El Defensor del Pueblo de Posadas cuestionó la falta de respuesta de los organismos oficiales a los pedidos de asistencia. “Lo que noto es que no hay voluntad, pareciera que la solución es el uso de la fuerza”, señaló.
Alberto Penayo. Radio Libertad
Un día después de que la Policía de Misiones desalojara un intento de piquete en ruta 12 y avenida Cabo de Hornos, mediante una orden firmada por el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción 6, el Defensor de Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, cuestionó la falta de respuestas del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para dar asistencia alimentaria a las familias que pretendieron cortar el tránsito precisamente para reclamar.
“Habíamos realizado un relevamiento socio ambiental y elevamos el informe a Desarrollo Social solicitando la atención a la demanda que ellos tenían, que era asistencia alimentaria. No logramos una instancia donde se tomara la problemática y se buscara una solución. Por parte del ministerio de Desarrollo Social no se produjo esta acción”, lamentó Penayo.
El funcionario recordó que su dependencia realizó una presentación en el Juzgado Cívil y Comercial 8, a cargo de la jueza Adriana Fiori, quien remitió, la semana pasada, una resolución en la que instaba al gobierno provincial a brindar asistencia a las familias, en el marco del a Emergencia Alimentaria e iniciar una mesa de diálogo con los manifestantes. “Venimos tratando de evitar el uso de la fuerza para solucionar un conflicto que es social, que no tiene otra arista. Tenemos entendido que esta es una orden del juez Balor de hace cuatro meses y que lo ejecutaron”, afirmó.
Penayo recordó además que la Defensoría a su cargo presentó un proyecto de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante de Posadas donde se pide un protocolo a seguir en este tipo de conflictos. “Lo que yo noto es que no hay voluntad, pareciera que la solución es el uso de la fuerza. El camino es el dialogo”, aseveró.
Sobre la acción de los manifestantes, Penayo remarcó que no deben cortar ninguna calle, pero en contra prestación, reclamó que el Estado les garantice una mesa de diálogo. “No puedo entender que habiendo una ley que establece la asistencia, por qué no sentarse. Si esta gente realmente lo necesita darle y sino que se haga la denuncia pertinente como corresponde”, sentenció.
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