Ángel Hernández, un hombre que fue detenido en España por dar una sustancia para ayudar a morir a su esposa enferma terminal de esclerosis múltiple, escribió antes una carta en la que afirmó que «tiene que existir el derecho al suicidio asistido».
En el documento, que fue compartido a los medios por la asociación Derecho a Morir Dignamente, el hombre habló del caso de su esposa, María José Carrasco, y contó que si le pedía el suicidio asistido no tendría «más remedio que proporcionarle esa ayuda».
Según 20 Minutos, la mujer madrileña de 61 años padecía la enfermedad desde 1989 y en 1994 le reconocieron una discapacidad del 82%. Se jubiló dos años más tarde, afectada, según su marido, por «una gran invalidez por esclerosis múltiple, con brotes repetidos, con una frecuencia de una o dos veces al año, marcha inestable, así como, incontinencia vesical y en ocasiones rectal. Precisa la ayuda de terceras personas para realizar las actividades cotidianas (deambulación, aseo, alimentación, vestirse, etc.)».
El hombre, de 69 años, también se jubiló anticipadamente para poder cuidar de su esposa. En 2007 la mujer pidió un lugar en un centro médico especializado pero desde entonces seguía en lista de espera.
En los últimos meses la salud de María José empeoró gravemente y la mujer comenzó a recibir cuidados paliativos en su domicilio.
«Los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida», escrbió Hernández.
«Los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia, los dos deben coexistir, y por libre elección decidir por uno de ellos. Que nadie piense o crea al leer este relato que si el trato por parte de la Comunidad de Madrid hubiera sido distinto -como era su obligación- al que recibimos eso nos hubiera hecho cambiar en nuestro posicionamiento respecto a lo que pensamos sobre la eutanasia», continuó.
«Somos defensores de que la eutanasia sea considerada como un derecho de libre elección de toda persona que arrastre una enfermedad irreversible en la que le produzca una existencia de dependencia y sufrimiento que no desea», sostuvo el hombre.
Asimismo, se dirige a los “negacionistas” con la eutanasia y les pide que sean conscientes del “dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud».
«Esta historia quedará concluida cuando María José en su derecho a poner fin a su malvivir y en uso de su libertad decida seguir adelante con su suicidio. Es evidente que el deseo de María José a fin de que se cumpla necesita que se le ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es una constante en ella demandar ese auxilio no habrá más remedio que proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla», concluyó Hernández.
El Código Penal establece penas para los que colaboren en un suicido que podrían llegar hasta 10 años en el caso extremo de «ejecutar la muerte», aunque, rebaja la pena si hay petición expresa de la víctima y esta padece una enfermedad grave, afirmó El Periódico.
Fuente: TN
EB
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