El exjefe comunal Natividad «Roger» Terán, detenido en marzo de 2017, aceptará su responsabilidad a cambio de una pena de tres años.
Los gendarmes iban una y otra vez a Itatí y siempre encontraban marihuana, pero todo cambió la madrugada del 14 de marzo de 2017: 700 uniformados «invadieron» la ciudad para detener, entre otros, al intendente, Natividad «Roger» Terán. El funcionario era un hombre clave en la ruta narco, ya que era el intermediario entre Pedro Juan Caballero, en Paraguay, y la villa Zavaleta, en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, dos años y medio después, el exjefe comunal acordó con la fiscalía reconocer su responsabilidad a cambio de una pena de tres años de prisión. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 porteño.
A partir del acuerdo entre las partes, TN.com.ar pudo saber de fuentes judiciales que Natividad Terán podrá presentar de inmediato un pedido de excarcelación para salir de la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra desde el 14 de marzo de 2017, al igual que su viceintendente Fabio Aquino, quien acordó una pena de 3 años y 8 meses, que también podrá tramitar la libertad condicional. No podrán volver al poder: la fiscalía planteó 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En este acuerdo entrarían 25 de los 36 acusados por la ruta de la marihuana de Itatí. Si bien el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) establece que el juicio abreviado debe incluir a todos los imputados, también es cierto que la Cámara Federal de Casación Penal registra antecedentes sobre juicios abreviados parciales.
La estrategia de la fiscalía fue sumar a segundas y terceras líneas de la asociación ilícita investigada para en el juicio poder concentrarse en los cabecillas, Federico «Morenita» Marín y Luis «Gordo» Saucedo. También apuntarán al «jefe de jefes», Carlos Alberto «Cachi» Bareiro, que los vecinos de Itatí llamaban «Patrón» en alusión a Pablo Escobar.
La fiscalía aceptó el planteo de la defensa de Terán de incorporarlo al acuerdo porque las pruebas en su contra, especialmente escuchas telefónicas, apuntaban a la protección que como intendente le garantizaba a la banda, pero no sobre el tráfico de la marihuana.
Un juez y familiares, los otros detenidos
La Gendarmería detuvo el 14 de febrero de 2017 a María Alejandra Terán, hija del jefe comunal, y su marido Ricardo Walter Piris con 188 kilos de marihuana en su auto. La Prefectura arrestó la semana siguiente a Hernán Aquino, hermano del vice, y Vanesa Sosa, hermana de la concejal Marcelina Sosa, con 500 kilos más en su camioneta. Como si fuera poco, Saucedo, uno de los capos de la banda, trabajaba en la municipalidad, pero la fiscalía nunca le pudo reprochar esas pruebas circunstanciales a Terán.
Las penas acordadas con Terán y Aquino no serán las únicas. Si bien el CPPN establece penas máximas de 3 años de prisión para los juicios abreviados, Casación Penal registra antecedentes con penas mayores: la fiscalía pedirá hasta 6 años para otros miembros de la banda.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 porteño, entonces, deberá llevar adelante el juicio contra los nueve involucrados restantes y aprobar el acuerdo entre la fiscalía y las defensas por el juicio abreviado. Para el final quedará una tercera etapa: la pata judicial.
El exjuez federal Carlos Vicente Soto Dávila y sus secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina fueron procesados por el cobro de coimas a la banda de Bareiro, Saucedo y Marín para dejar pasar la marihuana por Corrientes.
(TN)
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