El desafío de atender la emergencia social sin aumentar el déficit fiscal

Los primeros días del nuevo gobierno nacional muestran a un Alberto Fernández mucho más pragmático que el de los discursos de campaña. El candidato que seducía a los votantes y preocupaba a los mercados con promesas que sugerían una importante expansión del gasto público, se convirtió en un presidente dispuesto a congelar la movilidad jubilatoria en defensa de la disciplina fiscal y a cumplir a rajatabla con los primeros vencimientos de la abultada deuda que heredó de su antecesor.

 

Los mensajes para los mercados fueron contundentes. La ley de emergencia económica incluye un ajuste fiscal en forma de aumento de la presión impositiva que según cálculos de consultoras privadas, le permitirá al país un ahorro de entre 6.500 y 10.750 millones de dólares durante 2020, tomando como supuesto que el Estado gastará en pago de haberes lo mismo que estaba previsto con la vigencia de la movilidad jubilatoria.

 

Con medidas como la suba de retenciones y el impuesto a la compra de moneda extranjera, el nuevo gobierno deja en claro que está dispuesto a asumir costos políticos a cambio de ganar estabilidad fiscal.

 

Por si quedaba alguna duda, su ministro de Economía Martín Guzmán afirmó en el tradicional brindis de fin de año con periodistas que “no es momento” para generar una expansión del gasto y la emisión al argumentar que “no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central” porque eso “sería desestabilizante”. Reiteró además que buscarán evitar por todos los medios volver a caer en default y renegociarán la deuda en “términos amigables”.

 

Otra señal la dio el Tesoro que publicó los avisos de pago que confirman que el país honrará los últimos dos vencimientos de deuda que tiene antes de fin de año: una serie de bonos Discount por la nada despreciable suma de 752 millones de dólares y el primer pago de intereses del polémico bono a 100 años emitido por el exministro de Finanzas de Macri, Luis “Toto” Caputo, que asciende a 98 millones de dólares.

 

La reacción de los mercados no se hizo esperar. En el cierre de diciembre el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires acumula una suba de 20% y acciones líderes como las de los bancos Macro y Galicia suman mejoras de 38% y 21% respectivamente y bonos como el Bonar 2020 subieron 28% en menos de 30 días.

 

Herencia y punto de partida

 

Para analizar las primeras decisiones del nuevo presidente hay que entender que el país que conduce no tiene ni por asomo las “bases sólidas para el crecimiento” de las que hablaba el expresidente Mauricio Macri en sus irreales discursos, pero tampoco recibió “tierra arrasada” como denuncian sus partidarios. La Argentina que dejó Macri es un país financieramente comprometido por deudas que no tiene cómo pagar, que atraviesa una emergencia social y padece desequilibrios groseros en su macroeconomía, algunos generados por la gestión de expresidente y otros que vienen de arrastre.  

 

Pero también es un país que muestra algunas mejoras que no fueron mérito de las políticas económicas del macrismo sino más bien consecuencia directa del fracaso de ellas.

 

Enumerar los índices negativos del gobierno anterior llevaría mucho más espacio que el disponible para este artículo y para un análisis somero basta citar los números más gruesos.

 

Durante los cuatro años de gobierno de Macri el PBI medido en términos reales retrocedió 5% y PBI per cápita 8,7%, la inflación acumulada durante su mandato superó el 300% y la de 2019 será la más alta desde la salida de la última híper de 1991, los salarios de los trabajadores registrados que acumularon una pérdida de poder adquisitivo de 22%, se cerraron 20 mil empresas; el desempleo pasó de cerca de 8% a 10,6%, la deuda pública pasó del 49% al 94% del PBI (según el CIPPEC), el dólar pasó de 9,50 a más de 60 pesos y la pobreza medida por la UCA pasó del 28% al 41% del total de los habitantes y al 60% si se considera solamente a niños y adolescentes.

 

Del lado positivo del balance hay que apuntar una baja del déficit fiscal, un dólar más competitivo, tarifas más ajustadas a los costos de prestación de los servicios.

 

El peso del gasto público total bajó de 41,5% del PBI en 2015 a 37% para este año según estimaciones privadas y el déficit fiscal total pasó de 6% del producto a finales de la gestión de Cristina a 3,8% según una estimación de la consultora ACM para este año. El déficit primario se ubicaría por debajo del 1%.

 

El peso debilitado que llegó gracias a sucesivas devaluaciones sirvió para que Argentina volviera a tener superávit de balanza comercial que este año cerraría con 14 mil millones de dólares, diferencia positiva que no se logró gracias a mayores exportaciones sino por una brutal caída de las importaciones.

 

 Reacomodar sin romper

 

En sus primeras medidas Alberto muestra vocación de resolver los problemas sociales más urgentes sin destruir lo poco de bueno que dejó la gestión de Macri. El desafío se parece bastante a resolver un cubo de Rubik, hay que ordenar las caras que están desarmadas sin desordenar las que ya están más o menos acomodadas.

 

Los bonos para los jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH, tarjetas alimentarias, microcréditos, descuentos de IVA orientados a familias de bajos recursos y otras acciones que se analizan en el ministerio de Desarrollo Social y en la mesa del Pacto Social demuestran que para la nueva administración la prioridad pasa por brindar alivio a los que están en situación más delicada.

 

El problema es que todas esas medidas demandan un esfuerzo fiscal que Argentina ya no puede financiar con deuda. Podría hacerlo con emisión pero eso dispararía la inflación y el déficit fiscal. Todo indica que el Gobierno apunta a incrementar la presión fiscal, especialmente en sectores que tienen mayor capacidad contributiva y redistribuir el gasto público orientándolo a los sectores más desprotegidos.

