Dengue: Advierten que solo una tapita de botella puede incluir hasta 30 larvas de aedes aegypti

Desde el Instituto de Derecho Ambiental Forestal de la Facultad de Derecho de la UCSF, sostienen que la sociedad pasó de estar en una etapa preventiva de la enfermedad, a una de erradicación y como parte de ello, urge entre otras cosas,  promover el acceso  a los repelentes. Lamentaron que, mientras en países como Paraguay la oferta de repelentes puede superar las 40 marcas aprobadas, en Argentina apenas alcanza las 5 alternativas, limitando el acceso a los consumidores.

 

Desde el 2016, Nancy Tognola, directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal de la Facultad de Derecho de la Universidad católica de Santa fe, trabajan diversas acciones para combatir la epidemia del dengue. Entre sus propuestas han identificado más de 50 instrumentos jurídicos que requieren de adaptar y modificar en relación al dengue para la prevención y erradicación de esta enfermedad.

 

«Solo el año pasado en la Región se produjeron 3 millones de casos, de los cuales 1 millón 200 mil se encuentran en el Brasil». Recordó que en el 2016 hubieron más de 22 mil casos acá en Misiones.

 

«Desde esa época nosotros empezamos a estudiar y a empezar a ver medidas de prevención para evitar la generación de criaderos de larvas, que es la prevención ideal, pero si esta fracasa pasamos a esta etapa que estamos viviendo en la actualidad. En este momento, las larvas ya explotaron y ahora estamos con el mosquito adulto, que trasmite esta enfermedad y  hay que empezar a tomar otro tipo de medidas referidas  a lo que puede hacer el ciudadano», señaló.

 

Para Tognola las acciones deben ser resultado de un trabajo en conjunto. «Por un lado el Estado creando los medios para una recolección adecuada de residuos, por otro, que el vecino  arroje sus residuos en los horarios y que cumpla con las ordenanzas que están, pero hay otros temas  como el uso de repelente y allí llegamos en ¿qué hace el Estado?»

 

Por ello, la especialista afirmó que el enfoque de educación a la población, debería pasar de uno de «preventivo» a uno en el que el problema ya se está viviendo en la actualidad.

 

Precisó que una tapita de gaseosa arrojada en la costanera es un criadero de 30 larvas del vector. «En el proceso de educación ambiental normal se trasmite la recolección para evitar los gases de efectos invernadero y la acción dañina del plástico, pero en época del dengue la educación debe estar orientada a que estas tapitas son potenciales criaderos de larvas».

 

Repelentes

 

Destacó que es importante el uso de repelente, teniendo en cuenta que el dengue no tiene una vacuna. «La forma de prevención está orientada, no solo a evitar criaderos del vector y hacer una conservación correcta de los inmuebles, sino que, cuando el mosquito adulto ya está, cambia la estrategia y debemos evitar las picaduras».

 

Añadió: «En la Argentina, el dengue aparece demostrando toda la problemática de la pobreza en el país, por eso decirle a la población que debe tener acceso al repelente y que lo use, no es tan sencillo en la Argentina».

 

Precisó que existen 50 instrumentos jurídicos que requieren de adaptar y modificar en relación al dengue y que muestran «que no estuvimos preparándonos en la Argentina desde un abordaje jurídico y que no debería ser así. Tenemos comprobado que el enfoque debe ser integral incluyendo las ciencias jurídicas y tomamos el ejemplo de la necesidad que hay de regular el acceso al repelente como uno de los aspectos que hemos estudiado en cuatro años».

 

Explicó la importancia del enfoque jurídico. «La Salud nos dice use repelente, pero ahora viene el enfoque jurídico y de Derecho que muestra cómo puede asegurar a la población el acceso al mismo, con una visión realista y regional».

 

Tognola precisó que en un contexto de desigualdad se debe tener la sensibilidad de ver cómo garantizamos hasta el acceso al repelente. Precisó que en promedio una familia tipo requerirá para prevenir el dengue, invertir unos 1000 pesos para la compra de repelente, espirales, etc.

 

 

 

Destacó que el repelente no es calificado como un medicamento, sino como un producto de acceso de venta libre  y «allí encontramos el problema porque no tiene descuento salvo en las obras sociales, pero es un producto que no tiene regulación por parte del Estado, por un lado un decreto regulando el precio en precios cuidados y de los programas de salud de emergencia para favorecer los programas de distribución del Estado y debemos reforzar todos los canales».

 

Añadió que buscarán la promulgación de una Ley que permita la fabricación y producción de repelentes en la Argentina. «Argentina podría ser libre de producción de repelentes amigables con el ambiente y con una distribución de la riqueza equitativa y no como ahora que hay prácticamente un mercado monopólico de industrias de otro lugar», acotó.

 

«En Paraguay existe un listado de cuarenta y cinco (45) aprobados frente a los menos de cinco (5) de Argentina; estos mercados imperfectos claramente encarecen el producto, por eso, si hay una real voluntad política de corregirlos se puede avanzar en normas jurídicas que hasta podrían permitir que la Argentina y países del Mercosur lideren la producción de repelentes y productos con la misma finalidad», destacó.

 

 

SPM