María Silvia Jouliá, gerenta social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), explicó cómo es que intervienen desde el organismo ante problemas con la titularidad del inmueble, situaciones de conflicto entre vecinos, venta de las casas y viviendas abandonadas, entre otros.
María Silvia Jouliá – FM Libertad.
Sostuvo que, desde una primera instancia, los actores deben realizar una denuncia formal ante el Iprodha para que a partir de ese momento el organismo pueda tomar cartas en el asunto. “El instituto maneja más de 85 mil viviendas. Cuando detectan alguna irregularidad, la única forma que tenemos de intervenir es a través de la denuncia”, manifestó.
Las denuncias también pueden realizarse en la comisaría, precisó, y luego deben acercar hasta el instituto una copia de la misma ya que desde la Policía solamente redactan la exposición, no la llevan hasta sus oficinas ya que no tienen injerencia.
“Una vez que ingresa la denuncia, verificamos el estado de la vivienda porque hay muchas denuncias por casas canceladas. Si está cancelada, el instituto no puede hacer nada porque ya está a nombre de una persona a quien se le entregó el título y es responsabilidad suya”, explicó Jouliá.
En el caso de que se trate de una irregularidad en una vivienda que todavía no fue cancelada -y cuyo beneficiario todavía continúe abonando las cuotas-, indicó que se inicia con un proceso de Estado Ocupacional. “Es cuando el titular de la vivienda, quien debería habitarla, no está allí”, añadió. Por lo general cuando se dan estos episodios, el beneficiario también presenta cuotas impagas.
Al ser consultada acerca de si son frecuentes las denuncias de los vecinos, aseguró que en su gran mayoría eligen “mirar para un costado” a fin de evitar represalias o conflictos. “Deberíamos tener muchísimas más de las que tenemos, hasta el cuádruple”, afirmó.
Explicó además que, en otros casos, la persona que ingresa como intrusa a una vivienda -al percatarse de que ya se encuentra establecida en el inmueble- se acerca al Iprodha en el lapso de entre seis meses y dos años con el objetivo de regularizar su situación y comienza a abonar desde el primer momento en que entró.
Ante la posibilidad de tener que intervenir mediante una orden de desalojo, Jouliá sostuvo que hay episodios en que las personas abandonan la casa de buena voluntad, siendo innecesaria la intervención policial, y de esa manera el propio Iprodha puede gestionar una ayuda a la familia. No sucede lo mismo cuando el grupo familiar se instala y por consiguiente se niega a desalojar.
Respecto a los casos de abandono en que la gente simplemente decide irse sin tramitar las cancelaciones, explicó que suele suceder con personas a quienes se les complica la movilidad hacia sus respectivos sitios de trabajo (personal de la fuerza, en muchos casos).
“Creo que no hacen los trámites por una cuestión de comodidad y, en realidad, es una comodidad rara ya que sigue generando deudas y además se inicia un juicio por ello y deben también pagar los honorarios. No sé si es por desconocimiento o desinterés, pero hay una realidad que es la de no dimensionar todo lo que implica estar en una situación irregular”, declaró.
Para finalizar, llamó a todo aquel beneficiario que se encuentre en falta a que se acerque hasta el Iprodha y elija el camino “más fácil, más corto y de menor costo” para poder resolver el problema.
A.B.V.
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