La violencia, el hambre y la paz

La oleada de violencia que azota a Latinoamérica llegó esta semana a Colombia, las calles principales de Bogotá fueron copadas el jueves por manifestantes que expresaron con cacerolazos y bloqueos al transporte público su oposición a las reformas de corte liberal que impulsa el presidente Iván Duque. Los disturbios fueron aumentando en intensidad, se produjeron saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron un saldo de tres muertos y cientos de heridos.

 

El contexto en Colombia es bastante parecido al que atravesó Ecuador el mes pasado, cuando el presidente Lenin Moreno pretendió imponer por decreto una serie de reformas recomendadas por el FMI para reducir el déficit fiscal, pero debió dejarlas sin efecto luego de que manifestaciones callejeras literalmente paralizaran el país durante diez días.

 

Reclamos similares por una distribución más equitativa de riqueza siguen expresándose en las calles de Chile, donde el anuncio de una convocatoria a un plebiscito para reformar la constitución pinochetista no alcanzó para acallar a los sectores más duros que exigen respuestas más urgentes.

 

Pero la situación más compleja sin dudas es la de Bolivia, paradójicamente el país que más avanzó en los últimos 15 años en materia de redistribución progresiva de la riqueza. Allí el desencadenante no fue un reclamo económico sino institucional. La reticencia del expresidente Evo Morales a alejarse del poder y dar lugar a nuevas figuras dentro de su espacio lo llevó a torcer por segunda vez la Constitución, eso generó un genuino descontento que fue aprovechado por dirigentes opositores que orquestaron un golpe de Estado a la vieja usanza con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

 

El gobierno autoproclamado encabezado por Jeanine Áñez expulsó a periodistas de la prensa internacional, continúa reprimiendo con dureza cualquier expresión de respaldo al régimen del depuesto Evo Morales, al que acusó formalmente de sedición y terrorismo en base a un audio, y continúa con una cacería de dirigentes del anterior gobierno.

 

En ese contexto convulsionado y con 30 muertos desde el inicio del conflicto, el Senado dio luz verde al proyecto de ley que propone dejar sin efecto las últimas elecciones y crear un nuevo Tribunal Supremo Electoral que convoque en el lapso más breve posible a nuevas elecciones en las que podrán participar todos los partidos pero en las que no podrán presentarse el expresidente Evo Morales ni su vice, Álvaro García Linera. El proyecto debe pasar todavía por la Cámara de Diputados.

 

La cara más dura de la crisis

 

En el ámbito nacional, esta semana se conocieron algunos datos de la herencia más negativa que deja el Gobierno de Macri. Para dimensionar la gravedad de la crisis social que atraviesa el país ya no alcanza con hablar de pobreza porque lo más urgente es el hambre.

 

El Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que en el tercer trimestre del año en curso, 22,2% de la población urbana, lo que equivale a más de nueve millones de personas, padecieron de “inseguridad alimentaria” lo que quiere decir que se vieron obligados a reducir de manera involuntaria la cantidad de comida que ingieren. El dato aumentó en dos puntos porcentuales con relación a igual período del año pasado y es el más alto de la década.

 

 

La “inseguridad alimentaria severa”, categoría en la que entran quienes lisa y llanamente pasan hambre por falta de dinero, aumentó de 5% en 2017 a 6% en 2018 y 7,4% en 2019.

 

Los datos más alarmantes aparecen cuando se analiza la población de 0 a 17 años. En ese grupo la inseguridad alimentaria pasó de 29% a 30,1% en el último año y la inseguridad alimentaria severa, del 12,7% al 14,1%

 

El Gobierno que asumió prometiendo pobreza cero, deja un legado de hambre que no se veía desde la salida de la megacrisis que estalló a fines de 2001.

 

Vacío en Salud

 

En los últimos días de su mandato, el presidente Macri debió afrontar una nueva crisis interna que resolvió como todas las anteriores: ignorando a los radicales.

 

Sergio Rubinstein, quien fuera ministro de Salud y luego secretario cuando se degradó esa área, actualizó el protocolo vigente para la interrupción voluntaria del embarazo (ILE), según sus propias palabras para “adaptarlo al Código Civil y Comercial de 2015, actualizando también las recomendaciones internacionales acerca de los medicamentos y procedimientos”.

 

Vale aclarar que el nuevo protocolo no pretendía avanzar en la legalización, ni siquiera en la despenalización del aborto sino que aportaba a los médicos y equipos de salud una guía para realizar procedimientos de interrupción de embarazos en situaciones que ya estaban contempladas por la ley.

