de Estado. En declaraciones al Noticiero Nueve de Mendoza, la senadora kirchnerista sostuvo que “con esto nosotros estamos dando un paso adelante en todo lo que tiene que ver con lo alimentario en Argentina”.

 

“Estamos hablando del rescate de una empresa totalmente estratégica, pero también del rescate a los miles de trabajadores que dependen de esto”, justificó Sagasti, quien reclamó que los empresarios deben ser “responsables» “para ser mejores como sociedad», además de “un Estado más activo y más inteligente”.

 

El ingreso del proyecto por la Cámara de Senadores le asegura al oficialismo una votación favorable ya que cuenta con 41 de los 72 integrantes del cuerpo, una mayoría que le permite no recurrir a otros bloques para tratar y debatir proyectos en los plazos reglamentarios. Sin embargo, en Diputados, donde el Frente de Todos necesita de al menos once legisladores de otros bloques para alcanzar el quórum, se vislumbra una discusión más áspera con la oposición. En la Cámara Baja el oficialismo cuenta con 119 integrantes, mientras que los de Juntos por el Cambio son 116.

“El primer debate va a ser ahí (en Senadores) y a nosotros -los diputados- nos va a venir un debate más pulido; lo que no significa que no vaya a ser áspera la discusión”, expresó el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, José Ruiz Aragón del Frente de Todos, en diálogo con Diputados TV.