El Observatorio de Víctimas de Delitos se declaró en alerta máxima. Dependiente de la Cámara de Diputados, este organismo, con el auspicio de Sergio Massa , presidente del cuerpo, presentará a partir del lunes próximo en el Consejo de la Magistratura bonaerense tres pedidos de enjuiciamiento y pedirá la inmediata suspensión preventiva de los magistrados que, según el Observatorio, incurrieron en «irregularidades insubsanables» al permitir la excarcelación y las prisiones domiciliarias de presos en Buenos Aires.
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Una de las causales del pedido de enjuiciamiento es no haber notificado previamente a las víctimas sobre la liberación de los reos, tal como prescribe la ley.
El Observatorio, encabezado por Sandra Rossi , prefirió resguardar por ahora la identidad de los magistrados que serán cuestionados, aunque trascendió que se trataría de un juez de San Isidro, otro de Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca. «Concedieron libertades en casos de delitos muy graves«, deslizaron. Massa, quien hizo del combate contra la inseguridad un lema de sus últimas campañas proselitistas, no dudó en marcar sus diferencias con los sectores garantistas del gobierno nacional y bonaerense afines al kirchnerismo y ayer, en medio de los cacerolazos que repiquetearon en todo el país, dio luz verde a la actuación del Observatorio.
«A partir de la proliferación de arrestos domiciliarios y excarcelaciones dispuestas por distintos jueces, el Observatorio comenzó a recopilar documentación sobre las víctimas que acudieron al organismo y a armar un ‘mapa de calor’ para distinguir los juzgados donde se produjeron las liberaciones«, apuntó el diputado Ramiro Gutiérrez , del Frente de Todos, quien como miembro de las Comisiones de Justicia y de Seguridad presta asesoramiento jurídico al Observatorio.
«Lo primero que comprobamos -relató- es que en la mayoría de los casos no hubo una notificación judicial a las víctimas sobre la liberación de la persona detenida como dispone la ley de víctimas. Recién en las últimas horas, a partir de todo el revuelo que se armó, los juzgados comenzaron a notificarlas, pero lo hacen de manera incompleta: en la cédula de notificación solo se transcribe una parte de la resolución judicial, pero sin los fundamentos. Es decir que la víctima no sabe por qué el delincuente fue liberado. El nivel de revictimización es tremendo.»
La actuación del organismo ya se anotó el primer logro. Ayer, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revocó la prisión domiciliaria peticionada por Héctor Jurado, autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, porque la víctima no había sido notificada previamente de la concesión del beneficio que se le otorgara al delincuente, que ni siquiera contaba con monitoreo electrónico.
«Nuestra misión es acompañar a las víctimas de todos los delitos, hacerles saber sus derechos tal como establece la ley de víctimas. Por esa razón es fundamental que cualquier persona que se viera afectada por la posibilidad de la liberación o el arresto domiciliario de un encausado, se presente ante el juez y reclame ser oído«, insistió Rossi, quien puso a disposición el mail del organismo ([email protected]) y el petitorio respectivo en su página de Facebook.
Cambio de mando
Desde marzo pasado el Observatorio, que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, funciona como organismo dependiente de la Cámara de Diputados. Comandado por Rossi, cuenta con un equipo técnico y está conformado por los distintos colectivos de acompañamiento a la víctima de todo el país. El martes pasado, Massa emitió una resolución en la que le encomendó al Observatorio la tarea de monitorear las liberaciones y prisiones preventivas que se produzcan en el marco de la pandemia, con la facultad de presentar los pedidos de juicio político en los casos que corresponda.
«A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos«, señaló Massa cuando estalló la polémica.
DL / La Nación
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