El caso tiene que ver sobre el apartamiento del concejal Ramiro Sosa. La decisión contra el edil fue adoptada en una sesión que condujo el polémico presidente Hugo Cabrera. Es el mismo que tiempo atrás posó desnudo y rodeado de billetes y se encadenó en el arco de acceso a Mártires.
El caso se habría suscitado luego de que Sosa apoyó y acompañó el reclamo de aproximadamente 15 empleados del Concejo Deliberante de Mártires que fueron despedidos. En ese contexto, el edil fue acusado de “amenazas” por el mismo intendente de la localidad, “Jandy” Max.
Mientras dure el proceso judicial, el concejal implicado no podrá ejercer sus funciones dentro del cuerpo deliberativo.
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Pero ¿qué participación le cabe al “concejal del bochorno” dentro de esta confrontación?. Cabe recordar que Hugo Cabrera fue reelecto como concejal pese a los embarazosos episodios que protagonizó y una denuncia por violencia de género que efectuó su ex novia. Cabrera no sólo fue reelecto, sino que además ahora es el presidente del Concejo Deliberante.
Fue Cabrera quien dispuso el despido de los aproximadamente 15 trabajadores, lo cual provocó la reacción de su par Sosa, quien días después fue denunciado por amenazas y ahora apartado de su cargo.
El caso se presentó ante el Concejo en una convocatoria sorpresiva e incluso el mismo Sosa se enteró mediante un mensaje de Whatsapp que sería apartado del cuerpo.
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Sosa dijo en diálogo con FM Show que “cuando fui el viernes para que se me hiciera una comunicación formal, por escrito, como corresponde, me enteré que ya me habían cocinado”, al contar los hechos tendientes a su apartamiento.
Sosa comentó además que se apoyaron en la denuncia en su contra, en tanto que uno de los concejales lo acusó de “tener mala onda”, al tratarse su caso en el recinto.
“Me acusan de liderar un grupo de manifestantes, que son 14 o 15 empleados que están despedidos”, dijo y añadió que “la declaración del intendente no está ni siquiera en el trámite judicial”, al señalar que se trataría de una exposición policial que aún no fue judicializada.
La medida en su contra “carece de toda validez jurídica porque no hay causa, no hay investigación, no hubo derecho a defensa”, dijo Sosa ya que cuando fue a reclamar la formalización del trámite ya había sido separado del cargo.
Con respecto a la continuidad del trámite, dijo que desconocía porque “ni siquiera dieron curso a la incorporación de mi suplente, ya que cerraron la sede con candado hasta el 1 de mayo de 202”, expresó
DL
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