Casi la mitad de los reos en Misiones tiene prisión preventiva

Cinco de cada diez personas que están privadas de su libertad en Misiones, no tienen sentencia firme, es por ello que desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura afirmaron que están realizando acciones para disminuir el número de estos casos y promover otros mecanismos de acción preventivos.

Según el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer, a través de un monitoreo en las diferentes cárceles de Misiones, descubrieron un gran número de personas privadas de su libertad sin sentencia firme, que incluso llevan casi una década detenidos.

«Comenzamos a detectar la gran cantidad  de personas con prisión preventiva que tenemos en Misiones, de las 1600 personas que están alojadas aproximadamente el 50% de ellas está bajo esa figura legal», lamentó.

Recordó el terrible caso de Cristina Vásquez y Celia Rojas, quienes “estuvieron privadas de su libertad 14 y 11 años y la Corte de Justicia de la Nación las absolvió. La verdad en que este sentido entendemos que hay una responsabilidad de la Justicia Provincial”.

El Especialista informó que hace más de dos semanas comenzaron a trabajar con un equipo de asesores técnicos en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones. “Hacemos una entrevista personalizada con todas las personas que están con sentencia no firme, anotando los datos específicos para elaborar un informe y poner a disposición de las autoridades de la Provincia de Misiones para que diseñen una política pública o para que tomen las medidas pertinentes con los fines de dar una solución”.

Precisó que, por ejemplo, en el relevamiento de la Unidad Penal de Oberá, de las 20 personas que entrevistó, siete tenían prisión preventiva y tres de ellas con más de siete años encerrados.

Scherer recordó que, según la Ley, cuando una persona tiene prisión preventiva, debe estar presa máximo dos años y un año adicional  por prórroga y ante eso se debe poner en conocimiento al Concejo de la Magistratura de la Nación que es el órgano que actúa como superintendente, para ver el motivo de la excepcionalidad.

“Debemos tener en cuenta que la regla debe ser que la persona se encuentre en libertad, salvo algunas cuestiones particulares que puedan entorpecer la investigación o haber un peligro de fuga (…) la prisión preventiva siempre debe ser la última medida a tomar», dijo.

Agregó que “hay que ser un poquito más ingenioso y buscar otro mecanismo que sea un poco más eficiente y que no genere muchas veces dejar  a una persona privada de su libertad por nueve años, lo que no es un tiempo razonable”, acotó.

 

SPM