Tras el otorgamiento de prisión domiciliaria a convictos, el debate se instaló en Misiones

En las últimas semanas han salido a la luz casos en los que personas privadas de su libertad regresaron a sus hogares bajo el sistema de prisión domiciliaria, generando muchas veces temor y la indignación popular. Desde el Colegio de Abogados de Misiones, sostienen que cada situación debe ser analizada de manera particular y considerándose la opinión de la víctima, coincide la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, quiénes manifiestan que no están solicitando la libertad indiscriminada de presos, sino solo para aquellos que cuentan ya con derechos como salidas transitorias. Por su parte, Alejandro Gallandat, juez federal de Oberá, indicó que no hay muchas pulseras de control y que habilitarlas toma su tiempo. Explicó que al estar en un estado de aislamiento social, si una persona está caminando por las calles y lo abordan y si tiene arresto domiciliario se le va a detener e irá a un lugar de retención y «no creo que alguien se arriesgue a eso».

 

Eduardo Scherer. Misiones Online

 

Juan Manuel Fouce. Radio Libertad

 

Alejandro Gallandat.  FM Express

 

Carlos Dalmasso, reconocido empresario eldoradense que cumple una condena a doce años y seis meses de prisión por ser autor responsable de los delitos de “abuso sexual, con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas y suministro de material pornográfico a menores de 14 años”, su exesposa y madre de las víctimas, Emilce Quetlas, expresó su indignación y dolor ante la decisión de la Justicia de otorgarle prisión domiciliaria.

 

En relación a este tema, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Juan Manuel Fouce, señaló que cada caso debe ser tratado en manera particular y ver en qué condiciones se encuentran las partes. «No sé puntualmente cada caso, pero las generalidades vienen con el problema de las salidas condicionales, es decir cuando empiezan a tener una libertad condicional, se determinó que el detenido para que no vaya y regrese a las unidades penales ante el peligro de contagio, se quede en su domicilio porque tiene días establecidos para ello, por eso le dictan la prisión domiciliaria para no privarle el beneficio de la salida”. Agregó que el grado de peligrosidad, antes de otorgarles este beneficio debe ser evaluado por el juez a cargo.

 

 

El presidente del Colegio de Abogados señaló que se debería incluir “la opinión de la víctima o familiares de la víctima, dependiendo del delito porque podría tener miedo de venganza”. Añadió “se supone que el SPP evalúa si es un sujeto que puede generar un riesgo o no y en base a eso le dan la salida condicional y transitoria. Además, si en ese contexto hay algún tipo de peligro para la sociedad debe ser denunciado más allá de que genere una presión en el penal, porque el nivel de peligrosidad de esta gente es grave”.

 

Es decir, para Fouce, la evaluación de la peligrosidad del preso va por encima de la presión que puedan sentir las autoridades de parte de los reos y los motines y reclamos que generen. “Hay muchos audios amenazantes desde los penales y, por otro lado, hay un reclamo social que afirma que se les está dando dinero y recursos a un montón de gente que no produce, así como el salario de los presos y el descontento de la población. Por eso, en este contexto, el Gobierno Nacional y Provincial debe ser claro”.

 

Causa de motines

 

Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura (CPPT), señaló que tras una comunicación con las personas en las cárceles señaló que la principal causa de preocupación por la que se generan las protestas y motines es la celeridad de los casos.

 

 

“Me comuniqué con autoridades del Superior Tribunal de Justicia y les informé sobre las inquietudes de los internos que se encuentran alojados en las distintas unidades penitenciarias de Misiones y casi el 100% están preocupados por la celeridad y el trámite de sus causas y porque no tienen conocimiento sobre cómo van sus causas”, dijo.

 

Scherer precisó que los inconvenientes surgidos en las unidades penales como Loreto, Eldorado y la huelga de hambre que se dio el sábado pasado en la Unidad Penal 6 fue motivada principalmente por cuestiones procesales. “Esa inquietud fue lo que motivó que me reúna con las autoridades y conversemos sobre cuál es la situación y lo que está ocurriendo dentro de las unidades penales”.

