Es por el expediente judicial que investiga una asociación ilícita a raíz de la declaración del barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez. Participan más de 100 efectivos de Gendarmería.
El juzgado de garantías N°9 de Lomas de Zamora autorizó nueve allanamientos contra sedes del sindicato Camioneros (dos en la provincia de Buenos Aires y siete en la ciudad de Buenos Aires), en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita por parte de la familia Moyano en el club Independiente.
Presentes en la sede de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, Hugo y Pablo Moyano afirmaron: «No tenemos nada que esconder». Participan del operativo más de 150 efectivos de Gendarmería, que ingresaron al sindicato en búsqueda de documentación relacionada con la causa.
«No sabemos en búsqueda de qué, esto es producto del parazo general y de los miles de argentinos que fueron a comer, demostramos el hambre que hay, y la ministra Patricia Bullrich responde con este allanamiento circense, porque interrumpieron la atención médica de mujeres embarazadas. Es una payasada, con esto no nos van a asustar ni vamos a salir corriendo a firmar la reforma laboral», planteó Pablo Moyano en diálogo con el canal C5N.
«Si voy en cana yo, si va en cana Hugo, acá hay miles de camioneros que van a salir de defender a los trabajadores», agregó.
Los allanamientos se inscriben en la causa judicial que inició con la declaración del barrabrava Pablo «Bebote» Alvarez, que acusó a Pablo Moyano de defraudar al club de Avellaneda, que preside Hugo Moyano, a través de la reventa masiva de entradas. La principal pesquisa es la que impulsa el fiscal Sebastián Scalera, quien solicitó la detención del secretario general de Camioneros en varias oportunidades. El juez de la causa, Luis Carzoglio, rechazó el pedido de la fiscalía.
El operativo fue ordenado por la Jueza en lo correccional de Lomas de Zamora, Brenda Madrid, que subroga en el juzgado correccional 7 de Avellaneda. Antes Carzoglio y María del Carmen Mollon habían denegado el pedido del fiscal Scalera.
La fiscalía considera a Pablo Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra del club de Avellaneda, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos y de las que Hugo Moyano estaba al tanto.
A partir de los testimonios de varios detenidos, entre ellos «Bebote» Álvarez, jefe de la barra detenido desde noviembre de 2017, y de escuchas telefónicas sobre los implicados, Scalera avanzó en la acusación sobre el gremialista.
Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación después de que fue corrida del cargo Viviana Giorgi, «Bebote» Álvarez, Pablo Moyano y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y «protocolos» de acceso a los partidos del equipo, «por fuera del ámbito societario» y «sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes» a esas entradas.
Según declaró en su indagatoria «Bebote» Álvarez la organización levantaba en un pendrive datos de socios falsos y entradas de protocolo en una oficina del edificio Franco Argentino, en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen 460, en Capital, y que las retiraba Damián Lagaronne, otro de los detenidos, ya que Álvarez estaba peleado con Pablo Moyano.
De acuerdo con el relato, de ahí iban a la sede del club, ubicada en la avenida Mitre 470, de Avellaneda Centro, donde con ese pendrive imprimían bonos, protocolos y constancias de pago de cuotas sociales, que luego ensobraban. «Damián pasaba a buscar los protocolos de las plateas que les daba Moyano, que eran 100, los bonos para entrar a la Tribuna norte Baja, por una cantidad de 1.200 y los bonos que no estaban tributados», fue la versión de Álvarez y agregó que les entregaban ya los bonos ensobrados por barrios y que Lagaronne los repartía.
También se los acusa de extorsionar, amenazar, coaccionar e intimidar mediante el uso de violencia física y verbal con armas de fuego a las autoridades de organizaciones privadas y estatales de seguridad en eventos deportivos, cuerpo técnico, dirigentes y jugadores «con el objeto de mantenerse al mando de la facción de la hinchada y con ello obtener beneficios económicos» a través de la recaudación de dinero para viajes y entradas para la reventa.
Y lo mismo habrían hecho, según la acusación, con los espacios públicos de los alrededores del estadio Libertadores de América, «con el objeto de obtener réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros» y el cobro de dinero para estacionar en la zona de la cancha.
Además, la Justicia sindica a esta organización ilegal como responsable de actuar como fuerza de choque para intimidar y amenazar a personas marcadas a fines de un rédito económico o en beneficio de terceros.
Según cree el fiscal Scalera, la barra (que de acuerdo a su investigación integra de alguna manera Pablo Moyano) usó su poder para generar y obtener concesiones en los accesos a los partidos y a las instalaciones del club, algo que los socios del club saben que sucede en desde al menos principios de los años 2000, mucho antes de la asunción al «poder rojo» de los Moyano. También usó su influencia para evitar los controles supuestamente rigurosos de acceso al estadio, con el fin de ingresar objetos o sustancias prohibidas.
En este contexto, para los investigadores, Pablo Moyano se benefició de la defraudación a Independiente mediante la obtención, impresión oculta y reventa de entradas y «protocolos» por afuera del estatuto social del club.
Hasta ahora los detenidos por esta causa son Noray Nakis y Alvarez. También están en prisión los barras Gabriel Adrián «Tano de Gerli» Bertone, Adrián García, César Godoy, también conocido como «Pucho» o «Ninja», Ariel «Cebolla» Romero, Eduardo «Pachi» D’Aquila, Damián Lagaronne y Roberto «Polaco» Petrov.
Respaldo sindical
Hasta la sede de Camioneros se dirigieron diferentes dirigentes gremiales para expresar su solidaridad con Hugo y Pablo Moyano. Uno de ellos fue el líder de la CTA de los Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky, quién consideró que los allanamientos «son un apriete y un ataque al sindicalismo».
Yasky consideró que el procedimiento judicial y policial «son una represalia por el paro que hicimos el 30 (de abril)» y que el gobierno nacional «solo quería mostrar a los gendarmes ingresando al edificio de Camioneros».
Además, sostuvo que el allanamiento sirve «para decirles a los sindicatos que no convocaron al paro que esto les puede pasar a ellos». En esa línea, aseguró: «Que el gobierno se ponga de acuerdo. ¿Quieren seguir apretando con Gendarmes o quieren tener diálogo?».
«No somos tontos. Sabemos que hay un apriete para que los movimientos sindicales no sigan expresando lo que les está pasando a los trabajadores. Después de esto no vamos a ir a ningún diálogo social», dijo, en referencia al pedido de lograr consensos básicos que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, el dirigente social Gustavo Vera, que también se acercó a la sede del gremio, dijo que la causa por la que se generaron los allanamientos «está viciada de nulidad» y que «no es casual que el allanamiento se haya dado después del paro del 30 de abril». Además, afirmó que «es una persecución política contra el gremio que más pelea».
Néstor Segovia, líder de los Metrodelegados, dijo que apoyarán «incondicionalmente a Hugo y Pablo Moyano» y le pidió al gobierno que «paren con la persecución y dedíquense a trabajar para sacar el país adelante».
(Fuente: Infobae)
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