Eduardo Paredes, especialista en Derecho Penal, se refirió a la polémica por la situación carcelaria en la Argentina y sostuvo que los propios organismos internacionales han sugerido disminuir la cantidad de población penitenciaria a causa de la pandemia de Covid-19.
Eduardo Paredes – Radio Libertad.
Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí
Según explicó el abogado en diálogo con FM Libertad, tanto en nuestro país como en los demás países del territorio latinoamericano, en las cárceles “están hacinadas, sobrepobladas”. Explicó que en nuestro territorio nacional, desde la década de los ‘90, se incrementó en un 200% la cantidad de reos.
“De una manera muy tímida y por recomendación de las Naciones Unidas, se dispuso otorgarles prisión domiciliaria a aquellos que ya estaban realizando salidas transitorias, también a quienes tengan alguna patología o sean personas de riesgo por la edad”, afirmó.
Paredes aseguró que de ingresar el coronavirus a alguno de los centros penitenciarios, se convertiría en “una bomba biológica”. Sobre esa línea, mencionó que en los Estados Unidos hubo casos de este tipo donde el 80% de los internos, así como también personal que trabaja en el lugar, resultaron contagiados.
“En Buenos Aires, donde cuentan con alrededor de 50 mil detenidos, comenzaron a aplicar la prisión domiciliaria a la población de riesgo por recomendación de Cámara de Casación. Constitucionalmente sería fácil de resolver: si no tienen condena firme, los echan de la cárcel”, aseveró.
Explicó que en Argentina más del 50% de los detenidos tiene prisión preventiva y apuntó a que se debería establecer un plazo determinado para la medida cautelar. “La Ley Procesal Federal Nacional solicita muchos requisitos para poder dictar una prisión preventiva, sin embargo no se aplican en su totalidad”, sostuvo.
- Leé también: Tras el otorgamiento de prisión domiciliaria a convictos, el debate se instaló en Misiones
El letrado especificó que cuando una persona es condenada, se le quita el derecho a locomoción -libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia-. Partiendo de ello, indicó que al vivir hacinados tienen un 25% más de probabilidades de morir y un 8% más de posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas.
“Tienen servicio de agua menos de dos horas al día y baños insalubres. Estas son penas no lícitas ya que la única restricción que tiene es la de moverse como indica la regla. Deberían permanecer secuestrados en un lugar cerrado pero sano y limpio, y eso no se cumple. Eso es lo que ellos manifiestan para que sea tomado en cuenta”, declaró.
Paredes aseguró que son pocos los detenidos a los que se les ha concedido la prisión domiciliaria y apuntó contra la manipulación política y mediática por la repercusión que se generó. “Asocian esa decisión al Gobierno nacional, que no tuvo ninguna vinculación con ello porque eso es materia del Poder Judicial. Ese es el origen de los cacerolazos”, dijo.
Respecto a la situación punitiva y carcelaria en la provincia de Misiones, expresó que prácticamente “son cárceles de la miseria”. “Que la gran mayoría de los presos aún tenga prisión preventiva es un abuso insostenible por parte del Poder Judicial. En Misiones liberaron a 14 personas cuando hay detenidos que cumplieron hasta nueve años de preventiva. Deberíamos replantearnos el modelo judicial que tenemos”, lanzó.
Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí
A.B.V.
El Jefe de Gabinete de la Nación dijo que “si hubo errores” en la liberación de presos, los jueces “tendrán que dar respuestas”
El camino vertical hacia la inmunidad colectiva y un cacerolazo que hizo ruido
Dictan la inconstitucionalidad de una acordada de la Cámara de Casación Nacional que ordenó «disminuir la población» en las cárceles
