“Faltan políticas destinadas a los adolescentes”, afirmó Elbio Ramos, juez especialista en Derecho Penal Juvenil

 

Para el letrado las jurisdicciones deben contar con herramientas legales vigentes en la temática juvenil pese a que la legislación argentina va por detrás de los acuerdos y convenciones internacionales. Sobre el debate en torno a bajar la edad de imputabilidad fue contundente acerca de la necesidad urgente de políticas destinadas a los adolescentes sumando la figura de facilitadores que trabajen con el chico y su familia, con el barrio y las instituciones del entorno.

 

 

Elbio Raúl Ramos, es especialista en Derecho Penal Juvenil y Juez de Menores en Provincia de Buenos Aires. Disertará hoy en Posadas en el marco de los encuentros que se desarrollan en el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones. Antes de esa intervención visitó los estudios de Misiones Online TV y contó qué se está haciendo desde el derecho con los menores de edad en conflicto con la ley.

 

«La necesidad de pena en el derecho penal juvenil: Racionalidad – Reinserción y Protección Integral de la sanción Penal Juvenil», es el título de la convocatoria que tiene como fin compartir experiencias entre magistrados y funcionarios de todas las circunscripciones judiciales, esta tarde en Posadas.

 

Tras agradecer a las autoridades de la Poder Judicial de Misiones por la oportunidad de poder intercambiar con colegas las experiencias, Ramos explicó que cuando hay un menor involucrado en un delito “la sociedad se alarma”. A su criterio es el momento donde aparecen los discursos de seguridad y el pedido de encierro. Ante esta situación lo que hay que tener en cuenta es que el país suscribió tratados internacionales que deben ser cumplidos.

 

“Argentina firmó tratados internacionales, que implican obligaciones internacionales, que si no cumplimos vamos a tener una sanción. Hay un  estándar de actuación en la Justicia Penal Juvenil en el cual nosotros – los jueces – tenemos que prestar atención para ajustar nuestros modelos procesales. Argentina es un sistema federal donde cada provincia genera su propio procedimiento, en este caso en Buenos Aires en materia Penal Juvenil hace 11 años se generó el sistema acusatorio. Es un juicio oral, donde el fiscal lleva adelante la investigación, acusa, la defensa resiste la acusación del fiscal y está el juez o los jueces – de acuerdo a la gravedad del delito – que van a llevar adelante el debate. Es el modelo que hoy por hoy se propicia desde la Convención de los Derechos del Niño, además de otros instrumentos internacionales a los cuales debemos todos ajustarnos”, sostuvo.

 

Dijo que si bien la legislación en esta materia en el país está rezagada, es responsabilidad del juez “hacer el esfuerzo para que se acerquen lo más posible a lo que establece” tanto las convenciones internacionales como la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 

“La ley penal juvenil o la política criminal de menores –la ley 22.278 –sus antecedentes se remontan a 1950. Imagínense todo lo que pasó en el mundo desde 1950 hasta ahora. Entonces tenemos esta ley y tenemos que ajustarlas a los criterios obligatorios. Hacemos grandes esfuerzos sobre una ley antigua y es lo que tenemos. Nuestro deber consiste en mejorar el sistema de acuerdo a las leyes internacionales y a la buena práctica”, añadió.

 

¿Cómo se aborda el debate sobre la edad de imputabilidad?

 

Una deuda vigente y adolescentes en emergencia. Para el especialista el Derecho Penal Juvenil la realidad es clara y las cifras dan cuenta de uno modelo colapsado.

 

“Nosotros no tenemos políticas para adolescentes y las iniciativas son tan simples que asustan. Me refiero a la última iniciativa del Gobierno Federal con respecto al Servicio Civil Voluntario que parece ser destinado a gente excluida y pobre. Acá nosotros estamos pensando en la universalización de una adolescencia que hoy está en emergencia. No sólo la clase pobre o la gente con carencias económicas tiene estas dificultades, todos están atravesando por esto. Notamos que los chicos del Conurbano Bonaerense por ejemplo, no terminan la secundaria esto significa que los padres no saben sostener su educación y que tampoco les muestran que eso sea un valor”, indicó.

 

Para Ramos se trata de una generación que no tiene o no le muestran una proyección como adulto. “Lo que genera esto es un descreimiento en el mañana, la búsqueda de la satisfacción inmediata o creer que el grupo de amigos es el mejor referente. Entonces empiezan las dificultades con el consumo de estupefacientes, con el alcohol, con una sexualidad desenfrenada y temprana”. En ese punto se refirió a las alarmantes cifras del país en maternidad adolescente. Si bien reconoció que hay leyes, como la de salud sexual y reproductiva, está claro que no hay políticas para adolescente, y en particular para los que no tienen posibilidades educativas, laborales y económicas. “De ahí sale la población de los juzgados penales juveniles”.

 

Respecto al pedido social que cada tanto se aviva respecto a bajar la edad de imputabilidad, dijo que internacionalmente se asumió el compromiso que se llama principio de no regresividad. “Nosotros hemos fijado una edad a los 16 años y bajar la edad a 15 o 14 implicaría ir en contra de normas internacionales. Este compromiso nos desafía a trabajar por debajo de la edad de imputabilidad con otras herramientas y estrategias que no sean el encierro. Los encierros son temporarios. El servicio penitenciario está demostrando que manteniendo a una persona encerrada con largas condenas hace que cuando salga reincida. Es decir no sirve de nada. Yo tengo visitas obligatorias institucionales a cárceles de Florencio Varela donde hay capacidad para 900 y hay 1800 presos. Se supone que uno debe brindarles servicios de salud, educación y recreación; y por el volumen no se hace. El margen de error y de inactividad es enorme. Hacen falta nuevas estrategias con los adolescentes fuera del encierro. No apostar a edificios sino a personal capacitado  a operadores que vengan de disciplinas como las Ciencias Sociales que trabajen con el chico y con las familias. Con el entorno”, aseveró.

 

Finalmente resumió en que en la emergencia de un chico la justicia es solamente un paso, con las demás instituciones sociales – incluida la familia – hay que tratar de contenerlos y si tiene problemas que reciba ayuda. Si aún comete un delito o trasgrede una norma, debe recibir una sanción y hacerse responsable de sus actos.

 

GS