El Juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, afirmó que la decisión suya de otorgar la prisión domiciliaria a Carlos Rodrigo Oulier (40 años), acusado en un caso de violación a su hijo, obedece a una “cuestión humanitaria”, debido que el detenido “padece una enfermedad crónica –sufre de asma– y se realiza en el contexto de la pandemia por coronavirus”.
Martín Brites – Radio Libertad
Asimismo, el magistrado sostuvo que “están neutralizados los riesgos procesales” del acusado en relación a su reclusión domiciliaria. El imputado tiene una tobillera electrónica, no puede salir del domicilio -excepto para una internación médica– y es monitoreado por los médicos y la Policía.
Brites, manifestó que al hacer lugar al “habeas corpus” presentado por la defensa de Carlos Rodrigo O., de otorgamiento de la prisión domiciliaria, “no fue una decisión apresurada, arbitraria, ni desmedida”.
En declaraciones formuladas a FM Libertad, el magistrado afirmó que se trató de una decisión de “carácter humanitario y para evitar que se pueda contagiar el detenido –estando dentro de un grupo de riesgo– si la enfermedad se propaga dentro del penal”.
“Están neutralizados los riesgos procesales”, aseguró, al tiempo que afirmó que “no hay peligro alguno al que se esté exponiendo a la denunciante (Catherine S., la madre del menor)”.
Por último, el Juez Martín Brites, aseguró que “la medida no implica excarcelación o impunidad frente a la acusación o el proceso que se lleva adelante en su contra”. Cabe destacar que Carlos Rodrigo Oulier cumplía hasta ayer reclusión en la Unidad Penal III de Eldorado con prisión preventiva.
El detenido está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y suministro de material pornográfico a menores”, a su hijo que hoy tiene 10 años.
Es una decisión sin antecedentes que ha tomado la Zona Norte de Misiones, el Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, que dispuso la prisión domiciliaria para un hombre acusado de haber abusado de su hijo. El control se hará a través del uso de una tobillera electrónica que llevará el imputado.
El magistrado Martín Brítes hizo lugar a un habeas corpus correctivo que había interpuesto la defensora particular del imputado, la abogada Jenifer Soledad Soares Heck del Estudio Jabornicky & asociados.
JAS
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