 

El otrora feminista menos pensado devenido luego en celeste defensor de las dos vidas, se enteró de la novedad cuando fue publicada en el Boletín Oficial y tardó menos de 24 horas en derogarla por decreto. Rubinstein, que a inicios de 2018 se perfilaba como un protagonista importante en el giro hacia el progresismo que daba el Gobierno de Macri cuando por entonces abría el debate en torno a la legalización del aborto y le peleaba a los laboratorios cada licitación de medicamentos, quedó descolocado con el último barquinazo de la alianza gobernante que se ubica cada vez más a la derecha en el dial ideológico y terminó renunciando.

 

El presidente anticipó que no nombrará un sucesor. Fiel reflejo de una administración que retaceó vacunas, subejecutó presupuestos, recortó fondos a casi todos los programas de asistencia médica y distribución de medicamentos y durante la cual reaparecieron enfermedades como el sarampión, Macri primero se quedó sin ministro de Salud cuando rebajó esa área de gobierno al status de secretaría y finalmente hasta se quedó sin secretario.

 

El presidente justificó la derogación del nuevo protocolo ILE porque “no fue consultada en equipo”, pero lo que es seguro es que Rubinstein –un cuadro radical- sí consultó con su propio partido que salió a respaldarlo en bloque.

 

Apelando a un tema delicado como el aborto, el radicalismo buscó marcarle la cancha al presidente en tiempos en los que se define el futuro de Juntos por el Cambio como alianza opositora. El centenario partido buscó correrse del conservadurismo con ribetes evangélicos que cultiva Macri desde el cachetazo de las PASO a esta parte y construir poder a partir de esa diferencia.

 

Puertas adentro del radicalismo no hay consenso en reconocer a Macri como líder de la oposición, algunos entienden que después del fracaso electoral de octubre y ante la evidencia de que su gestión al frente del Ejecutivo no cubrió las expectativas que supo generar en un principio, habría que salir a disputar el liderazgo dentro de la alianza. Las aspiraciones del centenario partido chocan sin embargo contra la ausencia de un cuadro que pueda llegar a la categoría de presidenciable antes de 2023.

 

La opinión de los radicales volvió a pesar poco y el respaldo de su partido le sirvió de nada a Rubinstein que el lunes dejará su cargo.

 

Por si quedaban dudas de cuál será el perfil ideológico del macrismo en su faceta opositora, presidente reunió en la Quinta de Olivos a los 24 representantes provinciales del PRO para que eligieran como nueva presidente del partido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, referente de cabecera de la mano dura que reemplazará al misionero Humberto Schiavoni, dirigente reconocido por su capacidad de diálogo y su habilidad para lograr consensos.

 

 

Danza de nombres y una llamativa vacante

 

El presidente electo Alberto Fernández asegura que ya tiene definido su Gabinete, pero se guarda nombres en puestos importantes, lo que sugiere que en realidad todavía no estaría todo tan definido.

 

Desde hace algunos días los medios de Buenos Aires venían dando por sentado que el titular del área de Economía o Hacienda –tampoco está claro cómo se estructurarían los ministerios- sería Guillermo Nielsen, un economista de sesgo liberal. Su antecedente más relevante teniendo en cuenta el contexto actual es haber participado como secretario de Finanzas del equipo de Roberto Lavagna que negoció el canje de la deuda argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.

 

 

Se trata de un técnico de pensamiento más bien ortodoxo, por eso es bien visto por los representantes de esa abstracción que se denomina mercado, pero no tan apreciado desde el kirchnerismo antiimperialista.

 

La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión ya lo eligió como interlocutor esta semana cuando le presentó una propuesta para una posible renegociación de deuda con acreedores privados

 

Sin embargo en las últimas horas crecieron los rumores –ante la falta de definiciones el trascendido hace pata ancha- de un supuesto alejamiento de Nielsen por incomprobables diferencias de criterio con el mandatario electo y se comenzó a barajar la posibilidad de que asuma un “tapado” al que nadie se anima a ponerle nombre.

 

Entre las medidas que prepara Alberto para llevar a la práctica su promesa de reactivar la economía poniéndole “plata en el bolsillo” a la gente se cuentan un incremento general en los salarios, planes sociales y jubilaciones. El beneficio alcanzaría a los trabajadores de los sectores público y privado y el monto dependerá del estado de las finanzas públicas que encuentre el nuevo mandatario.

 

Para las empresas habrá una baja de impuestos que compensarían en parte la erogación que deberán asumir para aumentar los sueldos. A ese beneficio se sumarían a hipotéticos mayores ingresos que llegarían de la mano de un igualmente hipotético incremento en el consumo.

 

Además se instrumentarían nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo a tasas significativamente menores a las de mercado.

 

Para contener la aceleración de la inflación que podría generar el incremento en la circulación de dinero, el equipo de Alberto apuesta a un acuerdo con los supermercadistas para congelar durante seis meses los precios de una canasta compuesta por entre 300 y 500 productos.

