El ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones declaró ilegal el accionar de los trabajadores del Hospital Público Provincial de Pediatría, y ordenó la suspensión inmediata de las medidas de fuerza que pudieran estar tomando, retrotrayendo la situación anterior al conflicto con cese de las acciones directas que se pudieran estar tomando y normalizar el servicio suspendido, bajo apercibimiento de ley.
En los considerandos se destaca que «pese a la legitimidad de los reclamos, ya estuvieron en consideración y negociación con las entidades gremiales como ATE, CTA y UPCN, entre otras, entendiendo estos la particular situación de crisis que ha derivado incluso en la ley provincial de emergencia alimentaria que marca claramente las prioridades de la situación general y pretende proteger a las facciones más humildes.
Debe señalarse que, el sector en cuestión a más de prestar un servicio esencial como lo es la salud en general, en particular afecta a los niños, niñas y adolescentes y que con ello se violenta la ley 26061, lo que impone un tratamiento y abordaje especial a situaciones como la descripta».
Esta circunstancia, sumado a la intransigencia del grupo o sector que lleva adelante las medidas, y la falta de representación colectiva de sus reclamos, torna al mismo ilegal, correspondiendo a esta autoridad laboral la declaración en este sentido, llamando a la reflexión de los trabajadores involucrados, a los fines del cese inmediato de las medidas de acción directas que se están llevando a cabo y retomar la senda del diálogo».
Además agrega el fundamento de la medida que «no puede escapar a la consideración de los trabajadores que, más allá del derecho al reclamo, el mismo debe a mas de gozar el mérito, que desde ya lo tiene, el caracter de oportunidad y conveniencia del mismo, frente a una situación y contexto nacional pocas veces visto en la historia, donde los salarios público provinciales en particular que dependen de la arcas del Estado provincial, han sido seriamente dañadas por las politicas de la Nación, que han obligado no solo a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también pedir el cumplimiento de fallos de la misma. Estas circustancias excepcionales demandan esfuerzos colectivos e individuales excepcionales, como lo han sabido comprender las propias entidades sindicales en muchos casos».
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