Durante esta tarde la Comisión de Legislación Penal volverá a reunirse para tratar cuatro proyectos sobre la temática, entre los que no se encuentra el que había anunciado el Gobierno a fines de septiembre, que finalmente no fue enviado al Congreso. Entre las principales modificaciones, se busca que los contratos ajusten por una combinación entre inflación y salarios, según Ámbito Financiero.
La cita será a las 17 en la Comisión de Legislación Penal, que dirige en legislador del PRO, Daniel Lipovetzky, en la sala 3 del segundo piso del Anexo A y se espera que se llegue a un acuerdo para emitir un dictamen único.
Al detalle
Desde la oposición, también ratificaron a Ambito la intención de consensuar un mismo texto entre los proyectos en debate para arribar a un mismo dictamen.
Aunque con algunos matices, los distintos proyectos proponen que los contratos de locación no se ajusten más solo por inflación, sino que se fijen a partir de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Además, proponen ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen además de la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.
En tanto, las iniciativas también proponen rever el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler. La mayor parte de ellas establece que “si carece de plazo expreso y determinado mayor, el plazo mínimo de locación para viviendas será de tres años”.
En noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción -por unanimidad- a una iniciativa de la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (PJ-FpV). Sin embargo, el proyecto fue frenado en la Cámara de Diputados durante todo 2017 y volvió a reactivarse en 2018, donde consiguió dictamen de comisión a mediados de octubre. La iniciativa se fue posponiendo y el Gobierno la dejó afuera del temario de extraordinarias, por lo que perdió estado parlamentario.
Fuente: Ámbito Financiero