 

Para Alejandro Gallandat, juez federal de Oberá, se vive una especie de paranoia que ha llegado hasta las unidades carcelarias y que ha motivado a que más personas soliciten prisión en sus hogares, sin embargo este es un beneficio que no se otorga a cualquiera, sino a persona en grave riesgo de vida si contraen el covid-19. «Por lo menos, en lo que es dentro de mi juzgado están en detención personas que no son en situación de riesgo», informó.

 

Precisó que, «los detenidos que yo tengo en estos primeros días de la pandemia ya se evaluaron y ya se otorgaron a las poblaciones de riesgo, pero en estas últimas dos semanas, no se está liberando a nadie que no esté en riesgo de muerte y no tenga esa población», afirmó.

 

Se incrementaron los pedidos de prisión domiciliaria

 

 

El Juez federal de Oberá se pronunció sobre el incremento de solicitudes de prisión domiciliaria.

 

«En esta feria extraordinaria, en la cual el trabajo debería estar reducido para evitar las transmisiones de covid-19, las labores han sido arduas , específicamente porque hay más solicitudes de arresto domiciliario, habeas corpus individuales y colectivos, entre otros. Debido a que hay una inquietud en las personas encarceladas sobre hasta que alcance tienen estas recomendaciones de organismos internacionales y la información en los medios. La gente que está detenida cree que todo el mundo puede salir y no es así«.

 

El Juez agregó que hasta que se les coloque la pulsera de seguridad toma todavía tiempo, debido hay que una limitada cantidad de dispositivos y eso lo realiza el Ministerio de Justicia de la Nación y hasta que se evalúa el lugar lleva bastante tiempo.

 

«Lo que más seguridad da que se va a cumplir el arresto tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual si una persona está caminando por las calles y lo abordan y si tiene arresto domiciliario se le va a detener e irá a un lugar de retención y no creo que alguien se arriesgue a eso«, dijo.

 

Por su parte Scherer sostuvo que en las unidades penales deben analizarse la situación de ciertos grupos que sí están en peligro en caso ingrese el covid-19 a las cárceles. En total son más de 200 presos en Misiones que están en un estado de vulnerabilidad reclacionado con el coronavirus, según precisó el presidente de la CPPT.

 

«Además del contacto entre integrantes del Poder Judicial con los internos, hay cuestiones que debemos analizar como la de 64 internos que son personas con enfermedades de carácter crónico: pacientes oncológicos, inmunodeficientes, enfermedades pulmonares, con diabetes, inmunodeprimidos, insuficiencia cardiaca, entre otros. A esto se suma el caso de un grupo de riesgo que son los mayores de 65 años que en total son 54 personas”.

 

Scherer precisó que también están los inimputables. “Hay que ver si podemos agilizar el traslado de los inimputables desde Loreto a la unidad sanitaria establecida para alojar a los 52 inimputables en las inmediaciones del Hospital Carrillo y esas son las personas que se encuentran en grupos de riesgo y los jueves deben ver de cómo pueden dar una solución para el hipotético caso en el que llegue el covid-19 porque van a ser las personas con más riesgo por las patologías y edad que tienen”, sostuvo.

 

Agregó que adicional a ellos, existe un último grupo y en este caso es el que Fouce sostenía que se han visto inconvenientes o generalidades, que es el de los presos con salidas transitorias.

 

“Hay que analizar la situación de 60 personas que antes de la cuarentena estaban gozando de salidas transitorias. Es decir eran personas que salían de la unidad penal en la mañana y en la noche regresaban a las cárceles. Esas personas fueron cortadas de su derecho. En el Penal 1 se les otorgó arresto domiciliario en sus hogares y con la autorización de pulseras de control y me parece excelente porque no se les está dando un derecho que no existía, sino uno que ya les correspondía de acuerdo a los informes socioambientales, informes psicológicos, conducta , entre otros”, afirmó el presidente de la CPPT.

