Luego de 17 años de idas y venidas en el ámbito judicial y un sinnúmero de argucias legales, el escándalo que deparó la “megaestafa judicial” llega a su fin a través de un juicio abreviado, en el cual los acusados aceptaron las culpas y recibieron la pena menor entre las previstas para el delito . De los 28 acusados, seis de ellos -incluida la destituida ex jueza Graciela Brígida Salvado de Sotelo, llegan a la instancia final en la causa de “Asociación Ilícita” y están a punto de quedar todo libres definitivamente.
José Luis Rey – Radio Libertad
Los restantes acusados, la mayoría de ellos fueron sobreseídos por prescripción de la causa o por diferentes recursos legales que presentaron durante el proceso judicial. El Tribunal Penal 2 de Posadas homologó el acuerdo de juicio abreviado que fue solicitado por la defensa de los acusados y se apresta a dar el veredicto en las próximas horas.
El ex juez de Instrucción 2, José Luis Rey, llevó a cabo la instrucción el caso hasta la etapa procesamiento y elevación a juicio. En declaraciones a FM Libertad, Rey recordó que «hubo alrededor de 28 acusados «.
El ex Juez rey manifestó que en ese momento (año 2001-2002) «se habló de una estafa de 6.000.000 de pesos». En 2001, cuando se malversado la mayor cantidad de dinero, todavía regia la paridad peso – dólar, mientras que en 2002 la cotización del dólar varió de 1,40 pesos a 3,50 pesos el último día del año. Tomando en cuenta esos datos, se concluye que a lo largo de los 22 meses que se mantuvo la estafa los acusados se quedaron con entre 4 y 5 millones de dólares.
El letrado manifestó que del grupo que integró la delictiva, seis de ellos llegan al juicio abreviado dentro de la figura de la «Asociación Ilícita», mientras que el resto en su mayoría eran «operadores circunstanciales» que cobraban las órdenes de pago de las cuentas de los depósitos judiciales.
Rey aclaró que la «megaestafa» fue una «malversación dolosa y no una malversación culposa como quisieron hacer aparecer los involucrados», cuando pretendieron un cambio de carátula de la causa. «Todos los expedientes donde se libraron órdenes de pago no había ninguna resolución», remarcó.
En ese contexto reiteró que «en la primera fase (de la malversación) extrajeron dinero fondos residuales de causas que quedaban en depósito judicial de causas que habían pre escribidos algunas de ellas y después se fueron perfeccionado en la operatoria y comenzaron a incluir expedientes de la Justicia Federal, como las expropiaciones de Yacyretá, cuyos fondos estaban depositados en el Banco Nación».
Por último, José Luis Rey, manifestó que «se libraron 22 mil órdenes de pago en menos de dos años» y expresó que «a pesar de que estaban acreditados los extremos de quienes habían percibidos los dineros de manera indebida, no se recuperó nada de lo malversado».
Las maniobras desde el Juzgado de Instrucción 1
La «megaestafa judicial» en Misiones se orquestó dentro del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, a cargo de la entonces jueza Salvado de Sotelo, comienzos del 200. El hilo de la enmarañada madeja judicial de la Provincia s e inició el 29 de septiembre de 2003 con una denuncia presentada ante la Seccional Primera de Policía, Ricardo Redes, un damnificado de las estafas, orquestadas desde el Juzgado a cargo de la entonces jueza, Graciela Brígida Salvado de Sotelo, que con el avance de la causa fue destituida en el cargo.
Con el correr de los años, la causa naufragó por las aguas de las apelaciones, recursos y rechazos, acumulado una 8 mil fojas. Los acusados de integrar la red que se dedicaba a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de la capital provincia, firmaron el juicio abreviado. De todos ellos, cinco serían condenados a cinco años de prisión y uno a tres, tras la homologación del acuerdo en el Tribunal Penal 2.
La organización
La organización enquistada dentro del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, tenía un aceitado mecanismo de cómplices dentro de la Justicia, abogados del foro local, contadores y empleados bancarias que posibilitaban la extracción de dinero de los depósitos judiciales con órdenes de extracciones del órgano judicial, a cargo de la magistrada Salvado de Sotelo, quién fue acusada de ser la » jefa organizadora» de la organización. Además, la ex jueza fue acusada de “prevaricato y coautora penalmente responsable de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”, durante el juicio que elevó el entonces Juez de Instrucción 2, Luis Rey.
(Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, Cayetano «Nani» Castell, Guillermo Abdón Fernández,Paula Espinoza)
También fueron procesados Cayetano Raúl Eugenio “Nani” Castelli, Nora Graciela Castelli (por entonces jefa de despacho del CC1 y persona de absoluta confianza de Salvado de Sotelo), la secretaria de ese juzgado, Miriam Elizabeth Saidman, la abogada Paula Espinosa -novia de Nani-, y el abogado Abdón Guillermo Fernández, socio de la anterior y empleado en el sector Depósitos Judiciales del Banco Macro.
Todos ellos fueron acusados de organizar una “asociación ilícita” y como “coautores de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
Para el juez de instrucción, la intervención de Salvado de Sotelo fue una “pieza necesaria” para llevar a cabo el ilícito ya que su juzgado se convirtió en “cabecera para la realización de los programas pergeñados”.
También fueron involucrados con distintos grados de participación los abogados José Alberto Tuvi; Roberto Manuel Motta; Andrea Elizabeth Espinosa; Héctor Alejandro Jabornicky; Eduardo Mártires Solís y Jorge Gustavo Piriz.
Maniobras con oficios falsos
La organización de dedicaba a extraer dinero de depósitos judiciales que se encontraban inmovilizados por el paso del tiempo, con maniobras que se llevaba a cabo con oficios falsos, pero con las firmas de la magistrada y secretarios que el trámite requería. La defensa de los involucrados presentó un pedido de juicio abreviado ante el tribunal integrado por los jueces subrogantes, quienes deberán expedirse. Los camaristas que se encargarán de ello en el TP-2 son: Marcelo Cardozo (subrogante y titular del Juzgado de Instrucción 1) Carlos Jorge Giménez y Carmen Helena Carbone (subrogante y jueza Civil y Comercial 6 de la Primera Circunscripción Judicial).
Los imputados que van a juicio abreviado
GRACIELA SALVADO DE SOTELO: “Asociación ilícita en su carácter de jefa y organizadora, prevaricato, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
CAYETANO RAÚL CASTELLI: “Asociación ilícita en su carácter de organizador, coautor de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
PAULA ANDREA ESPINOSA: “Asociación ilícita en su carácter de organizadora, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
NORA GRACIELA CASTELLI: “Asociación ilícita en su carácter de organizadora, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
MIRIAM ELIZABETH SAIDMAN: “Asociación ilícita, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
GUILLERMO ABDÓN FERNÁNDEZ: “Asociación ilícita en carácter de organizador, coautor de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.
JAS
Megaestafa: después de 17 años, van a juicio abreviado una jueza de Misiones y la banda que la acompañaba desde el juzgado, estudios jurídicos y empleados bancarios para robar depósitos judiciales
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