El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ha elevado junto a pares un pedido expreso a la Corte Suprema para que la Nación cumpla su medida cautelar de no detraer fondos de la coparticipación en virtud de la baja de impuestos al consumo de alimentos básicos y a los ingresos de las personas físicas dispuesta unilateralmente por el Poder Ejecutivo, que ha sido atacada por inconstitucional en función del ordenamiento jurídico federal.
Como Senadora de la Nación por Misiones propuse en agosto a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de controlar la actividad legislativa del Presidente, que se aboque al tratamiento de esas modificaciones impositivas, que abiertamente lesionan la división de poderes y las finanzas de las Provincias, y las rechace por avanzar indebidamente en competencias exclusivas del Congreso.
No se trata, como pretende hacer creer la campaña oficial, de oponerse al necesario alivio a la ciudadanía al que apuntan estas reducciones impositivas, sino de defender los derechos que en función de nuestro sistema federal de gobierno le corresponden a las Provincias ante una decisión absolutamente unilateral e inconsulta del Presidente.
La resolución de la Corte, de hacer cesar la detracción a los distritos demandantes y que la Nación se haga cargo del costo fiscal de estas reducciones, contempla no solamente esta necesidad sino que evita que se prolongue este cercenamiento ilegal de fondos coparticipados, que afecta el normal funcionamiento de los Estados provinciales y municipales.
Corresponde al Congreso de la Nación, en conjunto con las Provincias y el Poder Ejecutivo, el debate sobre el nivel de los impuestos y la eventual adopción de soluciones de alivio en esta situación de grave padecimiento de las mayorías, cuyo mayor responsable es la política económica llevada adelante por la actual administración nacional.
Este incumplimiento de la orden judicial emanada por la máxima autoridad de la República en materia de constitucionalidad reviste gravedad institucional y revela mal desempeño en el cargo. Nadie, y en especial el primer mandatario, está por sobre la Constitución.
Esta desobediencia del Poder Ejecutivo resulta además particularmente perversa, al poner de «escudos humanos» a los sectores más vulnerables, por la incidencia de los alimentos en sus gastos y a parte de la clase media alcanzada por el impuesto a los ingresos del trabajo. No es enfrentando argentinos contra argentinos que el país superará sus dificultades, sino trabajando de modo concertado y siempre en el marco de la ley.
