Camioneros acordaron un aumento del 26.5% en dos partes para el primer semestre

Para mañana jueves, a las 10, está convocada en el Ministerio de Trabajo la quinta audiencia para acordar la paritaria camionera, en donde el sindicato firmará el acuerdo por el 26,5% con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), la Federación Argentina de Empresas de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Desde hace semanas, en conversaciones informales, los funcionarios han sugerido a los sindicalistas que trataran de postergar las paritarias hasta mediados de año y que, hasta entonces, acuerden aumentos mediante sumas fijas a manera de anticipo. Es una forma de compensar la caída salarial sin alentar las expectativas inflacionarias que pueden generar las paritarias con porcentajes altos.

El jueves pasado había fracasado una nueva reunión entre sindicalistas y las tres cámaras del sector, y desde ese momento comenzaron contactos informales para intentar un acercamiento.

El sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano arrancó con un reclamo del 33% para el primer semestre del año, sin sumas fijas de anticipo, pero los empresarios rechazaron ese porcentaje. La semana pasada, los dirigentes gremiales bajaron sus pretensiones hasta llegar al 28%, pero la parte patronal advirtió que podía pagar sólo un 22% debido a la crisis que atraviesa el sector.

En las reuniones extraoficiales de esta semana, ambas partes empezaron a centrar sus discusiones en el otorgamiento de un 26,5%, dividido en dos tramos. Las últimas negociaciones fueron determinar el porcentaje de cada tramo de aumento y desde cuándo regiría la mejora salarial, si desde junio pasado, en que venció la última paritaria, o desde diciembre de 2019. Había consenso en que el incremento absorberá la suma fija de $4.000 que otorgó por decreto el Gobierno.

Lo significativo en términos políticos es que ese 26,5% que lograron los Camioneros será una señal negativa hacia el Gobierno, que prefiere que los sindicatos pacten aumentos de suma fija como anticipo de las paritarias hasta mediados de año o, al menos, hasta el mes de abril.

La semana pasada, un gremio enrolado en el moyanismo como la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas (UTEDYC) firmó con los empresarios un aumento del 20% para los primeros siete meses de 2020 (la paritaria del sector vence en julio), que se pagará en una cuota del 10% en abril y dos cuotas del 5% en mayo y en julio, cifra que absorberá los $4.000 otorgados por el Gobierno.

A diferencia del moyanismo, hay sindicatos que hacen esfuerzos para alinearse con la pauta salarial del Gobierno, como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que pactó las mismas sumas fijas otorgadas por la Casa Rosada para los choferes de corta y media distancia, o Comercio, que decidió reducir su reclamo salarial del 22% al 10% en la negociación de febrero tras el anticipo de $4.000.

La Asociación Bancaria, alineada con la Casa Rosada, firmó el 23 de enero un adelanto a cuenta de las paritarias que para las categorías superiores significará una suma fija de $10.500.

El acuerdo contempla que, con retroactividad a enero, los bancarios se verán beneficiados con un aumento a cuenta de paritarias que va desde un mínimo de $3.000 hasta un máximo de $6.000, según la categoría, y en febrero se le sumará un adelanto de $1.500 como mínimo, que puede llegar a $4.500.

Además, las cámaras empresarias reconocieron la diferencia inflacionaria entre el 50% que había firmado la Asociación Bancaria y el 53,8% de inflación de 2019, por lo cual aumentarán también el 3,8% de los salarios, porcentaje que se suma a los adelantos ya mencionados. Ambas partes acordaron que las negociaciones paritarias deberán comenzar en la segunda quincena de marzo.

En promedio, el acuerdo del sindicato que lidera Sergio Palazzo se alejó de los $4.000 que dispuso el Gobierno, pero se trata de una suma fija, como quiere Alberto Fernández.

La renuencia de los sindicalistas a aceptar aumentos de sumas fijas y postergar las paritarias llegó al máximo punto de tensión con declaraciones que hizo la semana pasado Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT y jefe del sindicato de los trabajadores de estaciones de servicio. “La CGT no avala seguir con el sistema de sumas fijas. Queremos discutir de la pérdida de poder adquisitivo. Ningún gremio va a pedir lo que no se puede pagar”, advirtió a una radio porteña.

Hugo Moyano también había hecho declaraciones que sonaron a un desafío al Gobierno: «No estamos en contra de nada (en alusión a las sumas fijas que promueve la Casa Rosada), pero vamos a discutir el salario que corresponde al trabajador para mantener el poder adquisitivo”, dijo el camionero.

Por eso, el jueves pasado, la CGT convocó de urgencia a una reunión para limar asperezas internas y acordar una postura respecto del tema salarial. En el encuentro, que se hizo en el sindicato de Sanidad, los dirigentes ratificaron que apoyan al presidente Alberto Fernández, pero tomaron cierta distancia de su planteo de moderación paritaria: acordaron unificar criterios sobre el tema salarial y ratificar la autonomía en la negociación colectiva. Es decir, los sindicatos discutirán libremente la modalidad del aumento (suma fija o porcentaje) de acuerdo con las posibilidades económicas que presente hoy cada sector.

Esto significa que públicamente mantendrán este eje discursivo para evitar cortocircuitos internos y, sobre todo, roces con el Gobierno, en especial luego de que el Presidente les pidiera a principios de año a los sindicalistas que fueran “moderados” al solicitar sus aumentos en las paritarias.

Con su aumento del 26,5%, sin sumas fijas, el gesto de Moyano se asemeja a un desaire al Gobierno y puede provocar un efecto contagio en otros sindicatos que se animen a pactar incrementos basados en porcentajes importantes. Así, se complicaría la estrategia de contención salarial de la Casa Rosada.