De las 717 viviendas construidas por el Procrear en Itaembé Guazú solo 70 fueron entregadas a dueños que se quejan por la calidad de las mismas. Las restantes siguen vacías porque las condiciones de financiación resultan inalcanzables para los interesados. Brindar seguridad para evitar intrusiones en las casas que se deterioran día a día cuesta 2 millones de pesos por mes. Legisladores misioneros presentaron un pedido de informe a Nación.
Los desarrollos urbanísticos del Procrear fueron pensados como una solución ante las crecientes dificultades de acceso a la vivienda de la clase media, pero la mayoría de ellos se terminó convirtiendo en un problema más que en una solución. En Posadas se planificó uno en 2013, más concretamente en terrenos del barrio Itaembé Guazú cedidos por la Provincia. Allí se erigieron 717 viviendas que están terminadas, algunas hace más de tres años, pero la gran mayoría de ellas no encuentra dueño porque para comprarlas hay que tomar un crédito hipotecario bajo el sistema UVA, con cuotas demasiado altas para los salarios promedio y tasas de intereses impredecibles bajo las actuales condiciones de la economía.
El tamaño del despropósito se puede medir fácilmente en unas pocas cifras. Mientras gobernadores e intendentes de todo el país trajinan despachos para conseguir alguna migaja de la cada vez más restringida inversión nacional en vivienda, mientras –por citar un ejemplo- un municipio mediano de Misiones como Campo Grande tiene proyectadas para todo 2018 apenas 14 viviendas bajo ese financiamiento, en Posadas hay 617 casas, una buena parte de ellas de tres habitaciones, que fueron construidas con plata del Estado nacional y hoy solo albergan insectos.
Después de años de indefiniciones, en 2017 se convocó a una licitación de 230 unidades para la cual los interesados debían inscribirse y esperar a ser llamados por un banco que les ofrecería un crédito para acceder a la casa propia. Casi un año demoró la Secretaría de Vivienda de la Nación para designar un banco –el Santander Rio- que se hiciera cargo de la financiación y en agosto pasado comenzaron a contactar a los potenciales clientes, que se habían presentado por miles.
Pero para entonces la inflación y la devaluación ya habían hecho su trabajo, la actualización de los intereses bajo el sistema UVA se disparó, así como el costo de las viviendas. Los interesados se encontraron entonces con requisitos muy difíciles de cubrir para un asalariado y con un valor de cuota de alrededor de 14 mil pesos, casi el triple de lo que paga un adjudicatario del IProDHa por viviendas similares.
En consecuencia solo se pudieron vender 70 viviendas a un grupo de valientes que se arriesgó a las UVAS y las restantes 617 que conforman el barrio esperan por improbables propietarios que se aventuren a tomar un crédito a largo plazo que se ajusta por índice de inflación, aspecto de la economía que demostró ser inmanejable para el gobierno nacional.
Como resultado, hoy el barrio Procrear de Posadas muestra una postal extraña: un puñado de casas habitadas en medio de un desierto de cientos de casas nuevas totalmente vacías, calles cerradas que impiden el ingreso de servicios públicos, una plaza inhabilitada y espacios públicos y veredas convertidos en capueras.
Para peor, muchos de los adjudicatarios de las 70 que sí fueron entregadas se quejan por fallas en la construcción y por la mencionada falta de servicios.
Al despropósito de recursos que implica tener 617 viviendas deshabitadas y sin visos de ser entregadas en el corto plazo, se suma el costo en seguridad que demanda evitar una posible intrusión. La factura por ese concepto asciende a 2 millones de pesos por mes.
Pedido de informe
Legisladores misioneros presentaron un pedido de informes en búsqueda de respuestas por parte del Gobierno nacional. Una de las que impulsa estos pedidos es la renovadora Verónica Derna que aclaró que se busca tener conocimiento sobre la relación entre los bancos Santander Río, el Hipotecario y el programa Procrear. “Queremos saber específicamente quiénes son los dueños hoy de esas viviendas en Itaembé Guazú. Las personas son compradores y no titulares, se convierten en titulares una vez que se registran en la Propiedad Inmueble y terminan de pagar”, explicó.
Los ya instalados además, afirma Derna, sufren de diversas problemáticas en la zona debido a que ni el transporte urbano como el recolector de residuos ingresan al lugar. Esto repercute en la calidad de vida de todas aquellas familias mientras intentan afrontar el alto valor de las cuotas.
JRC EP
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