Análisis semanal: donde el país es más pobre

Cumpliendo con los pronósticos formulados por el presidente Mauricio Macri cuando insistentemente afirmaba que su gestión seguiría o incluso profundizaría el mismo rumbo, los datos socioeconómicos que relevan el INDEC y consultoras privadas dan fe que el país avanza con decisión por el camino de absoluto declive que comenzó a transitar hace un año y medio.

 

Mientras los analistas calculan hasta cuándo le alcanzarán las reservas al Central para sostener la cotización del dólar en un contexto en el que ninguna tasa de retorno parece suficiente para compensar la desconfianza que genera la propia moneda, la economía real sigue en picada, la industria cerró su 16° mes de caída interanual consecutiva, más fábricas despiden personal o directamente bajan sus persianas y analistas consultados por el Central para la elaboración del REM trazan perspectivas cada vez más sombrías.

 

El dato más revelador de la profundidad de la crisis lo arrojó el último informe de incidencia de la pobreza que mide el INDEC. Según este trabajo, 35,4% de los argentinos se ubicaron debajo de la línea de la pobreza durante el primer semestre de 2019 casi 10 puntos porcentuales más que el índice observado en el primer semestre de 2018, el más bajo de la presidencia de Macri.

 

Los especialistas no esperan que la pobreza baje durante el segundo semestre, en tanto que la última megadevaluación desatada luego de las PASO está generando el mismo impacto devastador que las anteriores. Según estimó el director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, a fin de año la pobreza no sería inferior al 39% y advirtió que más allá de los paliativos que puedan aplicar este Gobierno y el que vendrá, la pobreza seguirá avanzando el año próximo. “El empeoramiento será sistemático porque en los hogares de clase media se reducen los fondos de reservas. Además, las empresas van a seguir despidiendo gente, reduciendo horas, poniendo empleados en negro y no ajustando salarios”, pronosticó.

 

La peor parte

 

Como ocurre prácticamente desde siempre, los mayores niveles de pobreza del país se observan en el norte y como viene ocurriendo desde hace algunas décadas, la región más pobre es el NEA. En ese contexto desolador, a Misiones le queda el consuelo de ser la provincia del NEA con menor incidencia de la pobreza y de la indigencia, dato que cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que es la provincia que –por lejos- recibe menor coparticipación por habitante de toda la región.

 

Que los indicadores sociales de la región NEA sean históricamente los peores del país es la directa consecuencia de una estructura económica y un proyecto político centralistas que fueron común denominador de absolutamente todos los gobiernos argentinos más allá de las proclamas federales y promesas de campaña de los distintos gobernantes.

 

El NEA no es más pobre porque su gente sea menos trabajadora, sus empresarios menos capaces ni sus dirigentes menos eficientes. El NEA es pobre porque Argentina es un país que recauda impuestos en todo su territorio, pero cuando invierte para desarrollar infraestructura casi siempre se olvida del norte y con más frecuencia todavía, se olvida del NEA.

 

Aunque se haya invocado su nombre para construir un gasoducto (que en realidad surca otras latitudes) el NEA sigue siendo la única región del país sin acceso a una red de gas natural, alguna vez tuvo un tren pero décadas de desinversión le sacaron esa herramienta y contradiciendo el lugar común que le reserva una “ubicación privilegiada en el corazón del Mercosur”, afronta el sobrecosto que implican las grandes distancias que la separan de los principales centros de producción y consumo.

 

El NEA es por esencia marginal y está desintegrado del aparato económico del resto del país. Esta condición fue reconocida por distintos gobiernos nacionales que prometieron o anunciaron diferentes planes para revertir o al menos reducir la histórica postergación que afecta a la región que integra Misiones. Ninguno lo hizo.

 

Macri también tuvo su programa para el desarrollo del norte. A poco de asumir, anunció el Plan Belgrano, que prometía una inyección de inversiones en infraestructura que transformarían definitivamente a la región. Durante su primera etapa logró mejorar la infraestructura ferroviaria para sacar la producción granera del NOA y luego el programa se fue diluyendo hasta terminar en la absoluta intrascendencia actual.

