Mientras Martín Guzmán se prepara para recibir a representantes de los acreedores privados que llegarán la semana próxima a Buenos Aires, Alberto Fernández avanzó con firmeza en un proyecto que busca recortar beneficios –eso que algunos llaman privilegios y otros derechos adquiridos- reservados a funcionarios de la Justicia y del Servicio Exterior. La iniciativa provocó un encontronazo con la oposición que vino a enrarecer el clima político días antes del tradicional mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El proyecto que finalmente tuvo media sanción en Diputados propone modificaciones en el generoso sistema jubilatorio que rige para los empleados jerárquicos del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sistema que da lugar a lo que coloquialmente se denomina jubilaciones de privilegio.
La iniciativa tiene una motivación fiscal y en ese sentido el propio presidente se ocupó de destacar en reiteradas oportunidades el costo que implica sostener las jubilaciones de la Justicia, pero también tiene un sentido político que pasa por mostrar voluntad de acotar beneficios que alcanzan a un reducido grupo y que el resto de la sociedad juzga arbitrarios y excesivos.
Argumentos esgrimidos desde la Justicia para defender sus jubilaciones, como la imposibilidad por parte de los funcionarios de ese poder de ejercer la abogacía de manera privada, se diluyen frente al dato duro: el haber promedio dentro del sistema que pretende modificar el Gobierno nacional supera los 350 mil pesos, mientras que para el resto de los jubilados el ingreso promedio no llega a los 25 mil.
Había un principio de acuerdo con la oposición para avanzar en una ley que limite los privilegios previsionales de la Justicia, sin embargo la catarata de renuncias que generó la presentación del proyecto y la posibilidad que se le abrió al Gobierno de cubrir esas vacantes los hizo recalcular.
Un gran número –se habla de más de 150- de jueces y fiscales federales que estaban en condiciones de jubilarse salieron corriendo a presentar sus papeles temerosos de perder los beneficios que les reserva el actual sistema. Desde la oposición comenzaron a hablar entonces de “una estrategia para avanzar sobre la Justicia” y tapizar el país de “jueces k”.
Con eso le dejaron la mesa servida al oficialismo para hablar de a una oposición siempre dispuesta a sostener los privilegios de la “corporación judicial” y temerosa de perder el manejo de los tribunales de “Comodoro Pro”.
Los números justos y una polémica
El rechazo opositor al proyecto dejó en evidencia lo ajustados que están los números en la cámara Baja, al punto que el tan mentado quórum propio del Frente de Todos estuvo en discusión hasta último momento.
Para llegar al número mágico, el panperonismo debió recurrir al Daniel Scioli, que ya se estaba probando el traje de embajador en Brasil, lo que encendió la indignación de los opositores que hablaron de incompatibilidad y algunos hasta rescataron la figura del recordado “diputrucho”, un asesor que se sentó en una banca para permitir al menemismo llegar al quórum cuando se discutía la privatización de Gas del Estado.
Desde la oposición cuestionaron la presencia del exmotonauta porque ya había presentado la renuncia a su banca de diputado, ya había sido anunciado en medios periodísticos como embajador, había iniciado gestiones informales en esa calidad e incluso en el sitio oficial de Cancillería figuraba con ese cargo. El puntilloso diputado cordobés Luis Negri agregó a esos argumentos que “en Wikipedia figuraba como embajador”.
En respuesta, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aclaró que al no haberse aceptado todavía su renuncia, Scioli seguía siendo diputado y en tanto su designación como embajador en Brasil no había sido publicada en el Boletín Oficial, todavía no ocupaba formalmente ese cargo. Desde el oficialismo aclararon más tarde que ni el sitio web de Cancillería ni mucho menos Wikipedia, revisten validez oficial para formalizar un cargo, algo que solo tiene el Boletín Oficial.
Más allá de tecnicismos y chicanas políticas, la novela generada en torno a la presencia del exgobernador de Buenos Aires en Diputados dejó en evidencia que el oficialismo no tiene quórum sin el apoyo de bloques provinciales independientes como el misionerista que en esta oportunidad aportó sus tres votos, sin los cuales no hubiera sido posible la media sanción del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Es frente a ese contexto que la estrategia de la boleta corta instrumentada por el Frente Renovador en las últimas elecciones legislativas nacionales cobra relevancia. Tal como está planteado el escenario, el Gobierno nacional necesita de los tres votos renovadores para que sus proyectos sean aprobados en la cámara Baja, lo que brinda a Misiones un argumento de peso en las negociaciones con el Estado nacional.
