La presunción de inocencia y los menores en conflicto con la ley, ejes del debate entre miembros del STJ y la prensa misionera

El defensor Oficial de la Cámara de Apelaciones, Marcelo Ozuna y su colega Griselda Robalo, fueron los dos expositores en el segundo encuentro del programa de capacitación que organizan miembros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) junto con la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión (CAPPRyT). En esta oportunidad se explicó el proceso penal y el tratamiento mediático con casos testigos y cómo es el accionar de la justicia local respecto a los menores de edad.

La apertura de la jornada contó también con la participación de Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, directora ejecutiva del Centro de Capacitación y ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) y Ariel Sayas, presidente de la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión (CAPPRyT).

Ozuna explicó cómo se trabaja en el fuero penal en su carácter de defensor y los errores que se comenten en general cuando desde los medios de comunicación se presentan noticias que no son exactas o bien son parcializadas. En el caso de los delitos, la condena social y lo que se produce en los primeros momentos de conocido el hecho, que muchas veces no va de la mano de los tiempos judiciales. En ese marco se habló del principio de inocencia que establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se la considere inocente hasta que en un juicio se demuestre su culpabilidad, y cómo muchas veces por la inmediatéz o la necesidad de contar el hecho, se da una versión no exacta de la situación. En cuando a la víctima y quien se crea haya cometido algún hecho punible.

En el caso del accionar de la justicia se explicó que muchas veces el accionar judicial tras un hecho lleva su tiempo garantizando el debido proceso y las competencias del juez actuante. Cómo y cuándo se puede decretar el secreto de sumario, porque así lo necesita el magistrado para asegurar su investigación o en carácter de qué se determina que una persona que está privada de su libertad esté incomunicada. Cómo trabajan los letrado y personal judicial respecto a las garantías de los ciudadanos involucrados en un hecho puntual y qué herramientas son necesarias para que esos acontecimientos puedan ser comunicados por la prensa sin entorpecer el accionar de las autoridades.

Se habló de derecho a la intimidad, de la ley de acceso a la información y de algunas cuestiones técnicas en las que se debe avanza para mejorar los procesos de comunicación. También el trabajo mancomunado para elaborar protocolos de comunicación cuando los casos captan la atención de la opinión pública. Por un lado la necesidad de trabajar en post de la justicia con las herramientas respetando el debido proceso y por otro lado, cómo los medios de comunicación pueden acceder a información precisa y concreta sobre el o los acontecimientos.

Como ejemplo y disparador de debate se presentó el caso de Fernando Carreras. Un hombre que fue condenado a 30 años de prisión acusado de haber provocado la muerte de varias personas en cuando en realidad fue una víctima más, por una confusión de un grupo de policías que perseguía a un delincuente que se trasladaba en un auto similar al suyo. El hombre estuvo 10 años preso y finalmente tras un juicio que luego se supo estuvo plagado de nulidades, fue absuelto.

El desafío de incluir en vez de estigmatizar y la justicia restaurativa

Griselda Robalo se encargó de poner sobre la mesa de debate la problemática de los menores de edad en conflicto con la ley. El desafío desde la palabra y el permanente trabajo de luchar contra la estigmatización de los niños, niñas y adolescentes que por diversas circunstancias de la vida están en conflicto con la ley. El trabajo que se realiza desde el Poder Judicial misionero en cuanto a la justicia restaurativa y de acuerdo al monto de la pena, a quien le compete.

Por un lado la parte correccional y por el otro el costado penal. La responsabilidad de los menores de edad respecto a sus acciones, lo que se hace y lo que se pretende con los nuevos paradigmas que luchan con estereotipos y realidades de ruda crudeza donde abunda la vulneración de derechos.

El planteo de la letrada respecto a la mirada de los menores “delincuentes” y el reclamo resistido de bajar la edad de imputabilidad como una demanda social cada vez más fuerte. ¿Cómo se puede esperar que una persona, un niño o una niña que desde pequeña le negaron el derecho a una vivienda digna, la salud, la educación o la comida? ¿Cómo se repite sin cesar el discurso que termina criminalizando la pobreza? La constante estigmatización de las personas de bajos recursos o fuera del sistema con una mirada hacia el otro como “el mal de la sociedad”, cuando en realidad se trata de un ser humano sin oportunidades.

La letrada que trabaja desde hace más de 27 años con menores de edad en conflicto con la ley, reconoció que el 99 por ciento de los casos en los que intervino, le mostró niños y niñas de hogares pobres. Ahí donde la pobreza muestra su cara más cruel – recordando que el último informe de la UCA indica que en el país el 50 por ciento de los niños es pobre – no hay derechos y tampoco oportunidades.

“A veces le pregunto a un niño cuando lo recibo en el despacho qué quiere ser cuando sea grande y no sabe que responder. Y eso es porque no tiene sueños, no sueñan porque están preocupados en la realidad que les toca vivir hoy. Si tienen o no para comer, si o no dónde dormir o cómo hacer para zafar de un entorno violento o una situación de abuso. El desafío es grande pero se debe hacer. Sembrar una semilla, no criminalizar la pobreza y es para eso lo que se hace con la justicia restaurativa. Todos podemos cometer errores pero eso no significa que sea una cuestión definitiva. Cuando se busca que ese chico o chica o ese niño reflexione acerca del conflicto que tuvo con la ley y se le muestre la consecuencia de sus actos, pero también se le enseñe que otro futuro posible, la cuestión cambia”, aseveró.

Sostuvo que el fin de la justicia restaurativa es que ese nene o esa nena, que cometió un delito o mejor dicho “tuvo un conflicto con la ley” tome conciencia de sus actos para no volver a repetirlos. “La idea nuestra es que no haga más, es esa la idea de una mejor sociedad en la que todos debemos estar involucrados. Cuando llega el Estado a intervenir, ya se han agotado otras instancias. Si vemos a un chico pidiendo en la calle, en primer momento le damos una mano o algo, ya lo seguimos viendo nos acostumbramos hasta que se hacen transparentes, y se vuelven invisibles. Cambiar la mirada si o si involucra a la sociedad en su conjunto con derechos y garantías. No se puede hablar livianamente y el sistema judicial sigue resistiendo fuertemente a quienes buscan bajar la edad de imputabilidad porque no sería una solución cuando está visto que el sistema carcelario no da los resultados esperados. Un chico también se puede equivocar, como nos caíamos cuando empezábamos a caminar, sin embargo, nos volvimos a parar y seguimos intentando hasta que pudimos. Por eso se le enseña a pintar, a modo de probation y se le entrega un certificado. La idea es que haya aprendido algo. Y en el caso de los menores de edad a veces se trata de escucharlos y hablarles y decirles que si se puede, pero no pueden solos, es un compromiso de todos apuntalarlos”, aseguró Robalo.

El próximo y último encuentro será el sábado 27 de julio.

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