Tras el Golpe de Estado fraguado contra el expresidente Evo Morales, la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez devolvió el favor a las Fuerzas Armadas con un decreto que les permite reprimir sin que importe si esa actuación transgrede la ley. También puso a su disposición todo el aparato del Estado en caso de que sea “requerido”.
Mientras llueven las denuncias por asesinatos y violaciones a los derechos humanos en Bolivia, el gobierno de facto de ese país emitió un decreto supremo que le da a las Fuerzas Armadas luz verde para inmiscuirse en la seguridad interior, reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado y quedar “exentos de responsabilidad penal”.
La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
La norma que da impunidad a quienes cometan delitos que transgredan la legislación nacional o la normativa internacional de derechos humanos lleva la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez y fue publicada hoy, aunque tienen fecha de hace dos días.
El decretotambién pone a disposición de las fuerzas de seguridad locales y nacionales todo el aparato del Estado. Según el texto, “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben presar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales”.
CIDH condena uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba #Bolivia que ya resultaron en 5 personas fallecidas e múltiples heridas. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales (1/6) pic.twitter.com/G6lg5hx0W5
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
A pesar de la falta de especificaciones, se sobreentiende que en este punto se les concede el acceso a los servicios de inteligencia, el presupuesto para equipamiento y la información y servicios con los que cuente la sumatoria de los ministerios.
El punto más grave del «decreto supremo» reside en el artículo tercero, que explícitamente le da carta blanca al Ejército para reprimir sin que importe si esa actuación transgrede la legislación.
El uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en #Bolívia atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales. El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica. (4/6) pic.twitter.com/bZ7URAKJ4w
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
“El personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, añade el texto.
Según la información de los medios extranjeros, este requisito habría sido uno de los condicionamientos que las Fuerzas Armadas le pusieron al gobierno de facto para darle su respaldo.
#Sacaba
Nuestros servidores policiales y miembros de las #FFAA fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente #Huayllani. pic.twitter.com/n8h0fJA8Jc— POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) November 15, 2019
Fuente: Página12
Un periodista argentino murió de un ACV mientras cubría las protestas en Bolivia
Crisis en Bolivia: ascienden a ocho los muertos por la represión en marcha a favor de Evo Morales
Añez: Alberto Fernández «no tiene la información correcta» sobre lo que pasa en Bolivia