Ahora la reforma
La semana próxima el Gobierno nacional presentará otro proyecto relacionado a la Justicia que podría caldear aún más la polémica con la oposición. El presidente Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso una reforma integral de la Justicia Federal respecto de la cual todavía se sabe poco.
Desde la Justicia esperan con ansiedad el discurso del 1 de marzo, cuando se supone que Fernández aportará más precisiones. Los analistas de Tribunales anticipan que el proyecto buscará diluir el poder ultraconcentrado de los jueces de Comodoro Py y otorgar más herramientas a los fiscales a través de cambios en el sistema acusatorio.
La siguiente topada en el rubro judicial será el tratamiento legislativo de la designación de Daniel Rafecas, postulado por el oficialismo como Procurador General de la Nación, quien en definitiva oficia de jefe de todos los fiscales federales.
Otros ejes: Aborto, economía y deuda
Fuentes de Gobierno anticiparon otros de los puntos centrales del discurso de apertura de sesiones ordinarias que pronunciará mañana domingo el presidente. Habrá referencias al crítico estado en el que la gestión de Macri dejó a la economía y a la renegociación de la deuda que esta semana tendrá definiciones importantes.
Tampoco faltará el ya remanido llamado a la unidad nacional y a la superación de la grieta.
La polémica llegaría con el anuncio de un nuevo proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que iría acompañado de un plan que garantizará la asistencia del Estado para mujeres embarazadas de bajos recursos que se extenderá hasta los dos años del niño.
La pelea de fondo
Con el antecedente favorable de la pésima evaluación que hizo el FMI de la deuda soberana argentina, Martín Guzmán se prepara para recibir en los próximos días a representantes de los fondos privados de inversión que tuvieron la mala idea de comprar algunos de los bonos que la gestión encabezada por Mauricio Macri emitió a diestra y siniestra bajo jurisdicción foránea para financiar la utopía gradualista de vivir de prestado a la espera de una improbable lluvia de inversiones.
Los inversores que creyeron en la planilla de Excel en la que Dujovne proyectaba un futuro de crecimiento y prosperidad para Argentina, ahora esperan cobrar por lo menos una parte de lo prometido.
Por contradictorio que parezca, la principal fortaleza del país en esa negociación pasa por la decadencia de su economía y lo insostenible de sus finanzas, cuestiones que deberían desalentar cualquier pretensión de cobro inmediato por parte de los acreedores.
Guzmán espera obtener de los bonistas quitas en el capital e intereses y una larguísima reprogramación de los vencimientos de pago previstos para los próximos cuatro años.
Los fondos más importantes estarían dispuestos a extender los plazos de pago y a recortar los intereses, aunque no en la medida que pretende el Gobierno argentino, pero no se muestran tan convencidos de otorgar una quita en el capital de la deuda.
Analistas de Wall Street cercanos a los intereses de los fondos de inversión advierten a Guzmán que incluso un acuerdo malo sería mejor para Argentina que un default, porque bajaría su riesgo país y le permitiría reingresar al mercado del crédito voluntario a una tasa razonable.
Martín Guzmán y su equipo también intentarán convencer a los bonistas que un acuerdo malo (en este caso para los acreedores) también sería preferible a un default, porque un acuerdo les daría mayor certeza de cobro (aunque recibieran menos dinero y más tarde) mientras que una cesación de pagos abriría el largo y tedioso camino de la judicialización.
Encontrar un punto medio que satisfaga a ambas partes será el desafío para cerrar un acuerdo que podría establecer las condiciones de base para la postergada reactivación de la economía.
Caída amortiguada en Misiones
El Indec informó el viernes que los salarios aumentaron el año pasado un promedio de 40,9%, 13 puntos menos que la inflación que cerró en 53,8%. Fue el segundo año consecutivo de caída del poder adquisitivo del salario, lo que se reflejó en una retracción del consumo masivo que se hizo sentir en todo el país, pero no en la misma medida.
