Un grupo de jueces argentinos participará desde ayer en el Vaticano en un congreso sobre «Derechos sociales y doctrina franciscana». Se trata de 20 magistrados, entre ellos el Juez César Raúl Jiménez, abogados y fiscales, que se sumaron a sus pares de Estados Unidos, Uruguay y México, entre otros.
El evento, fue clausurado por el Papa Francisco y centró en «cómo la Justicia y los jueces pueden ayudar a reorganizar la vida social y económica».
En la oportunidad, el Sumo Pontífice aprovechó el encuentro para manifestarles su preocupación por la intervención judicial en los escenarios políticos. «Me preocupa una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales», dijo.
El Papa advirtió sobre el uso del off the record: «Además de poner en muy serio riesgo la democracia, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales».
Este martes, los participantes firmaron un documento de compromiso y conformaron un comité permanente panamericano para la participación de la Justicia en la tutela de los denominados derechos sociales. El comité está conformado por siete miembros que estarán en su cargo durante dos años.
Entre los representantes argentinos están, entre otros, el ex juez de la Corte y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni; la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Ines Weinberg; el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti; el camarista federal Guillermo Treacy; el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbin, y los jueces Elena Liberatori y Roberto Andrés Gallardo.
Declaración de Roma:
Los abajo firmantes, participantes de la primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, declaramos:
Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económico, social y culturales
Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva a justicia estructural y violencia; minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del plante, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos
En forma paralela advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hacen para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana.
La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven independiente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra visión judicial ..
La actual situación de la humanidad exige de quien tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimento de los derechos humanos una postura firme y valiente que limite en la práctica el avance de las prácticas destructivas y degradantes del hombre y del plantel.
Consideramos que los estado asuman la operatividad incondicional de los derechos económico, social y culturales y a los fines de su estricto cumplimiento, modifiquen su política presupuestaria logrando ecuaciones más equitativas y justas.
Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazo de nuestra generación, para cumplir con la declaración universal de los derechos humanos y los acuerdos relaciones con los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y la generaciones venideras.
Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en proceso políticos y sociales en los que se profundicen el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente.
Alertamos sobre el uso que en la actualidad se hace de una parte del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia con el costo que eso implica para el desarrollo de los derechos humanos.
Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados cuando actúan para presionar a los poderes públicos pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.
En este contexto de crisis planetaria, hacemos un llamado los colegas jueces de las américas para asumir el rol que el ahora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y ratificando de forma cotidiana nuestro compromiso con la dignidad humana y la paz global, como también para la revalidación de los derechos humanos en todas las dimensiones.
Fuentes: Télam – Infobae
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