La Asociación Amigos de los Parques anunció que presentará el viernes 31 un amparo contra el decreto nacional 368/19, que modifica el artículo 6 de la Ley 22.351 de Administración de Parques Nacionales y transfiere a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo la decisión de «autorizar o rechazar» la construcción de negocios turísticos en áreas protegidas de todo el país, publicó la agencia Telam. En tanto, desde el organismo, señalaron a Telam que «este proyecto fue avalado por la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Presidencia de la Nación y finalmente por el Presidente de la Nación».
Hasta ahora, las adjudicaciones de concesiones se otorgaban por decreto presidencial, a pedido de la Administración de Parques Nacionales (ANP), y éstas debían estar siempre justificadas en un interés general. Con esta modificación, se pretendería realizar una “transferencia de competencia” en la que el presidente Mauricio Macri, Mediante el decreto 368/19 , le retiró ese poder a la APN y se lo otorgó a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En adelante, se realizarán autorizaciones por medio de una Resolución de la Secretaria de Ambiente, pero también sería a pedido de la APN.
La decisión generó controversia y preocupación en el Parque Nacional Iguazú, que rechaza los proyectos de Villa Turísticas en áreas naturales protegidas. «No estamos en contra de los emprendimientos e inversiones turísticas en Iguazú pero exigimos que se realicen fuera de las áreas protegidas, por el impacto ambiental que provocan», indicó a Télam el secretario de la ONG misionera Asociación Amigos de los Parques, Carlos Zárate.
Desde hace ocho meses, esa organización se manifiesta en contra de un proyecto para avanzar en la construcción de alojamientos y comercios (llamado Villa Turística) dentro del Parque Nacional Iguazú en esa localidad misionera.
«A diez minutos del área protegida hay varias opciones de alojamiento y lugares para construir. Por eso, solicitamos que la villa turística se realice fuera del Parque Nacional por el impacto ambiental que implica en la flora y fauna, al igual que en otros lugares protegidos», agregó Zárate, quien confirmó que presentarán el amparo el viernes por considerar «inconstitucional el decreto 368/19».
«Esta modificación da luz verde para hacer cualquier emprendimiento en áreas protegidas y saca a los técnicos de Parques Nacionales de esa decisión, que autorizaban o rechazaban la viabilidad de cualquier intervención», indicó José Barrios, presidente de la Asociación Amigos de los Parques.
El decreto 368/19, publicado el 22 de mayo, establece la modificación del artículo 6 en el marco del «Plan de Modernización del Estado» y la «simplificación» para el funcionamiento del Sector Público Nacional, e «incluye la reducción de trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas que nos lleve a un Estado eficiente».
Y, en su artículo 1 asigna a la «Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o al órgano que en el futuro la reemplace, las competencias que surgen del artículo 6 de la Ley 22.351».
En ese sentido, fuentes de la Secretaría de Ambiente ratificaron a Télam que esa normativa fue «sancionada y promulgada en el año 1980 por un Gobierno de facto». Las fuentes aclararon también que en esa época había «otra estructura distinta a la actual con un nivel de centralización en la toma de decisiones imposible de llevar adelante en la actualidad».
«Este proyecto fue avalado por la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Presidencia de la Nación y finalmente por el Presidente de la Nación», establecieron las fuentes oficiales consultadas.
Fuente: TELÁM
PE
La Nación suspendió la licitación de “villa turística” en el Parque Nacional Iguazú ante el reclamo del Bloque Renovador misionerista
