Oficializaron el incremento de las retenciones a la soja

Subieron del 30 al 33%, tal como lo había anunciado el ministro de Agricultura Luis Basterra.

 

El Gobierno formalizó en el Boletín Oficial la suba de las retenciones a la soja, del 30 al 33%, tal como lo había anunciado a la Mesa de Enlace el pasado martes el ministro de Agricultura Luis Basterra. Según trascendió, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunciaría hoy un cese de comercialización de hacienda para faena y granos a partir del próximo lunes 10 y hasta el jueves 12 .

 

La medida fue oficializada a través del decreto 230, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Basterra.

 

En diciembre, el Gobierno ya había aumentado el derecho de exportación para la soja y sus subproductos, de 24,7 a 30% las retenciones al cultivo, además del 6,7 al 12% en trigo y maíz, entre otros productos.

 

Después, con la sanción de la ley de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública» el Congreso le dio el aval para aumentar otros 3 puntos, y es lo que sucedió. Según informaron fuentes oficiales, parte de este dinero se va a utilizar para compensar a algunos sectores agropecuarios, pese a que semanas atrás habían dicho que lo iban a hacer para para mejorar la recaudación.

 

De cara al descontento del campo con esta noticia, Agricultura ideó un esquema de compensaciones y bajas en retenciones de otros cultivos que no aportarán nuevos ingresos al fisco pero sí harán una redistribución al interior del sector. Según trascendió, consistirá en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de 3 de cada 4 productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Según datos oficiales, el beneficio alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. El resto, 14.884 productores, con rindes que superan las 1.000 toneladas, no recibirán ninguna compensación.

 

Si bien no fue detallado en este Decreto, con esta medida, el Gobierno recaudará unos US$354 millones, pero otorgará 186 millones de dólares en compensaciones y 167 millones para reducciones de tasas en economías regionales.

 

En detalle, quienes produzcan hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, el 24%; entre 201 y 300 toneladas, el 27%; entre 301 y 400 toneladas, el 28%; entre 401 y 500 toneladas, la retención será del 29% y entre 501 y 1.000 toneladas llegará al 30%; y, aquellos que produzcan más de 1000 toneladas de soja anuales, con una facturación superior a los 15 millones de pesos al año, pagarán 33% de derecho de exportación.

 

“Resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”, asegura el Decreto en sus considerandos.

 

Asimismo, destacó que «resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria».

 

Finalmente, la publicación hizo hincapié en que «deviene necesario modificar transitoriamente las alícuotas de los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que forman parte de la cadena agroalimentaria».

 

El presidente ya había adelantado en su discurso frente a la Asamblea Legislativa que las retenciones subirían solo para uno entre 25 cultivos. Sin embargo, esta medida genera un descontento en el sector agropecuario y abre el interrogante sobre cómo será su relación con el Gobierno.

 

“Hemos tenido un permanente diálogo con las entidades del campo, de manera informal algunas veces y otras de manera formal. En función de ello y con un criterio de responsabilidad fiscal, estuvimos analizando el impacto de la suba y la baja de las retenciones en todos los cultivos. Teníamos que tomar una decisión que considere: equidad social y equidad territorial, para eso la imposición que tenemos de nuestro estado fiscal es que no podemos incrementar el gasto”, había contado Basterra este martes a la salida de la reunión con la Mesa de Enlace.

(Fuente: TN)