 

Más allá de las obras puntuales que se concretaron durante los últimos tres años y medio en la región y de los anuncios pomposos, resulta ostensible que mejorar la infraestructura en el NEA no fue prioritario para el Gobierno de Macri, como tampoco lo había sido para sus antecesores.   

 

El sitio web especializado en construcción Construar elabora informes periódicos en los que agrupa todos los llamados a licitación de obra pública. En 2017, las cuatro jurisdicciones centrales del país (CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) acapararon el 64% del monto total licitado, mientras que las cuatro provincias del NEA se repartieron un homeopático 4,3%.

 

En 2018 la torta se siguió repartiendo más o menos del mismo modo: las cuatro provincias del centro se quedaron con 55% del monto total de las licitaciones y al NEA le tocó 3,65%, relación que se volvió todavía más desigual en el período enero – julio del año en curso, cuando entre Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se repartieron 69% del total y al NEA le quedó solamente el 3,3%.

 

Tomando en cuenta el período que va de enero de 2017 a julio de 2019, las cuatro jurisdicciones más desarrolladas del país acapararon 61% del monto total licitado en obras y el NEA 3,8%.

 

 

 

Economía y expectativas en picada

 

Si algo caracterizó a la economía durante la presidencia de Macri fue la destrucción de la industria. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 21 mil pymes del sector cerraron en el país y se perdieron casi 150 mil empleos. En Misiones el caso más emblemático es el de la empresa DASS, que confecciona zapatillas para la marca Nike en el Eldorado.

 

Desde la empresa de capitales brasileños anticiparon esta semana que por una dramática reducción en la demanda de sus productos, despedirían próximamente a otros 400 operarios. Antes de que asumiera Macri, la fábrica empleaba a 1.500 personas, número que se redujo a 600 y antes de fin de año descenderá a 200.

 

Según el Indec, en agosto el índice de la producción industrial manufacturero, el IPI Manufacturero, cayó 6,4% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie desestacionalizada marcó una retracción de 2,8%, mientras que el acumulado de los ocho meses de 2019 presenta una disminución de 8,1% respecto a igual período de 2018.

 

La construcción (Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) también tuvo una fuerte baja interanual en agosto: 5,9%.

 

“El aumento de los costos en dólares que causó la devaluación post PASO aplasta los indicios de recuperación de ambos sectores. El encarecimiento de la financiación que traen las altas tasas de interés no permite que el sector se apalanque para superar la crisis. La incertidumbre política tampoco permite tomar decisiones importantes de inversión, y, además, está latente un posible aumento real de costos salariales de cara a los nuevos acuerdos salariales y paritarias”, plantea el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un breve informe.

 

Las expectativas de los analistas se muestran a tono con la tendencia que marca la estadística.

 

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para cuya elaboración el Banco Central consulta a analistas del país y del extranjero, centros de investigación y bancos respecto del crecimiento del PIB para 2019 y los próximos dos años se volvieron más sombrías en septiembre.

 

Los consultados estimaron que la actividad caería un 2,9% este año, 0,4 puntos porcentuales más de lo que preveían en agosto. Para 2020 proyectan una contracción económica de 1,5%, superior al 1,1% del relevamiento anterior y consideran que Argentina recién volvería a crecer en 2021, con un alza del PBI de 1,6%, por debajo del 1,9% que proyectaban un mes antes.

 

De la mano de una economía a la que, según se espera, le costará aún más arrancar, las 27 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras de Argentina y 5 analistas extranjeros que respondieron las preguntas del REM entre el 26 y 30 de septiembre pasado creen que el resultado de las cuentas públicas se volverá más deficitario.

