Comunidades aborígenes exigen que se suspenda la tala árboles en un monte privado cuya posesión reclaman por derecho ancestral

Las Comunidades de Ka’a Kupe, Yvy Chĩ y Ko’ẽju se movilizaron exigiendo la interrupción de tareas de explotación de un bosque nativo en un predio de la empresa Carba SA en Campo Grande. A raíz de la protesta, desde Ecología indicaron que la empresa se comprometió a interrumpir la explotación, pero desde la Pastoral Aborigen afirman que hasta la tarde de hoy las motosierras seguían activas. En el fondo hay un conflicto por la posesión de la tierra: la empresa tiene la propiedad y un plan de manejo autorizado por Ecología para sacar madera, mientras que las comunidades tienen el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que los reconoce como habitantes ancestrales de ese territorio. Autoridades de la cartera que conduce Mario Vialey visitarán mañana el lugar en búsqueda de una solución.

 

Comunidades aborígenes de la zona Centro de la provincia se movilizaron exigiendo la interrupción de la tala de árboles en un lote de monte nativo propiedad de la empresa Carba SA, en el municipio de Campo Grande. Mediante esa acción consiguieron que la firma se comprometiera a suspender los trabajos y a retomar el diálogo con los representantes de las comunidades. Sin embargo, desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) afirmaron que en el lugar “se siguen escuchando las motosierras”.

 

Miembros de las comunidades se quedaron acampando en el lugar y anticipan que no se moverán hasta que todas las máquinas sean retiradas.

 

El director de Control Forestal del ministerio de Ecología de Misiones, Víctor Zayas, indicó que la empresa en cuestión cuenta con un plan de manejo aprobado para hacer aprovechamiento sostenible en los lotes más alejados a las zonas que habitan las comunidades aborígenes. Confirmó además que la explotación que cuestionan desde las comunidades guaraníes se está desarrollando dentro de los límites de esos lotes que fueron autorizados por Ecología.

 

Recordó que el trámite de ese plan de manejo incluyó una instancia de audiencia pública de la que participaron representantes de las comunidades y en las que se definió qué lugares se debían preservar según los criterios de los aborígenes.

 

Recalcó además que lo que la empresa está haciendo no es un desmonte, lo que implicaría una tala rasa seguida de un cambio en el uso del suelo, sino que está extrayendo los árboles más grandes y de mayor valor comercial, dejando el resto de la flora en pie.

 

Cuando la empresa empezó los trabajos, en enero de este año, las comunidades que habitan la zona circundante comenzaron a exigir la interrupción de la explotación porque entienden que produce una afectación profunda a derechos reconocidos en la Constitución.

 

 

“Entienden que si avanza el desmonte no van a tener los recursos necesarios para desarrollar su cultura, sus territorios van a quedar empobrecidos. Todo lo que necesitan para vivir, para educar a sus hijos, está relacionado directamente al monte. Por eso defienden el patrimonio natural y lo hacen incluso poniendo en riesgo su vida”, indicó la Coordinadora Nacional de ENDEPA, María “Kiki” Ramírez.

 

La integrante de la Pastoral Aborigen consideró que si bien la empresa tiene la propiedad de la tierra y autorización del ministerio de Ecología de Misiones para explotar el monte, los aborígenes tienen derecho de posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan. “Es un derecho reconocido por la Constitución”, afirmó.

 

Recalcó además que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció al predio que está en disputa como territorio de uso público actual y tradicional de las comunidades aborígenes, de acuerdo con lo que indica la ley 26.160.

 

El INAI entregó a las comunidades una carpeta en la cual están mapeados los territorios que ancestralmente ocupan los guaraníes, los lugares en dónde recolectan frutas y medicina, pescan y transitan, así como los espacios sagrados.

Sin embargo, el reconocimiento del INAI no les otorga a las comunidades la titularidad de las tierras, que está en manos de la empresa, lo que convierte a esas tierras en un territorio en disputa.

 

Cacique Mario Borjas: «No queremos que corten más árboles»

En contacto con el líder de Tekoa Ka´a Kupe (significaría “guardianes de la yerba”), comunidad afectada en el conflicto que comprende una territorialidad de más de 5.000 hectáreas, se refirió a la importancia de preservar los arboles nativos para la cultura Mbya Guaraní y expresó sus preocupaciones.

Se trata de una de las comunidades indígenas más organizadas en la provincia, y que hasta ahora mantenía una convivencia equilibrada con los propietarios de las tierras, la empresa Carber SA que produce nuez de pecan para exportar.

“Nosotros, las comunidades Mbya Guaraní siempre hemos decidido no tocar ningún árbol, no cortar ningún árbol. En todas las conversaciones de este último tiempo se había dicho que no. También en las audiencias públicas se dijo que no se debía tocar el árbol en nuestras tierras”, expresó Mario Borjas, cacique de la comunidad Ka´a Kupe.

“Hay muchas cosas que para nosotros tiene su importancia. Primero, los árboles son importantes para la cultura Mbya. Un árbol tiene vida como cualquiera de nosotros (comunidad) por eso somos todos parte de la naturaleza, y queremos la naturaleza para nuestros hijos”, remarcó ante la consulta de ArgentinaForestal.com

“También para nosotros, no respetaron nunca este lugar sagrado. Esto nos impacta por dentro. Esto es un atropello, es una vida muy triste para la comunidad que está dentro de este territorio, relevado con la Ley 26.160 (INAI). Hoy están tocando ese territorio relevado, no deberían. No se nos ha consultado para poder entrar a este lugar tampoco, nosotros no queremos que corten más árboles”.

 

JRC EP

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