En ese contexto de crisis general, Misiones fue una de las provincias con menor caída en el consumo, a pesar de ser una de las más postergadas en materia de coparticipación y de inversión nacional en infraestructura.
Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a datos del Indec, Misiones fue en 2019 la tercera provincia con menor caída en el consumo.
A escala nacional las ventas en supermercados registraron una reducción del 9,7%, en Misiones también cayeron, pero bastante menos: 6,5%.
Los números de Misiones contrastan con los de Chaco y Corrientes que cerraron el año con bajas de 13,4% y 16% respectivamente, en ambos casos bastante más del doble de la caída registrada en Misiones.
En la provincia la caída de las ventas fue amortiguada por una política de Estado orientada a sostener al consumo y las fuentes laborales en el sector mercantil. Programas como el Ahora Misiones, que permite comprar en 12 cuotas sin intereses y con reintegros de hasta 15% del total de la compra, resultaron fundamentales para apuntalar las ventas en tiempos en que los costos del financiamiento bancario al consumo superaron el 100% anual.
También ayudó un tipo de cambio más favorable a la provincia en el comercio fronterizo con los países vecinos desalentó el consumo de misioneros en comercios de Paraguay y de Brasil y por momentos incentivó la llegada de compradores de esos países que buscaron algunos productos puntuales.
El Gobierno de la provincia anunció el viernes la extensión hasta el 30 de abril de los programas Ahora que vencían el último día de febrero. Hasta la misma fecha continuará vigente la tarifa social de energía.
Ciclo lectivo y nueva escuela
El acuerdo salarial alcanzado con los gremios docentes mayoritarios garantizó que en Misiones las clases comenzarán normalmente en 2020, algo que todavía no está claro para la mayoría de las demás provincias. El 9 de marzo está prevista la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para inaugurar junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, la Escuela Secundaria de Innovación ubicada cerca del Jardín Botánico de Posadas.
Además de ser la única escuela de ese tipo en el país, va a ser la única escuela que se inaugurará en el inicio de este ciclo lectivo en toda Argentina, en buena medida a causa de las serias dificultades que enfrentan todas las provincias para realizar obra pública en el contexto de crisis.
Se trata de un edifico especialmente diseñado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación, que tendrá unos 2.359 metros cuadrados cubiertos en tres módulos pedagógicos diferentes, aunque integrados en el mismo logar en función del innovador esquema educativo que se desarrollará en el mismo.
Además la provincia se destacó este año por otorgar a sus docentes un aumento salarial inicial de 20%, bastante superior al parámetro general que fue de 13%.
Cambios en Posadas
La gestión de Leonardo “Lalo” Stelatto al frente del municipio capitalino sorprendió ya en sus inicios con la compra de 19 camiones recolectores y 550 contenedores, inversiones inusuales para cualquier municipio del país en el contexto de crisis que atenta contra la disponibilidad de recursos.
Las nuevas herramientas permitieron redefinir el servicio de recolección de residuos que se volvió más eficiente, básicamente porque llega con mayor asiduidad incluso a los barrios más alejados, algo que está resultando fundamental en el combate contra el dengue.
Otra reconfiguración que se hizo ostensible para todos los posadeños tiene que ver con los servicios de barrido y limpieza que ya no se prestan solamente en las calles más visibles del centro de la ciudad. En este caso, la mejora del servicio se logró básicamente sacando a la calle todos los días a todo el personal que está disponible para esa tarea.
“Quiero ver a todos laburando todos los días”, fue la orden estricta que bajó de la cúpula municipal. La instrucción que fue muy bien recibida por la mayoría de los operarios municipales comprometidos con su trabajo, pero no tan bien recibida por una minoría de empleados que estaba acostumbrada a ciertos privilegios y que ahora debe salir todas las mañanas escobillón en mano.
Los resultados están a la vista, se traducen en una ciudad más limpia, mejor iluminada y que ofrece servicios más eficientes. Nada de eso escapa a la valoración de los vecinos que notan un cambio positivo considerable en la gestión municipal.
Herrera Ahuad comprometió a todo su gabinete en la lucha contra el dengue
El Gobierno postergó el aumento de combustibles hasta abril