 

Para Scherer la Justicia debe analizar las personas que podrían tener libertad condicional en tiempos de coronavirus. «Son personas que ya tienen los informes psicológicos positivos, un lugar donde ir y alguien responsable de ellos y además deben reportarse cada cierto tiempo ante la comisarían para que quede acreditado que están a derecho y a esas personas que ya les asiste el derecho deberían tenerlo”.

 

 

«Estamos pidiendo que a las personas que tenían los derechos ya adquiridos antes de la cuarentena ahora se vea la posibilidad de morigerar el estado de prisión en el que se encuentran y las personas que tienen la posibilidad de salir con libertad condicional, se evalúen esos casos y se les otorguen, porque así comprimimos considerablemente el servicio penitenciario y disminuimos los índices de conflictividad y esto genera que también se puedan cumplir de mejor manera los aislamientos dentro de las unidades penales», manifestó la CPPT.

 

Para Fouce, más allá de los reclamos para proteger la salud de los presos por la pandemia, consideró que es una excusa. «Me parece que es una excusa y un aprovechamiento y no sé cómo es que se mueven los presos, si lo realizan a través del gremio o cómo lo canalizan , si hay jefes de bandas, pero lo claro es que es una vivada, porque no es correcto destruir las cárceles, los bienes públicos y a la vez manifestar que están en grave perjuicio”, denunció.

 

Para Scherer se debe analizar cada una de estas causas y verificar si se dan realmente las condiciones sanitarias, “las relacionadas a grupos de riesgo, las de derechos que ya tienen adquiridos y con todas las medidas y los estudios que se deben hacer a profundidad, hay muchas personas que podrían estar gozando en este momento de arresto domiciliario o con libertades condicionales. En ningún momento la postura es liberar indiscriminadamente a un grupo de personas por el simple hecho de formar parte de un grupo de riesgo o por el simple hecho de tener la posibilidad de gozar con una libertad condicional o salidas transitorias. Hay que evaluar cada uno de los casos de acuerdo a la gravedad de la salud y si a la persona le asiste el derecho , si tiene ese derecho de acuerdo al cumplimiento progresivo de la pena o todos los requisitos que la Ley establece”, afirmó.

 

Prisión preventiva

 

 

Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, están solicitando que los Juzgados aceleren la tramitación de estas causas por una cuestión sanitaria para descomprimir los servicios de atención penitenciarios y bajar los índices de conflictividad.

 

“Conversamos con las autoridades de que existen 54 personas que tienen más de 4 años con prisión preventiva y de estas 12 tienen más de 7 años con prisión preventiva. En estos casos ver la posibilidad de quienes no cometieron delitos graves como ser de homicidio o abuso,  buscar alguna medida alternativa a su situación porque estas personas ya deben estar condenadas o absueltas y no es posible que no puedan ejercer su derecho de defensa y esa es una ilegitima de la libertad atento a que nadie puede ser objeto de una medida cautelar como es una prisión preventiva. Si la Justicia se quiere tomar el tiempo para investigar que lo haga pero con la persona en libertad o bajo algún sistema de control”, señalaron.

 

En esa línea, para Fouce en este contexto es fundamental que la Justicia retome sus actividades. “El Estado en su conjunto debe aclarar la situación en la sociedad por el contexto general, por el otorgamiento de salarios, de libertades y por los hechos de amotinamiento y esta situación está generando tanto ruido, lo mismo que la Justicia que se encuentra paralizada hasta el 10 de mayo porque no se pueden impulsar los procesos, solo los dispuestos por un tiempo de feria que en este caso es extraordinaria”.

 

Añadió que, sumando el parate de la pandemia y la feria en enero ya son 70 días sin actividad, en los que se suspenden los procesos y los plazos. “Esto es un grave perjuicio en general a la sociedad que está reclamando que la Justicia vuelva y salga de su estado de feria y vuelva a trabajar”.

 

SPM