“Todo habitante de Posadas, tiene derecho a gozar de un ambiente sano y vivir en un ecosistema libre de factores nocivos para la salud”

Afirmó Alberto Penayo, Defensor del Pueblo de Posadas, durante la presentación del proyecto de comunicación realizado este jueves 05 en el Honorable Concejo Deliberante. El funcionario hizo referencia a un artículo de la Carta Orgánica Municipal para fundamentar, entre otras cosas, el pedido de acompañamiento de los concejales a los fines de solicitar al Departamento Ejecutivo la remisión de informes, respecto a los locales comerciales que perturban la tranquilidad de los vecinos de Villa Blosset y Villa Mola.

 

Si bien estos informes, refieren a la solicitud de habilitaciones de los lugares, en qué rubro están enmarcados, que fecha y número de habilitación poseen, etc. Lo fundamental en este caso es tener en cuenta que “se trata de barrios tradicionales… donde los vecinos viven hace más de 35 años, siendo la mayoría personas mayores y mucho de ellos se encuentran enfermos o discapacitados” resaltó Penayo, durante la justificación.

 

Cabe señalar que “las actividades nocturnas traen aparejado a los ruidos excesivos, disturbios ocasionados por las personas que concurren a los locales bailables, que a la hora de ingreso y egreso originan peleas callejeras, rencillas, gritos, insultos, ruidos de vehículos y motos, además del mal estado en que quedan las veredas y entradas a las viviendas, que se convierten en baños públicos donde los individuos hacen sus necesidades fisiológicas” agregó.

 

Respecto a ello, explicó el defensor “estos barrios se ven afectados por el ordenamiento urbanístico del Frente Fluvial (costanera), quedando encerrada esta área, entre los corredores urbanos y el Frente Urbano, donde se ubican estos lugares comerciales”. Y si bien “pueden estar habilitados, no les da el derecho de perjudicar a terceros, por lo que consideramos que debe ser el Estado quien arbitre los medios necesarios para que las actividades comerciales sean inocuas y garantice la indemnidad en los derechos de las personas que lindan con esos lugares físicos” remarcó.

 

Por último, aseveró “la contaminación acústica es considerada por la Organización Mundial de la Salud una amenaza, ya que eleva el riesgo de que las personas padezcan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, irritación, falta de concentración, entre otras cosas. Por eso hablamos de que se perjudica su calidad de vida”. Y remató “reitero, es el Estado quien debe dictar normas que aseguren una distribución equilibrada de la urbanización del territorio, teniendo como marco los derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución y los tratados Internacionales, por eso hacemos los pedidos de informe; para conocer y gestionar medidas que aseguren el bienestar de los ciudadanos”.

 

CP