 

Como efecto de esta redistribución es esperable un achatamiento de las pirámides de los salarios públicos y las jubilaciones. Se buscará que las ayudas sociales y los salarios y haberes más bajos le ganen a la inflación, algo que no está seguro para los demás jubilados y asalariados del sector público.

 

En el escenario más optimista, analistas esperan que estas políticas lleven a una reactivación relativamente rápida en los consumos de las clases bajas que se concentrará en alimentos y demás productos básicos, especialmente de segundas marcas. Los sectores relacionados al comercio de bienes durables y el inmobiliario la tendrán más difícil porque sus clientelas –conformadas mayormente por la clase media– no están entre los beneficiarios directos de las primeras políticas nacionales.

 

La construcción sí sería beneficiada si el Alberto cumpliera su promesa de reactivar la obra pública para impulsar el empleo en ese sector, que según los últimos números del IERIC, perdió 17.500 empleos registrados en los últimos 12 meses.

 

Misiones proyecta

 

El sostenimiento del orden fiscal permitió a Misiones transitar la crisis sufriendo menores daños que el resto del país. La decisión de no tomar deuda en dólares durante 2017, cuando el endeudamiento era la receta que el Gobierno nacional prescribía a las provincias para solucionar todos sus problemas, demostró ser un acierto que se confirma con cada devaluación.

 

La provincia termina el año pagando sueldos y aguinaldos a término y anunciando un bono de 5.000 pesos a pagar en mitades en enero y febrero.

 

Pero además termina un año en el que nuevamente logró financiar políticas anticíclicas como el Ahora Misiones en todas sus variantes y las líneas del Fondo de Créditos que permitieron sostener los niveles de consumo y con ello muchas fuentes de empleo, además de  brindar a emprendedores y Pymes la posibilidad de acceder a financiamiento a tasas accesibles muy inferiores a las de mercado.

 

Como otro gesto de apoyo al sector privado castigado por la crisis económica que afecta a todo el país, el Gobierno provincial anunció esta semana una amplia moratoria que alcanza a todos los impuestos provinciales e incluye quitas de 95% en intereses adeudados y de 100% en multas. Las deudas se podrán pagar en hasta 36 cuotas mensuales, las primeras 12 a tasa cero y las restantes con un interés de 1% mensual.

 

Gracias al orden fiscal, Misiones se permite proyectar políticas de fondo en áreas diversas. En ese orden, esta semana se anunció un plan Estratégico Energético que se apoya en tres ejes fundamentales: el tendido de nuevas líneas de distribución, la construcción de generadoras de energía de bajo impacto ambiental que preferentemente aprovechen la biomasa que genera la industria de la madera y consolidar el uso del gas natural en el transporte.

 

La presentación estuvo a cargo del gobernador Oscar Herrera Ahuad y de su flamante ministro de Energía de la Provincia, Paolo Quintana, un joven profesional de sólida formación técnica. El funcionario explicó que se pretende incorporar en el plazo más corto posible nuevas fuentes renovables de generación de energía que sean de bajo impacto medioambiental.

 

Desde el Gobierno provincial piensan primordialmente en aprovechar la biomasa que resulta como residuo de la industria de la madera, dado que es un combustible que se halla en abundancia en casi toda la provincia. La idea es desarrollar proyectos en conjunto con empresas del sector privado que puedan aprovechar la energía que generen y vender el excedente al sistema interconectado.

 

Otro aspecto del plan consiste en fomentar el uso del gas natural para la generación de energía y como combustible para vehículos, especialmente del transporte público. Esa opción aporta ventajas en lo económico, ya que el gas es más barato que la nafta y el gasoil, y ambientales ya que genera mucho menos emisiones.

 

En síntesis, el relanzado plan provincial de obras y generación alternativa de energía apunta a mirar a mediano y largo plazo buscando financiación para grandes obras y apuntalando otros aspectos innovadores que servirán para mejorar los servicios de transporte en las grandes ciudades y de suministro de energía especialmente para la industria del interior.

 

El desarrollo de la infraestructura energética sufre un marcado atraso en Misiones como en muchas otras jurisdicciones dado que las políticas nacionales orientadas a apoyar a las provincias en ese menester vienen de fracaso en fracaso.

 

En el último tramo de su presidencia, Cristina Fernández puso en marcha el “Plan de Convergencia” a través del cual la Nación se comprometía a financiar obras de infraestructura eléctrica en las provincias a cambio de que congelaran sus tarifas. La Nación estuvo muy lejos de cumplir con su compromiso y las empresas provinciales como EMSA se desfinanciaron por el atraso tarifario producto del congelamiento.

 

Con Macri las prestatarias del interior tuvieron algo de alivio de la mano de la reposición tarifaria, pero el aporte nacional para obras de infraestructura se redujo todavía más y se dejaron caer sistemáticamente licitaciones como la correspondiente a la línea de 133 Kv de Posadas a Leandro N. Alem.

 

Las obras de infraestructura eléctrica demandan inversiones de tal magnitud que difícilmente puedan ser financiadas completamente por una provincia, menos por una jurisdicción castigada por el sistema de coparticipación como Misiones.

 

Frente a ese contexto la Provincia desarrolló un completo proyecto que cubre todas las necesidades para los próximos 20 años y está preparada para que inicien las obras cuando aparezca  una alternativa viable de financiamiento.

 

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