Luego de un sinnúmero de argucias legales -por más de 17 años- la causa denominada «megaestafa judicial» en Misiones tendrá un nuevo capítulo de la saga delictiva que se originó dentro del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, con la realización de un juicio abreviado, en donde los involucrados aceptarán la culpa y recibirán penas realmente minúsculas, dado la magnitud del delito cometido. En ese contexto, el Tribunal Penal 2 de Posadas ya homologó el acuerdo.
El hilo de la madeja judicial de la Provincia se inició el 29 de septiembre de 2003 con una denuncia presentada ante la Seccional Primera de Policía, por Ricardo Redes, un damnificado de las estafas, orquestadas desde el Juzgado a cargo de la entonces jueza, Graciela Brígida Salvado de Sotelo, que con el avance de la causa fue destituida en el cargo.
Con el correr de los años, la causa naufragó por las aguas de las apelaciones, recursos y rechazos, acumulado una 8 mil fojas. Los seis acusados de integrar la red que se dedicaba a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de la capital provincial, firmaron el juicio abreviado. De todos ellos, cinco serían condenados a cinco años de prisión y uno a tres, tras la homologación del acuerdo en el Tribunal Penal 2.
La organización
La organización enquistada dentro del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, tenía un aceitado mecanismo de cómplices dentro de la Justicia, abogados del foro local y entidades bancarias que posibilitaban la extracción de dinero de los depósitos judiciales con órdenes de extracciones del órgano judicial, a cargo de la magistrada Salvado de Sotelo, quién fue acusada de ser la «organizadora» de la banda. Además, la ex jueza fue acusada de “prevaricato y coautora penalmente responsable de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”, durante el juicio que elevó el entonces Juez de Instrucción 2, Luis Rey.
La ex jueza Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo es una de los cinco imputados en la causa de megaestafa
También fueron procesados Cayetano Raúl Eugenio “Nani” Castelli, Nora Graciela Castelli (por entonces jefa de despacho del CC1 y persona de absoluta confianza de Salvado de Sotelo), la secretaria de ese juzgado, Miriam Elizabeth Saidman, la abogada Paula Espinosa -novia de Nani-, y el abogado Guillermo Abdón Fernández, socio de la anterior y empleado en el sector Depósitos Judiciales de un banco.
Guillermo Abdón Fernández
Todos ellos fueron acusados de organizar una “asociación ilícita” y como “coautores de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”. Para el juez de instrucción, la intervención de Salvado de Sotelo fue una “pieza necesaria” para llevar a cabo el ilícito ya que su juzgado se convirtió en “cabecera para la realización de los programas pergeñados”.
Cayetano «Nani» Castell
También fueron involucrados con distintos grados de participación los abogados José Alberto Tuvi; Roberto Manuel Motta; Andrea Elizabeth Espinosa; Héctor Alejandro Jabornicky; Eduardo Mártires Solís y Jorge Gustavo Piriz.
Paula Espinoza
Cabe destacar que varios de los involucrados fueron sobreseídos por prescripción. Varios de ellos estuvieron imputados por el delito de estafa y que por las demoras en la tramitación de los diferentes recursos planteados, el transcurso del tiempo operó en su favor, quedando subsistente la figura de la asociación ilícita
Maniobras con oficios falsos
La organización se dedicaba a extraer dinero de depósitos judiciales que se encontraban inmovilizados por el paso del tiempo, con maniobras que se llevaba a cabo con oficios falsos, pero con las firmas de la magistrada y secretarios que el trámite requería. La defensa de los involucrados presentó un pedido de juicio abreviado ante el tribunal integrado por los jueces subrogantes, quienes deberán expedirse. Los camaristas que se encargarán de ello en el TP-2 son: Marcelo Cardozo (subrogante y titular del Juzgado de Instrucción 1) Carlos Jorge Giménez y Carmen Helena Carbone (subrogante y jueza Civil y Comercial 6 de la Primera Circunscripción Judicial).
Los involucrados recurren al juicio abreviado por entender que pueden negociar culpabilidad por penas menores, dado que ya cumplieron al menos tres años y tres meses en prisión durante el proceso judicial, con lo cual estaría obligados a nada más que a unos dos meses de encierro, mientras que Salvado de Sotelo se acogería al beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, según trascendió de fuentes judiciales.
JAS
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