 

Los participantes del relevamiento del BCRA corrigieron al alza el déficit fiscal esperado para 2019, a 162.500 millones, unos 60.000 millones arriba de la estimación del Gobierno. El rojo fiscal llegaría así este año a cerca del 0,75% del PBI, lo que lo dejaría alrededor de 0,25% por encima de la meta establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Un fallo histórico para Misiones

 

La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Misiones y a otras 14 provincias que consideraron que el Ejecutivo nacional se había excedido en sus atribuciones al aplicar medidas que reducirían la recaudación coparticipable. El fallo del Supremo Tribunal que estableció que la eliminación del IVA a los alimentos básicos y la reducción del Impuesto a las Ganancias dispuestas de manera unilateral e inconsulta por el Gobierno nacional luego de las elecciones primarias, no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

 

Se trató de la primera demanda que formuló Misiones en materia de distribución de recursos federales, una decisión trascendental y no exenta de riesgos porque lo que resolviera la Corte quedaría como precedente para futuras administraciones. Una presentación sólidamente fundamentada desarrollada en 71 folios que hizo causa común con demandas similares de otras 14 provincias, resultó clave para garantizar los recursos de la provincia frente a una medida unilateral adoptada por el Gobierno nacional y para establecer jurisprudencia en defensa del federalismo.

 

Más allá de que la Corte haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos formulados por Misiones, el Gobierno nacional no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por las provincias y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Misiones solo en septiembre, asciende a alrededor de 150 millones de pesos según cifras aportadas por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.

 

La administración nacional presentó un escrito ante la Corte en el que le pide que le aclare cómo debería implementar la cautelar que lo obliga a devolver a las provincias la quita en el IVA a los alimentos y la devolución de Ganancias a los empleados registrados. Además solicitó al supremo tribunal que convoque a una “audiencia pública” entre el Estado Nacional y las provincias.

 

Lo que busca el Gobierno de Macri con el pedido de una audiencia pública es hacer correr a los gobernadores con el costo político de retrotraer medidas que fueron anunciadas como un alivio a los castigados bolsillos de los asalariados, aunque en definitiva no tuvieron el resultado esperado, especialmente la eliminación del IVA a alimentos que no logró reducir la inflación en ese tipo de productos.

 

Con el respaldo de un fallo de la Corte que les da la razón, las provincias entienden que hay “cosa juzgada” y no es tiempo de parlamentar sino de acatar lo que dispuso la justicia.

 

Presupuesto y polémica

 

El jueves la Legislatura sancionó la ley de Presupuesto 2020 tras un debate que reflejó posturas encontradas respecto a cuestiones puntuales, pero también consenso con relación al espíritu general del proyecto, lo que permitió que se sancionara por unanimidad. El alto porcentaje del total de los recursos que se destino a áreas sociales (alrededor de 60%) fue uno de los puntos que generó acuerdo no solamente durante el tratamiento en el recinto sino también en las múltiples reuniones de comisión en las que se desarrolló el proyecto.

 

El debate en el recinto estuvo más bien orientado a reflejar los distintos alineamientos partidarios representados en la Legislatura. Desde la bancada de Juntos por el Cambio cuestionaron el artículo 1° que en su inicio hace referencia al contexto de crisis económica que atraviesa el país y lo atribuye a políticas instrumentadas por el Gobierno nacional, algo que el diputado radical Gustavo González consideró “ideológico y electoralista”.

 

Así como desde Juntos Por el Cambio salieron en defensa del Gobierno nacional al cual están políticamente alineados, desde el PAyS que integra el Frente de Todos, cuestionaron el artículo 3° que ratifica la adhesión de Misiones al Pacto Fiscal acordado el año pasado entre la Nación y casi todas las provincias y lo denunciaron como una “estafa” del Gobierno de Macri a las provincias.

 

Desde la renovación advirtieron que más allá de filias y fobias partidarias que se agudizan en tiempos de campaña, actos de gobierno como la adhesión al mencionado Pacto Fiscal resultan necesarios para ejecutar fondos provenientes de Nación que resultan necesarios, por ejemplo, para poner en práctica la ley de Emergencia Alimentaria que fue insistentemente exigida por los representantes del PAyS y aprobada hace solo tres semanas.

 

En los pasillos de la Legislatura interpretaron la oposición del PAyS a un acuerdo firmado hace un año y que por más de un motivo resulta ineludible para la provincia, como una sobreactuación antimacrista para “sumar puntos” dentro del Frente de Todos. “Están empezando a caer en la disyuntiva de defender a los misioneros y las cosas que son necesarias acá o recibir las órdenes desde la Cámpora y del Instituto Patria”, argumentó un legislador renovador.