A raíz de una información dada a conocer en los últimos días en la cual los centros privados de diálisis dejarán de recibir nuevos pacientes y no atenderán a partir de septiembre a afiliados del PAMI por un problema de actualización de aranceles y la crisis de ese sector, se generó gran preocupación en todo el país ya que el número de personas que utiliza este servicio por medio de la mencionada obra social es alrededor de 30 mil. De todos modos, en Misiones dijeron que está garantizado el tratamiento y la atención de pacientes.
Ignacio Larzabal, Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) en Misiones – Radio Provincia
Ignacio Larzabal, representante en Misiones de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), indicó que la situación en Misiones es compleja al igual que el resto del país porque el 90 por ciento de los materiales que se utilizan para las diálisis son traídos del exterior y tienen cada vez más elevados costos. Sumado a que no se actualiza hace bastante tiempo el arancel recibido por prestar ese servicio de salud, da como resultado una profunda crisis para los centros privados que en otras provincias se verán obligados a dejar de atender a pacientes del PAMi de no mediar una solución.
Sin embargo, el doctor explicó que en Misiones no se dejará de atender a los pacientes ni se negará la recepción de nuevos. Sí reconoció que hay documentación enviada a la obra social a nivel nacional para que se destrabe este conflicto.
“Más que nada quiero llevar tranquilidad a la gente que necesita o tiene familiares o conocidos que se hacen diálisis. Acá en misiones está garantizado el servicio. Si bien estamos complicados por el alto costo de los insumos y muchas veces se gasta más en eso de lo que se recibe por parte de las obras sociales, no se dejará de atender a los pacientes. Sabemos que para aquellos que requieren diálisis el no contar con el servicio unos días o semanas puede llevar a la muerte”, dijo el profesional en Radio Provincia.
Lo que generó la preocupación
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), Miguel Discepolo confirmó que analizan rescindir contratos con el PAMI, lo que pone en jaque 12 mil tratamientos de diálisis en el país.
Desde el lunes 5 de agosto, todos los centros privados de diálisis del país se verán imposibilitados de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI, se debe a la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo.
«Tenemos que resolver un problema mayúsculo que es el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo, distorsión agravada por el tipo de cambio de incidencia directa en insumos y tecnología importados que conlleva la prestación médica, además de las paritarias y el impacto de las tarifas de servicios públicos», aseguró Discépolo.
Discepolo informó que CADRA envió una carta documento a las autoridades del PAMI, expresándoles la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país, advirtiendo, además, que si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo. Y que en caso de persistir el conflicto, desde el 5 de septiembre próximo, se suspendería la atención de los pacientes en tratamiento, quiénes seguirán recibiendo el servicio hasta que el PAMI indique la derivación.
Ante este escenario, peligra la continuidad laboral de muchos centros de diálisis de todo el país en donde se atienden más de 30 mil pacientes.
El titular de CADRA, informó que desde PAMI ofrecieron constituir una mesa de trabajo conjunta para que, en el término de 60 días, se conforme un análisis de costos para determinar el valor de la prestación, propuesta que fue desechada de plano por cuanto “hoy tenemos que resolver un problema mayúsculo que es el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo, distorsión agravada por el tipo de cambio de incidencia directa en insumos y tecnología importados que conlleva la prestación médica, además de las paritarias y el impacto de las tarifas de servicios públicos”, según aseguró Discepolo.
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