Desde la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) difundieron una carta abierta para la ministra del área, Lilia Marien “Tiki” Marchesini, para denunciar las “agresiones y hostigamientos» que estarían enfrentando las familias de las tres comunidades indígenas Mbyá Guaraní, en el territorio recuperado a la Universidad Nacional de La Plata, unas 6 mil hectáreas en el Alto Valle del Cuña Pirú, en Aristóbulo del Valle, Misiones. Se trata de las comunidades Ka’aguy Mirī Rupa y Ka’a Kupe.
“Pedimos que se garantice y se vele por la integridad del derecho de las comunidades aborígenes a poseer, habitar y transitar tranquilamente por sus tierras”, indicaron en la misiva, los pastores del IERP y de la Fundación Hora de Obrar.
La carta fue redactada por las máximas autoridades de la organización evangélica en la región de Argentina, Uruguay y Paraguay; el Pastor Carlos Kozel, del Distrito Misiones de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, el Pastor presidente del IERP Leonardo Schindler, y el Pastor Peter Rochon, presidente de la Fundación Protestante Hora de Obrar, que coordina toda la parte de ayuda social de la IERP (sería como Caritas Protestante).
El hecho de violencia que se registró el pasado 18 de abril 2019 con la agresión física y amenazas de muerte al periodista y escritor Vasco Baigorri, integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), mientras recorría el territorio que las comunidades del Alto Valle del Kuña Pirú recuperaron finalmente tras 12 años de litigio de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) expone el clima de “violencia y hostigamiento” que se vive en las tierras de las comunidades en Aristóbulo del Valle.
“Repudiamos tal hecho cobarde de violencia. También repudiamos la manera en que algunos medios de comunicación difundieron la falsa información de que el territorio en cuestión aún se encuentra en litigio. El territorio hoy pertenece a las diferentes comunidades tal como es menester según el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, remarcaron, considerando que ambas instancias obligan a todos los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales “no solo a reconocer el derecho de las comunidades aborígenes a la propiedad y posesión de sus tierras, sino a velar por la integridad de este derecho”.
En este sentido, manifestaron que: “La violencia contra el Sr. Baigorri en este sentido solo reveló una realidad que padecen las comunidades a diario, a saber: el atropello de precisamente este derecho. Según testimonios del mismo EMiPA los y las integrantes de las comunidades del alto Valle del Kuña Piru no pueden circular tranquilamente por sus tierras ya que constantemente son hostigados y agredidos. Tal atropello es repudiable, como también lo será la inacción del Estado si no le hace justicia al mandato otorgado de parte del pueblo de velar por la integridad y dignidad de todos y todas que habitan en territorio argentino”, reclamaron.
En la carta abierta a la ministra Marchesini, a pesar de lo “trágico” del asunto, explicaron que «elevan el pedido de ayuda al ser su institución la razón de garantizar los Derechos Humanos a todos y todas las personas, pero fundamentalmente sobre aquellos cuya dignidad, integridad, identidad y derecho son violentados y atropellados”.
En este contexto, los pastores solicitaron a la funcionaria que “haga todo lo que esté al alcance de su mano para que quienes atacaron en forma cobarde al Sr. Baigorri puedan ser enjuiciados debidamente; y en segundo lugar, que se garantice y se vele por la integridad del derecho de las comunidades aborígenes a poseer, habitar y transitar tranquilamente por sus tierras”, precisaron en su carta.
Finalmente, los pastores quedaron a disposición para ayudar en lo que “considere podemos, lo sentimos como nuestra responsabilidad cristiana de brindarnos libremente y gozosamente al bienestar de aquel cuyos derechos son vulnerados”, concluyeron.
Sin embargo, aún en el organismo provincial «no llegó la misiva» y tampoco se registra una denuncia formal por parte de los caciques de las comunidades indígenas, acción que permitiría dar paso a una intervención oficial desde el organismo para tomar conocimiento respecto a supuestas situaciones de violencia, informaron fuentes oficiales en contacto con ArgentinaForestal.com.
Por Patricia Escobar
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