 

Del éxito que tenga el próximo Gobierno en esa tarea de contener el alza de los precios en un contexto de una alta inflación heredada y de recalentamiento del consumo dependerá en gran medida el éxito de este primer esbozo de plan económico.

 

En el hipotético Gabinete de Alberto hay nombres que están confirmados como el de Santiago Cafiero en la Jefatura de Gabinete, Daniel Arroyo en Desarrollo Social, Felipe Solá en Cancillería, Claudio Moroni en Trabajo, Miguel Pesce al frente del BCRA, Mercedes Marcó del Pont en AFIP o Eduardo “Wado” De Pedro en Interior.

 

Otros nombres que suenan fuerte son los del misionero Sergio Lanziani en el área de Energía, Gabriel Katopodis en Infraestructura, Eugenia Bielsa en Vivienda y Medio Ambiente, Matías Kulfas en Producción, el tucumano Pablo Yedlin en Salud, Nicolás Trotta en Educación, Tristán Bauer en Cultura, Fernando Peirano en Ciencia y Tecnología, Gabriel Delgado en Agricultura, Agustín Rossi en Defensa, Diego Gorgal en Seguridad y Matías Lammens en Deportes.

 

Llama la atención sin embargo la ausencia de un candidato para encabezar el ministerio de Turismo, un área clave para el desarrollo del país por su capacidad de ingresar dólares, dinamizar el mercado interno y generar empleo.

 

La actividad generará este año más de 15 mil millones de dólares, más de una cuarta parte del total del megapréstamo acordado con el FMI. Este año Argentina llegará por primera vez a los ocho millones de visitantes extranjeros, lo que la confirmará como el país más visitado de Sudamérica según datos de la Organización Mundial de Turismo.

 

 En Misiones el turismo es una de las actividades más dinámicas y de mayor potencial de crecimiento. Es responsable por el 7,5% del PGB total y da trabajo de manera directa a más de 15 mil familias, número que se multiplica por cuatro en fuentes de trabajo indirectamente relacionadas con el sector.

 

La ausencia de un nombre que figure como potencial ministro del área en la administración de Fernández así como la falta de precisiones respecto a cuáles serán las políticas para ese ámbito, especialmente en lo que respecta al transporte aerocomercial, generan incertidumbre entre los actores que dan vida a una de las pocas actividades que logró sostener el crecimiento a pesar de la crisis.

 

Transición en paz

 

A contramano de la estrategia de confrontación y de profundización de la grieta que llevó adelante el Gobierno nacional en su afán por orientar la discusión política hacia un rumbo que disimule el fracaso de su gestión, Misiones atraviesa el período de transición de gobierno en un clima de paz social a pesar de que la provincia no es ajena a la severa crisis social cuyos aspectos más desgarradores quedaron evidenciados en los números de la UCA.

 

Nunca un mar en calma hizo experto a un marinero y eso lo sabe con creces el gobernador saliente, Hugo Passalacqua, a quien le tocó lidiar con una economía en recesión combinada con la mayor inflación desde la última híper y con un Estado nacional en franca retirada en cuanto a inversión orientada a contención y desarrollo social.

 

Lejos del paradigma de la grieta, supo mantener abierto un diálogo respetuoso y constructivo con un Gobierno nacional de diferente color partidario, pero fundamente con una diferente concepción del rol del Estado y de la política.

 

El resultado fue un contexto de paz social que fue bien valorado por los misioneros, lo que posibilitó la renovación obtener en junio un triunfo por más del 73% de los votos en toda la provincia y al saliente titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Eduardo “Lalo” Stelatto, un funcionario de reconocida solvencia en la gestión técnica pero sin antecedentes políticos, ganar por amplio margen la intendencia de Posadas, que se presuponía una plaza difícil para el oficialismo.

 

Como parte de una transición ordenada, el mandatario electo Oscar Herrera Ahuad intensificó su agenda de trabajo. Durante la semana se reunió con representantes de la empresa española Ieducando, el partner más importante de Google en toda Hispanoamérica en materia de tecnología orientada a la educación.

 

Los representantes de la empresa española eligieron desembarcar en Misiones atendiendo al trabajo que viene realizando la provincia en educación disruptiva y en la incorporación de nuevas tecnologías en áreas sociales. “Me ha impresionado lo que está haciendo esta provincia por usar la tecnología en beneficio de los ciudadanos, venimos con la idea de complementar eso”, afirmó el gerente de Ieducando, Pedro Diez tras reunirse con Herrera Ahuad.

 

La idea es llevar a las escuelas de Misiones las herramientas que ofrece de manera gratuita Google for Education, una plataforma munida de herramientas que permiten interactuar a alumnos y docentes de todos los niveles educativos.