Los presidentes suelen agregar algo de optimismo fingido a sus declaraciones en tiempos de crisis en intentos –la mayoría de las veces estériles- de llevar tranquilidad a los mercados y a la gente. Pero hay momentos en que la crisis se vuelve demasiado ostensible para maquillarla y lo único que cabe es la sinceridad. En ese punto pareciera encontrarse Argentina, cuyo presidente no dudó en afirmar que está en “una situación económica caótica”.
Lo que Alberto Fernández definió como caos, el politólogo de cuña radial, Leandro Santoro, lo representó como una serpiente tres cabezas: deuda, inflación y recesión. El dilema es que las armas que están indicadas para atacar a cualquiera de esas cabezas, están severamente contraindicadas para combatir a las otras dos.
Cumplir con los vencimientos de la deuda exigiría un programa de ajuste mucho más severo a cualquiera que se haya aplicado antes, lo que empeoraría la recesión. Para reactivar la economía rápidamente habría que incentivar el consumo, pero eso recalentaría la inflación e incrementaría la demanda de dólares que el país necesita para afrontar la deuda.
Por otra parte, la deuda tampoco es un tema que se pueda ignorar, porque un default en las condiciones actuales generaría múltiples problemas, entre ellos una nueva devaluación del peso que se traduciría en inflación y mayor caída del consumo.
De allí la importancia de las gestiones que desarrolla el Gobierno nacional para evitar ese pernicioso default sin aplicar el ajuste salvaje necesario para cumplir con los pagos.
Desde que se cerraron para Argentina las ventanas del crédito voluntario a principios de 2018, prácticamente todos los indicadores que miden el desempeño de la economía no hicieron más que caer, lo que no pudo revertirse siquiera con el préstamo extraordinario de 57 mil millones de dólares del FMI.
El rotundo fracaso de la economía diseñada por el Gobierno de Macri no tardó en arrastrar a las provincias, especialmente a las que siguieron la receta de endeudamiento festivo que a Nación propuso a todas las jurisdicciones como solución mágica a todos los problemas de financiamiento. Con serios problemas no ya para hacer obras sino para afrontar el pago de sueldos, hay nueve provincias en las que está seriamente comprometido el inicio normal del ciclo lectivo.
Según cifras de la consultora Economía y Regiones, la deuda total de las provincias (en moneda local y extranjera) roza actualmente los 26.000 millones de dólares y este año deberán hacer frente a pagos por 3.330 millones de dólares y 126.000 millones de pesos.
Muchas de las provincias necesitarán financiamiento externo para cumplir con sus compromisos de pago de los próximos tres años, de allí que la decisión que tomó el Gobierno nacional esta semana de no pagar el bono dual AF20 y postergarlo compulsivamente hasta septiembre fue una mala noticia porque dificultará el acceso al crédito.
La situación más delicada es la de Chubut, que hace pocos días y gracias a adelantos del Tesoro nacional terminó de pagar los sueldos de diciembre a empleados y jubilados provinciales y no hay ninguna certeza de pago de los sueldos de enero.
Tucumán también tuvo que apelar al auxilio financiero de la Nación, en ese caso para garantizar el pago de los sueldos de enero a sus empleados públicos. Los estatales de esa provincia cobran el sueldo en dos etapas, una primera por el 20% y el resto se paga en diferentes fechas. Los docentes por ejemplo, recién terminarán de cobrar el sueldo de enero el 14 de febrero.
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich advirtió que la deuda de su provincia aumentó del 20% de su PBI en 2015 a más de 35% actualmente, tras la gestión de su antecesor, Domingo Peppo.
El mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también levantó la guardia, afirmó que su provincia “está en una situación complicada” y advirtió que “si los ingresos siguen cayendo habrá problemas, al igual que en todas las provincias”.
La provincia más grande del país tampoco está exenta de problemas al punto que el gobernador Axel Kicillof debió postergar en aumento a docentes que estaba previsto para febrero.
La recesión de la economía viene golpeando con dureza a todas las provincias, principalmente por la caída en la recaudación asociada al desplome del consumo, lo que se acrecentó a partir de medidas nacionales como la eliminación del IVA a alimentos básicos, que si bien dejó de operar en el inicio de 2020, sus efectos se sienten todavía porque las declaraciones juradas van con un mes de retraso.
También comienzan a tallar aspectos que tienen que ver con la coparticipación primaria, es decir el porcentaje del total recaudado que se queda la Nación y lo que reparte a las provincias. Ocurre que como la mayor parte de la carga impositiva que sumó el Gobierno de Fernández no es coparticipable –retenciones e impuesto a la compra de dólares básicamente- la Nación se está quedando con una porción mayor de la torta y eso se siente en las cuentas de las provincias.
En ese contexto económico que el propio presidente definió como “caótico” y en el que algunos gobernadores empiezan a mirar con cariño la vuelta de las cuasimonedas, la normalidad que muestra Misiones resalta.
Pequeños logros que no tendrían demasiada relevancia en un país más o menos estable, como pagar sueldos en término, no enfrentar vencimientos de deuda que comprometan las finanzas públicas, sostener inversiones en salud, educación y obra pública o simplemente ofrecer un panorama de certidumbre en el mediano plazo, en el contexto actual de crisis adquieren una dimensión enorme.
Al igual que las demás provincias, Misiones transita por estos días una temporada alta de paritarias. La disciplina fiscal que supo conservar el Gobierno provincial le permitirá enfrentar el stress financiero con un respaldo más sólido que la mayoría de las demás jurisdicciones, pero el equilibrio resulta necesario para seguir a flote en el mar de complicaciones que presenta la economía actual.
El Gobernador Oscar Herrera Ahuad se propone participar en las negociaciones salariales con la consigna de comprometer el mayor esfuerzo posible de la Provincia para paliar los efectos de la crisis en los golpeados bolsillos de los asalariados, pero sin que ello implique comprometer la sustentabilidad de las finanzas públicas y en definitiva, de la economía misionera.
La aplicación de ese concepto permitió, entre otras cosas, que las clases comenzaran en la fecha prevista durante los últimos 14 años o que Misiones fuera la provincia en la que el consumo se redujo en menor porcentaje en todo el país por efecto de la recesión. Pero para garantizar la continuidad de ese esquema resulta imperiosa la colaboración de las cámaras empresariales, los sindicatos y las organizaciones sociales que deberán estar a la altura de la situación, sin exigencias desmedidas ni mezquindades corporativas.
Alberto Fernández, sobre la economía argentina: «Está en una situación caótica»
La inflación en enero alcanzó el 2,3%, según el INDEC
