Ante la falta de agua en la Zona Sur de Posadas, piden que se revise el contrato de concesión de Samsa y que la justicia exija que se brinde el servicio

El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo y la ministra de Derechos Humanos, Lilia Tiki Marchesini, señalaron que activaron una Mesa Interinstitucional que también la integran los vecinos de la Zona Sur de Posadas. Piden a la justicia exija que el servicio de agua potable se brinde correctamente  y por otra parte pedirán a Diputados, Concejales y al Ejecutivo municipal que activen los mecanismos para que se realice la revisión del contrato de concesión “porque la empresa no está cumpliendo”, manifestaron.

 

En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Defensoría del Pueblo de Posadas, Penayo y Marchesini recordaron que hace más de un año y medio que unas 12 mil familias están con problemas de falta de agua en la Zona Sur de Posadas. Indicaron que entre las medidas adoptadas decidieron, en primer lugar, solicitar a la justicia dar continuidad al amparo que presentaron hace un tiempo. Aseguró que hay un escenario que no se modificó, solamente se dio el avance del acueducto del Plan Belgrano. No obstante sostuvo que desde Villa Lanús hasta Itaembé Guazú, los vecinos siguen con el mismo problema.

Anunció además que este miércoles desde las 9 horas habilitaron la Mesa Interinstitucional. Contó que está integrada por referentes, vecinos de diferentes barrios  y movimientos sociales. Esta mesa hará un seguimiento territorial. “Si no hay un escenario de continuidad de obras de reemplazo del acueducto, se pone a los vecinos de la zona en una situación compleja”, aseguró. En el mismo sentido dijo que en estos días hubo tres roturas de acueductos.

 

Respecto a las respuestas de la empresa Samsa, indicó que “la empresa se lava las manos y hecha la responsabilidad a IPRODHA”.

 

“El mecanismo de control implica sumar a los vecinos a este proceso porque no vemos la forma de ver que la justicia pueda estar en campo. Vamos hacerlo a través de escribano”, señaló.

 

Otras de las medidas, indicó, es pedir a la Cámara de Diputados, el Concejo Deliberante y Ejecutivo Municipal, la revisión del contrato.

La Ministra de Derechos Humanos, recordó que el agua potable es un derecho y aseguró que hay personas que están siendo vulneradas en sus derechos por una empresa. “No puede una familia cocinar a las 3 de la mañana porque si no, no tendrá agua, bañarse al horario que la empresa quiera”, expresó.

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