Un grupo de dirigentes del sector primario exigirá a Agricultura de Nación el desplazamiento del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Alberto Re, y de los representantes de la producción. Argumentan que la instrumentación de un nuevo régimen de determinación y aplicación de sanciones más flexible le valió a los grandes molinos una reducción de 90 a 2 millones de pesos en multas pendientes de pago. Alberto Re afirmó que ese dato era inexacto, aunque reconoció que el nuevo régimen es menos oneroso para los infractores. Destacó empero, que la modificación reafirma las atribuciones del instituto para aplicar sanciones, algo que más de una empresa puso en duda ante estrados judiciales, y ayudará a sentar precedentes en ese sentido.
La aprobación de un nuevo régimen de determinación y aplicación de sanciones aplicables a empresas yerbateras que incumplan los precios legales de la hoja verde y la yerba canchada provocó polémica. Un grupo de dirigentes del sector primario nucleados en la Mesa Asesora del INYM salió a denunciar una supuesta maniobra para beneficiar a los grandes molinos con reducciones muy significativas en los montos de las multas impagas y con la instauración de un régimen de sanción mucho más blando con los infractores.
El presidente de la Mesa Asesora, el dirigente de San Vicente Ángel “Cacho” Oseñuk, se manifestó indignado con lo resuelto por el directorio del INYM. “Nos venimos a enterar que con la nueva grilla de sanciones que se publicó en el Boletín Oficial, hay una amplia reducción en las multas para los infractores. De una multa estipulada en 90 millones de pesos se está dejando en 2 millones de pesos. Se benefició a los grandes industriales que han perjudicado a los productores cometiendo infracciones… No hay una defensa a los pequeños y medianos productores. Hoy el infractor que más multas cometa es que más beneficiado va a estar”, señaló.
Por su parte, el dirigente de la zona de Andresito, Julio Peterson, aseguró que “en menos de cinco días se condonaron deudas millonarias a las industrias que estafaron a los productores y a los trabajadores. Ahora es más fácil pagar las multas que cumplir con el precio pactado a los productores”.
El cooperativista de San Pedro, Ariel Steffen, consideró que el nuevo régimen beneficia a los grandes infractores porque no establecería una escala razonable en los montos de las multas. “Si infringís la ley con 10 mil o 10 millones de kilos, el valor de la multa es el mismo”, dijo.
El presidente del INYM, Alberto Re, enfatizó que el nuevo régimen de sanciones fue discutido durante dos en el seno del directorio del instituto en el que la producción tiene representación y fue aprobado por unanimidad. Reconoció que la grilla de multas establece montos menores a los que estaban vigentes, pero aseguró que ello responde a la necesidad de tener un sistema mejor adaptado a la realidad de las empresas en un contexto de crisis.
Afirmó además el cálculo de 90 millones de pesos en multas pendientes de pago que mencionan los productores es cuanto menos exagerado, porque parte del supuesto de aplicar en todos las infracciones el monto máximo posible, algo que está reservado solamente para los reincidentes y que por lo tanto no se puede hablar de una suerte de condonación de 88 millones de pesos para los infractores a partir de la instrumentación de la nueva grilla.
Consideró que el nuevo régimen refuerza las atribuciones de sanción del INYM, algo que fue puesto en discusión por varias empresas infractoras en diferentes procesos legales que se iniciaron contra el instituto. Opinó además que al establecer multas más razonables será más factibles cobrarlas y con ello establecer antecedentes que confirmen con más fuerza el poder de policía del instituto.
Nota a Agricultura
A través de una nota dirigida al Secretario de Agricultura de Nación, Miguel Etchevehere, solicitaron la remoción de los directores que representan a la producción en el directorio del INYM e incluso la del presidente del Instituto, Alberto Re, en todos los casos por “no cuidar los intereses de los productores”.
Peterson fue más allá y atribuyó la modificación en el sistema de sanciones a “una intención política de un gobierno (el nacional) que no hace nada por los pequeños productores y las Pymes. Está todo hecho para que las grandes industrias monopolicen el sistema terminen de apagar a las pequeñas industrias, a las cooperativas y se beneficien comprando a dos pesos mañana nuestras tierras”, consideró.
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